Río Negro y Neuquén constituyen territorios en disputa en una etapa del capitalismo caracterizada por la acumulación por desposesión y el extractivismo desenfrenado.
Domingo 18 de junio de 2017 18:17
Para entender los actuales movimientos sociales en Neuquén y Río Negro y realizar un balance de sus formas de acción política en la década kirchnerista y en clave provincial delimitamos un punto de partida que nos permite interpretar las formas que asumieron las relaciones sociales de dominación entre las élites dominantes y las clases subalternas.
Los años noventa sellaron ferozmente las asimetrías sociales preexistentes que se tradujeron en una pérdida de gravitación política y económica de los sectores medios y populares; la contracara fue una creciente concentración de poder de los sectores altos y medios-altos de la sociedad. En el marco de esta reconfiguración social, a mediados de los años noventa, comenzó a manifestarse la resistencia de sectores subalternos a través de movimientos sociales que activaron un renovado repertorio de acciones colectivas que se diferenció de la acción clásica de los sindicatos y los partidos. La acción colectiva se caracterizó por: la acción directa no convencional y disruptiva, la democracia directa, y una fuerte demanda de autonomía de la política tradicional.
La rebelión popular del 19 y el 20 de diciembre de 2001, sin dejar de ser parcialmente un emergente de los procesos previos de recomposición de las clases subalternas, fue el acontecimiento, que produjo un nuevo ímpetu a los movimientos sociales gestados y en gestación en la resistencia al neoliberalismo. Los sucesos que van del 19 y 20 de diciembre de 2001 al 26 de junio de 2002(1) y los procesos que expresaron, de algún modo oficiaron de partida de nacimiento de una nueva trayectoria de los movimientos sociales. Ese tiempo reflejó la crisis, no sólo de un patrón de acumulación y de una forma de Estado, sino también de una determinada manera de nombrar lo público y de una “cultura” política basada en la representación y la institucionalidad, fuertemente impugnadas por amplios sectores sociales. Al decir del Mazzeo2 “Indudablemente fueron los meses más intensos de los últimos años y, probablemente, de las últimas décadas. Fueron seis meses de cientos de asambleas en los barrios […]. Seis meses en los cuales se desarrolló un proceso de estructuración de un movimiento de protesta a nivel nacional, con organizaciones y activistas que, en líneas generales, respondían a orientaciones políticas e ideológicas radicalizadas. Seis meses de exuberancia plebeya y de una vitalidad que nos retrotraía a los tiempos previos al golpe militar de 1976”.
Un tiempo, sin duda dramático, trágico y catastrófico para la vida cotidiana de las clases subalternas, pero en el cual desplegaron un masivo cuestionamiento a los pilares de la dominación neoliberal. Las experiencias organizativas de esta etapa instalaron nuevas coordenadas para pensar originales caminos de democratización social y nuevos campos posibles para el ejercicio del poder y para la transformación de las relaciones de dominación.
Se trató de un tiempo excepcional y en muchos aspectos desmesurado, con una sucesión de acontecimientos cuya fuerza simbólica tendió a rebasar los contenidos que representaban. Precisamente en esos costados desmesurados tal vez esté la clave del surgimiento de los movimientos sociales de nuevo tipo. Este proceso se podría representar como algo que se salió de cauce y, aunque luego el proceso histórico retornó a la matriz anterior, los signos lúcidos de una formidable productividad político-cultural quedaron expuestos. En fin, la emergencia de movimientos sociales luego del colapso de diciembre de 2001 compuso una nueva correlación de fuerzas en una sociedad estructuralmente reconfigurada.
En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén: la recuperación de la fábrica de Cerámicos Zanon hoy FaSinPat, la experiencia de la Coordinadora del Alto Valle, la reafirmación del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública, la conformación de colectivos culturales y de información alternativa, la conformación de movimientos de género y medioambientales, la afirmación de los movimientos de los pueblos originarios, los movimientos por la tierra y el hábitat, la adopción por parte de los sindicatos de los métodos de acción directa, se unieron al ya consolidado movimiento de Derechos Humanos para recrear nuevas formas de poder social que pusieron en disputa su desigual distribución.
Sin embargo, frente a esta crisis a partir del año 2003, las clases dominantes junto al poder político inició un proceso de reestructuración de las relaciones sociales y asumió la necesidad de establecer una hegemonía asentada sobre nuevos pilares. Esta nueva forma de intervención estatal tuvo importantes consecuencias sobre los movimientos y organizaciones sociales que se habían enfrentado al neoliberalismo.
Cuando nos enfocamos en el caso neuquino, esta forma de intervención debe inscribirse dentro de la forma de estructuración de su aparato productivo. La extracción de hidrocarburos al mismo tiempo que representa la principal fuente de riqueza, también expresa como se conforman contradictorias relaciones sociales. La producción de los hidrocarburos está íntimamente enlazada a una economía de tipo enclave, una sociedad excluyente y un Estado que administra y reafirma la reproducción de este orden. Esta configuración social colmada de intensos antagonismos sociales produce sistemáticamente resistencias sociales en la vida política neuquina y son las clases subalternas quienes con sus formas de accionar colectivo ponen en tensión a esta formación estatal y sociocultural.
Sin embargo, es necesario indicar que no conforman un sujeto socio-político homogéneo capaz de organizarse unificadamente. Su unidad se advierte en torno a acciones colectivas que atañen a temas que atraviesan al conjunto de la sociedad: trabajo, educación, salud, medioambiente, género, tierra y vivienda, represión policial.
Estas consideraciones nos han llevado observar que algunas de las acciones políticas más relevantes llevada a cabo por movimientos sociales e incluso sindicatos están atravesadas por las pujas facciosas de las clases dominantes3. El Estado provincial neuquino está estructuralmente atravesado por disputas intestinas entre las élites dominantes asentadas especialmente por el control de los activos líquidos generados por la renta petrolera. Estas pujas en ocasiones abren oportunidades políticas para que las clases subalternas puedan expresar su descontento. Cuando se expresa la lucha colectiva entre las clases subalternas con los sectores dominantes da origen a una dinámica de contienda política caracterizada por ambigüedades y vaivenes al interior de las clases subalternas y entre éstas y la élite gobernante. Las consecuencias políticas de este tipo de acciones colectivas han provocado que la distribución del poder político en Neuquén en la última década haya sufrido una ligera mutación que se expresa en la política institucionalizada, aunque sin duda el MPN ha dado muestras de una gran capacidad de sostenerse en el poder por más de cinco décadas.
En el caso de la Provincia de Río Negro, la acción política de los movimientos sociales e incluso los sindicatos están condicionas por lógicas específicas. La provincia de Río Negro a diferencia de Neuquén, tiene una base productiva más diversificada, a saber: a) La fruticultura del Alto Valle, también extendida hace décadas al Valle Medio. b) La actividad turística en la zona de los lagos (Bariloche – El Bolsón). c) La actividad petrolera en la ciudad de Catriel y últimamente instalada en la ciudad de Allen. Esta diversidad productiva en manos de diferentes sectores dominantes también genera una descentralización del poder político que en apariencia se encuentra establecido en la ciudad de Viedma en forma administrativa.
Es posible localizar al menos tres centros en donde se concentra y emana el poder político en la provincia: 1) La región del Alto Valle, 2) la ciudad de Bariloche, 3) la ciudad de Viedma. Esa distribución del poder también se expresa en la lucha encarada por las clases subalternas ya que, a diferencia de la provincia de Neuquén, no es posible reconocer una ciudad en donde el poder político deba contener la protesta social. Es por esta razón que los poderes locales o sea las intendencias y los concejos deliberantes son quienes tienen una centralidad política en cada una de las grandes ciudades rionegrinas: Viedma, Bariloche, General Roca, Cipolletti. Es en el marco de lo local en donde se dirime la mayor parte de los conflictos sociales. Por lo tanto, los sectores dominantes para hacerse del poder político provincial, deben emprender un trabajoso sistema de alianzas con los poderes locales para concentrar el suficiente poder político y sostener la gobernabilidad de la provincia. Estas alianzas que históricamente se realizaban al interior de la UCR, en la actualidad se han trasladado en torno al partido Juntos Somos Río Negro liderado por el pragmático Alberto Weretilneck que ha sido capaz de unificar los intereses de los grandes capitales y el Partido Justicialista, que tuvo su revés político con el asesinato de Carlos Soria.
En la coyuntura cotidiana estas tensiones se expresan en una dinámica política entre los poderes locales que se esfuerzan por mostrar al conjunto de la sociedad una imagen de eficiencia en las gestiones municipales. En los últimos años hemos vistos como los cascos céntricos de las principales ciudades rionegrinas se han llenado de espacios verdes, iluminación, asfalto y centros comerciales, mientras que en sus periferias se han desatado conflictos en torno a la tierra y la vivienda lo que ha dado lugar a la conformación de movimientos sociales autónomos. Las clases subalternas en Río Negro se encuentran aún más fragmentadas que las de Neuquén; no tienen la oportunidad de expresar sus demandas unificadamente por la fuerte distribución del poder político. Se pueden reconocer entonces varios escenarios de conflictos: los empleados estatales y los docentes se enfrentan al poder político provincial. Trabajadores rurales a grandes empresas transnacionales. Pequeños y medianos productores al Estado nacional y provincial y empresarios con lógicas globales de acumulación. Un proletario plebeyo organizado en movimientos territoriales ha concentrado su lucha especialmente por la tierra y la vivienda en las grandes ciudades de la provincia.
En síntesis, podríamos afirmar que Río Negro y Neuquén constituyen territorios en disputa en una etapa del capitalismo caracterizada por la acumulación por desposesión y el extractivismo desenfrenado. Burguesías locales ligadas a formas globales de acumulación deben articular sus intereses con el poder centralizado, atender intereses de medianos y pequeños productores frutícolas y comerciantes, numerosas empresas de servicios y especuladores inmobiliarios. En la base un conjunto de movimientos sociales a pesar de su gran fragmentación y heterogeneidad ha demostrado tendencias hacia la unificación.
En Río Negro y Neuquén también están ellas y ellos; los que luchan porque saben que el agua vale más que el oro, los que luchan para que la tierra sea de quien la trabaje, los que ocupan un territorio auténticamente porque el mercado se los niega, las que gritan que una sociedad más justa sólo se puede construir sobre la igualdad entre los géneros; los condenados originarios de la tierra que nuevamente tienen que luchar para no ser expulsados en nombre del progreso; los que quieren que el arte sea una expresión de los más altos valores humanos que nos enseñe a vivir mejor y no una mercancía para unos pocos; los que se resisten en contra del agro negocio y nos hablan de la soberanía alimentaria; los que luchan por el trabajo digno y que para ello sea posible hay que eliminar la explotación, los que luchan por la educación y salud pública, los que se oponen a la impunidad y la violencia de los poderosos. Aunque parezcan historias mínimas, sus luchas son universales encarnan nuestros mejores sueños, los ideales una humanidad que hoy se encuentra extraviada y necesita encontrar un destino común.
Notas
1 Los acontecimientos delimitantes son: 1) la insurrección popular que derribó al gobierno de Fernando de la Rúa y a su ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, representante y ejecutor directo de las políticas neoliberales en Argentina durante tres décadas y 2) la “Masacre de Avellaneda”, en la que las fuerzas de seguridad (concretamente la Policía de la Provincia de Buenos Aires) asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. La Masacre de Avellaneda puede verse también como el punto más alto de la ofensiva de las clases dominantes, los grandes medios de comunicación y el gobierno provisional de Eduardo Duhalde contra las organizaciones populares.
2 Mazzeo Miguel (2009) “Notas para una caracterización de la nueva generación intelectual”. En Revista de Historia y Pensamiento Crítico. Nuevo Topo. Editorial Prometeo. Buenos Aires.
3 “La historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada y episódica. Hay en la actividad histórica de estas clases una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero ésa es la parte menos visible y que solo se demuestra después de consumada. Las clases subalternas sufren la iniciativa de la clase dominante, incluso cuando se rebelan y levantan” (Gramsci, 1970).
