En días previos, la embajada de EEUU con Ken Salazar la frente y la de Canadá con Graeme C. Clark, declararon en un abierto tono injerencista su preocupación ante la Reforma Judicial que propone el gobierno de AMLO, justo al cierre de su sexenio.
Martes 27 de agosto
Al respecto, múltiples voces se han pronunciado en todo el arco político: desde la derecha con todos sus medios, personajes y grupos económicos oponiéndose a la Reforma, azuzando una suerte de “muerte de la democracia”, hasta el oficialismo, con una postura acrítica respaldando la medida y apoyándose en el enorme desprestigio con el que el Poder Judicial cuenta en México.
A la campaña reaccionaria se sumaron desde diarios estadounidenses hasta las calificadoras financieras con argumentos muy similares a los de la derecha mexicana, acusando de un intento de dictadura, el supuesto riesgo de afectar los acuerdos comerciales, el alejamiento de la inversión extranjera, e incluso mencionando que iba a facilitar la corrupción o la intromisión del crimen organizado en la justicia. Toda una presión de Estados Unidos que, busca que también condicionar al próximo gobierno morenista.
El último capítulo de esta disputa se dio esta mañana, cuando el presidente de México, en medio de su conferencia matutina, anunció que por el momento están en pausa las relaciones con la embajada de EEUU y Canadá porque, dijo, ambos países tienen que aprender que México es un país independiente. Es una medida que no se dio ni cuando Trump dejó entrever que mandaría tropas estadounidenses a suelo mexicano para capturar a narcos.
Injerencismo e imperialismo
Durante todo el sexenio, el gobierno de la 4T ha mantenido una retórica de cuestionamiento a los rasgos más evidentes del injerencismo estadounidense y de otros imperialismos, como cuando pidió a la corona española que se disculpara por la conquista o cuando culpó a EEUU del tráfico de fentalino.
Estas acciones hicieron que el presidente de México cobrara mucha popularidad entre amplios sectores de la población por su contraste con los gobiernos previos, y fuera considerado un defensor de la soberanía nacional, incluso volviéndose noticia internacional. Sin embargo, más allá de estos discursos y posicionamientos altamente mediáticos, se mantienen una serie de acuerdos que continúan con la subordinación económica, política y militar de México y que brindan protección a las ganancias de las más importantes multinacionales, abriéndoles oportunidades en distintos sectores, como la explotación de los recursos naturales claves (como CFE y PEMEX) y en el sector industrial con la construcción de nuevos parques industriales y vías de comunicación y transporte, como en el sur del país.
Que el embajador de EEUU saliera rápidamente a decir que él respeta la independencia de nuestro país, tras la “pausa” de relaciones con su embajada, no habla del poder independiente de México, sino de la necesidad de que la cadena de valor en América del Norte (la más importante del mundo) continúe su funcionamiento y mantenga las ganancias de las grandes empresas. Y que se pueda profundizar la dependencia de México con EEUU y Canadá, buscando garantizar la relocalización productiva en nuestro país.
La independencia de un país no solo se debe y puede medir en términos formales y legales, o a partir de las declaraciones de un gobierno que marca cierta distancia en determinados aspectos respecto a los sexenios neoliberales. Fundamentalmente, se tiene que entender también en términos económicos y políticos: México es un país dependiente con rasgos semicoloniales, donde la gran mayoría su industria está desarrollada como una gran armadora para la exportación al extranjero, principalmente a EEUU.
Lo que quiere decir que, como toda inversión privada, lo que da en bonanza cuando el mercado va bien, lo va a cobrar con intereses en cuanto el primer aire de crisis se sienta, siendo las y los trabajadores quienes van a tener que pagar los platos rotos de un puñado de empresarios hambrientos de ganancias. Esto va de la mano con una subordinación política (no olvidemos la buena relación que AMLO tuvo con Trump y luego de él con Biden) y en el terreno de la seguridad y la militarización, donde ha continuado y profundizado lo hecho, de acuerdo a las exigencias de la llamada “guerra contra las drogas” de Washington.
De la diplomacia a la política
Ante el debate abierto sobre el poder judicial, que contó con la injerencia de EEUU y Canadá, las y los socialistas consideramos que la elección por voto popular de jueces es un un planteo elemental y progresivo y que la derecha rechaza fervientemente. Ain embargo es insuficiente para resolver el hecho de que la llamada democracia mexicana es un régimen que garantiza la explotación, la opresión y la antidemocracia sobre las grandes mayorías, lo cual, evidentemente, ninguno de los sectores que hoy están involucrados en este debate (oficialistas y opositores de derecha) pretenden cuestionar.
Además, la división de poderes, el contrapeso del que tanto se habla, es un contrapeso a las aspiraciones de las grandes mayorías, pues es el poder judicial el que decide sobre la explotación de los recursos comunes naturales, son los que reglamentan las leyes laborales y deciden básicamente sobre cualquier aspecto de la vida pública, por lo que en los hechos es una manera de mantener el status quo.
A la par rechazamos la injerencia yanqui, expresión de una política profundamente imperialista. Pero no esperamos que una declaración en una conferencia de prensa pueda pasar de ser una notificación en medio de la dependencia económica que vivimos y de lo mucho que el plan económico de la 4T depende de las inversiones de los empresarios extranjeros en la industria
