Repudiable. López Murphy negó a los 30.000 desaparecidos: “Es un número altamente inflado”

"No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, que está artificialmente inflado". Así de suelto de cuerpo escupió su negacionismo el ex Ministro de Economía de Fernando de la Rúa, en una entrevista para A24.

De esta manera, respaldó las declaraciones del entonces ministro de Cultura de la Ciudad y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien había insistido durante el mes de enero en que dicha cifra "se arregló en una mesa".

Semejantes afirmaciones no sorprenden viniendo de personajes como López Murphy y Lopérfido, que no son los únicos en negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el genocidio en nuestro país.

Ricardo López Murphy, es precandidato a diputado porteño y competirá en la interna de Juntos por el Cambio contra María Eugenia Vidal, la candidata apoyada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la lista de Adolfo Rubinstein.

En su lista, lo acompañan Sandra Pitta, el especialista en relaciones internacionales, Gustavo Segré, la abogada y ex vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico, el politólogo Franco Rinaldi y García Moritán, el esposo de Pampita Ardohain.

Pero López Murphy no quedó conforme y agregó: "Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad. Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70, pero si nos obligan lo haremos".

Para que no queden dudas de que es un negacionista hecho y derecho señaló: "Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro".

El debate con los negacionistas se repite. Desde el fin de la dictadura la derecha ha buscado poner en duda la magnitud del genocidio que se perpetró con el golpe cívico militar iniciado el 24 de marzo de 1976. Uno de sus caballitos de batalla fue negar la consigna con que los organismos de derechos humanos y la inmensa mayoría de la sociedad que reclama verdad y justicia por los asesinatos y desapariciones sostienen: “son 30 mil”. No es una cifra arbitraria, se basa en la recopilación de las investigaciones que sobrevivientes y familiares de las víctimas reconstruyeron.

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Durante la gestión de Mauricio Macri, el tema volvió a instalarse, a través de las declaraciones del entonces Ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido que semanas antes del 40ª aniversario del golpe de Estado, aseguró que "no hubo treinta mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada". El enorme repudio social hizo que Lopérfido tuviera que renunciar, aunque fue enviado como “agregado cultural” nada menos que a Alemania.

Pero por más intentos de los negacionistas es imposible tapar la realidad de lo ocurrido durante el terrorismo de estado. Durante la dictadura cívico-militar hubo más de 600 centros clandestinos de detención. Decir que por esos lugares pasaron apenas 8.500 personas equivaldría a decir que, en promedio, por cada uno no pasaron más de 14 víctimas, lo cual es insostenible.

El periodista Hugo Alconada Mon publicó una nota, a 30 años del golpe de Estado, donde cuenta que agentes de inteligencia chilenos que actuaban como parte del Plan Cóndor enviaron un cable a sus superiores de la DINA, con nombres de decenas de víctimas en el país y precisando que sus contactos en el Batallón 601 han "computado 22.000 entre muertos y desaparecidos", desde 1975 y hasta "el día presente", poco después del final del Mundial de 1978” (La Nación, 2006). La información era parte de los documentos desclasificados en Estados Unidos en esos años.

Pero que personajes como el derechista López Murphy salgan a desparramar su negacionismo, responde a demandas de sobrevivientes, familiares y los organismos de derechos humanos que desde hace años reclaman la apertura de todos los archivos de la dictadura en manos del Estado, de las empresas mentoras del genocidio y de la Iglesia católica.

Pero hasta el momento todos los gobiernos y el Poder Judicial no lo han hecho. Archivos que desde 1983 a la fecha permanentemente aparecen a cuentagotas (de acuerdo a la conveniencia de quien los devela) y demuestran que el registro del terrorismo de Estado existe y sigue guardado bajo siete llaves.

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