Zaragoza. “Lo que pretende Telepizza es amedrentar a las trabajadoras”

Las personas sancionadas han sido suspendidas de empleo y sueldo durante 15 y 20 días por negarse a trabajar sin equipos de protección ni protocolos. Frente a esta situación, los trabajadores han iniciado a campaña de denuncia que incluye la convocatoria de huelga en la tienda de los sancionados como forma de protesta.

Los delegados de CGT denuncian el cambio de normativa laboral impuesto por el gobierno a “escondidas” ya que “la huelga ha sido legalizada de acuerdo a los diez días de pre-aviso y no a los cinco que marcaba antes la ley, porque al parecer el Gobierno considera que, cuando más se necesita proteger a los trabajadores, más se tiene que flexibilizar los pre-avisos de huelga contra los empresarios, pero paradójicamente no flexibiliza el régimen disciplinario que la empresa usa contra las trabajadoras”.

CGT Telepizza explica a Izquierda Diario que “se ha legalizado la huelga para el próximo fin de semana, y la idea es que, de acuerdo a la decisión tomada por la Asamblea de trabajadoras de Servet y de El Pilar -que actualmente trabajan juntas- la huelga será efectiva el sábado 18 y se centrará, por el momento, en la tienda donde la empresa ha sancionado a las trabajadoras. Y en función de la extensión de los ataques iremos sumando distintas medidas de presión”.

Esta es una más de las medidas de presión que pretenden llevar adelante “si la empresa no cede en hostigar a las trabajadoras que hacen uso de sus derechos laborales”. Como cuentan en el comunicado que hicieron público, consiguieron forzar a la empresa a que se aplicase “un plan de prevención más estricto” gracias a la paralización de la producción que la plantilla impuso en los primeros días del Estado de Alarma y ahora la empresa lo que quiere es “amedrentar” a la plantilla para que no “osen organizarse”, cuenta Adrián, delegado de CGT.

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Hace semanas que los trabajadores vienen denunciando públicamente a través de su organización sindical, las pésimas condiciones en las que el personal tenía que seguir trabajando mientras la comunidad de Madrid, de la mano de Díaz Ayuso, le entregaba el negocio de las becas comedor a esta empresa. “Es indignante que la Comunidad de Madrid firme un contrato con la multinacional Telepizza mientras la plantilla estamos denunciando que no quieren darnos ni guantes ni mascarillas, poniendo en peligro a trabajadoras y familias” denunciaban los delegados de Zaragoza y Barcelona en un comunicado conjunto.

En un contexto de centenares de muertos diarios y de desidia por parte de la empresa, desde CGT Telepizza, de acuerdo al Artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hicieron un llamado “a paralizar la producción hasta que no hubiera un plan de prevención realmente efectivo y, sobre todo, que se cumpliera.”

Capítulo aparte de esta empresa merecen los sobrecostes y su paupérrima calidad nutricional, sus salarios de miseria, y su ingeniería de paraísos fiscales para evadir impuestos.

En su comunicado, los delegados de Zaragoza y Barcelona dejaban claro que “Los repartidores y repartidoras no nos negamos a trabajar. Estamos dispuestos a hacerlo si se adoptan medidas elementales de prevención y si el riesgo que aún con ellas asumamos está orientado a hacer un servicio a la comunidad, a nuestros hijos y nuestros mayores y no a lucrar al multimillonario Pablo Juantegui.”

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Además de la retirada inmediata de las sanciones, los trabajadores y trabajadoras reclaman un Plan de Prevención elaborado y controlado por un Comité de Seguridad e Higiene formado solo por los delegados del comité y representantes de la plantilla de las distintas tiendas. Los únicos interesados en la seguridad. Así como el derecho de todas las personas vulnerables de baja con el 100% pagado por la empresa o su mutua.

Pero no solo eso, sino que demuestran que lo único que evita respuestas a la altura y racionales son las ganancias de un puñado. Como dice Asier Ubico, uno de sus delegados “No queremos seguir trabajando bajo riesgo para engrosar sus beneficios. No queremos ERTE, sino licencias con el 100% del sueldo a cargo de Telepizza. Que las grandes empresas del sector sean intervenidas y nosotros, de forma democrática y autoorganizada, podremos dar solución a problemas sociales como este.” haciendo referencia a las personas mayores, dependientes y sectores más vulnerables con necesidades alimenticias sin cubrir que se agudizan en medio de esta crisis.

No se pueden permitir estas sanciones. La impunidad de esta empresa y sus acciones sientan un grave precedente. Es necesaria la máxima solidaridad para evitar este ataque patronal. Nuestras vidas valen y seguirán valiendo más que sus beneficios.