Esta semana se ha comenzado a dilucidar lo que es una más en la lista de las grandes decepciones del “Gobierno progresista”. En este caso una de las cuestiones más sensibles: la regulación de los alquileres. Más allá de la pugna entre PSOE y UP, lo que está claro es que la pelea por la vivienda digna está por fuera de la agenda de los dos socios de Gobierno.
Viernes 19 de marzo de 2021
Crece la tensión entre los socios de Gobierno. En esta ocasión por uno de los puntos más sensibles a los que se enfrenta el “Gobierno progresista”: la regulación de los alquileres.
El melón está abierto, La propuesta del PSOE para la futura ley de vivienda cuanto menos, evidencia el rostro social liberal del PSOE que está más tensionado en salvar a los propietarios que en paliar mínimamente el drama del alquiler, al que se enfrentan cientos de miles de familias en su día a día.
En concreto, la propuesta José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para la futura ley de vivienda supone una bonificación a los propietarios y grandes tenedores de inmuebles si estos aceptan rebajar un 10% el precio del alquiler. La medida se aplicaría en zonas de mayor tensión -zonas donde los alquileres han subido más abruptamente en los últimos años- y podrían llegar a bonificaciones de hasta el 90% para el propietario. No es necesario justificar el carácter antisocial de la propuesta de los socialistas que apunta a salvar sobretodo a los grandes tenedores de vivienda.
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La propuesta de UP, tiene un carácter diferente. Lo que propone UP es que se establezcan límites en los precios de los alquileres. A falta de conocer los detalles, la propuesta apunta a que en las áreas tensionadas, se determine un precio de referencia y que todos los alquileres que sean más baratos queden congelados. Los que estén por encima deberían rebajarse hasta ese límite. Esta propuesta, aunque tiene un carácter aparentemente diferente, está lejos de plantearse la expropiación de las cientos de miles de viviendas vacías en manos de los grandes capitalistas y ponerlas a disposición de un parque público de vivienda-en el Estado español solo el 2% de los alquileres es social-, uno de los problemas de fondo.
Esta manera de enfocar la cuestión por parte de los dos socios de gobierno no supone ninguna sorpresa, recapitulemos. Al inicio de legislatura, UP anunciaba a bombo y platillo un acuerdo de gobierno histórico, en el que según ellos, en materia de vivienda se avanzaba hacia resolver uno de los grandes dramas sociales. Ya en ese momento, colectivos por el derecho de la vivienda como la PAH y el Sindicato de Inquilinos denunciaban que las propuestas en esta materia eran insuficientes y poco concretas. La PAH lo definía como un “listado de buenas intenciones que no contemplaba ninguna medida concreta”. Un acuerdo que quedaba abierto a toda toda interpretación. Así, desde el inicio, la pelea por una vivienda digna escapaba del acuerdo “progresista”.
Sin embargo poco duró esta declaración de buenas intenciones. Por ejemplo, a pesar de la grave situación de emergencia social que vivimos durante 2020 y aún vivimos, los desahucios no cesan, es más, se multiplican. Tras un año de pandemia 16.000 familias han sido desahuciadas. Del mismo modo actualmente hay 400.000 familias en riesgo de impago de alquiler. Es una pequeña muestra de la magnitud del problema y cómo los pequeños gestos del Gobierno están lejos de resolverlo.
La vivienda como uno de los grandes problemas estructurales
La vivienda es uno de los grandes problemas sociales actualmente. Durante la anterior crisis cientos de miles de personas vieron como los bancos y los grandes fondos de inversión les arrebataban sus casas. La ejecuciones hipotecarias y los desahucios fueron una de las expresiones más dramática de esta crisis.
Actualmente el problema se centra en la subida vertiginosa del precio de alquileres, sólo en Madrid y Barcelona, de 2013 a 2019 los precios de alquileres han subido alrededor de un 40%. Es debido a esto que en los últimos años su regulación ha formado parte de las promesas electorales de casi todos los partidos políticos.
La situación más grave aún cuando vemos que en 2020, a pesar de ser un año marcado por la parálisis económica, no se ha visto frenada la dinámica especuladora de los alquileres, aumentando el precio medio cerca de un 4,6%.
Al mismo tiempo existen 3,4 millones de viviendas vacías -según los últimos datos publicados por el INE en 2011- de las cuales el 80% están en manos de bancos y de fondos buitre. Mientras, ciudades como Barcelona se han convertido en lugares con el precio por metro cuadrado más caros del mundo.
Esta situación es fruto de años de especulación inmobiliaria en los que se ha dejado las manos libres a las grandes constructoras para manipular tanto el precio de las viviendas como de los alquileres. Es debido a eso que en el Estado español solo el 2% de los alquileres es social.
¿Qué es lo que no se plantea hacer UP?
A pesar de la polarización mediática entre PSOE y UP alrededor de esta cuestión, ninguna de las dos formaciones plantea tomar autenticas medidas de calado que permita resolver el problema de la vivienda y los alquileres.
De esta manera está fuera de agenda la expropiación de las ciento de miles de casa vacías con las que los grandes bancos y constructoras especulan con el precio de la vivienda. O la creación de un parque público de vivienda que garantice realmente el acceso a todos los sectores populares.
Unidas Podemos, al igual que el resto de partidos del Régimen, no está dispuesto a cuestionar mínimamente el derecho a la propiedad privada de los grandes capitalistas, aunque eso implique un peligroso debilitamiento de su proyecto político.
La polémica abierta al rededor de la Ley de vivienda la tenemos que entender como un intento de separación y diferenciación electoral entre los dos socios de gobierno, más que como el intento de tratar de abordar realmente esta cuestión.
Es debido a esto que no podemos separar la dimisión de Pablo Iglesias como Vicepresidente del Gobierno del naufragio de todas las promesas sociales con las que se formó la coalición, como precisamente la Ley de vivienda o el más que seguro intento fallido de la derogación de la reforma laboral.
Frente a los discursos ilusorios que tratan de disfrazar de social a este Gobierno, o a parte de él, pero que no plantean tocar los beneficios de los grandes propietarios y la banca, es urgente desde la izquierda pelear por un programa que de una salida de fondo. Un programa que se proponga acabar con la especulación inmobiliaria, para ello algunas medidas urgentes serían la creación de un parque de vivienda pública que garantice el acceso a la vivienda sin restricciones, que para ello se expropien todas las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitres y la recuperación de todo el dinero que se ha llevado la banca, al mismo tiempo que se prohíben los desahucio, así como los despidos. O paga la banca y los grandes capitalistas, o seguirá pagando el pueblo trabajador.
