Una estudiante preguntó al presidente electo en el aeropuerto qué opinaba del ataque potril. Sólo obtuvo una tibia declaración general contra la violencia en la UNAM. López Obrador viajó a Nuevo León a reunirse con los empresarios del Grupo Monterrey.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 4 de septiembre de 2018
“No debe haber violencia, es lo que opino. Mucho menos auspiciada por gente que mantiene intereses” declaró desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el presidente electo.
Una declaración indignante que no menciona el ataque porril (como si por no mencionarlo dejara de existir), que busca invisibilizar que son las mismas autoridades universitarias las que desatan la violencia contra los estudiantes que salen a luchar.
Como si el problema se redujera a los grupos porriles del PRI en la universidad, cuando para empezar algunos de los líderes son funcionarios del gobierno de la Ciudad de México y militantes del PRD, y también están vinculados a las autoridades universitarias. Estos grupos de choque cumplen una función muy clara: sofocar la protesta estudiantil.
La respuesta de López Obrador deja de lado que fueron las autoridades como los directores y Enrique Graue, el actual rector, quienes orquestaron el ataque potril contra los estudiantes que salieron a enfrentar el ataque contra la educación pública y la antidemocracia de la UNAM.
No puede extrañar a nadie, ya que está en plena tregua con el PRI, y ha sumado a su equipo de colaboradores a figuras provenientes de la "mafia del poder", como el ex rector Juan Ramón de la Fuente (priista), uno de los principales responsables políticos del injusto encarcelamiento de los estudiantes que en 1999 salieron a luchar contra la imposición de cuotas.
El problema de fondo que ha estallado en la universidad es la crisis presupuestaria que se enfrenta, producto de sucesivos recortes de fondos. Una crisis que los estudiantes no están dispuestos a pagar, y por eso se empiezan a organizarse y salen a luchar.
Se profundiza la restricción del ingreso a la educación superior, se cierran cursos –como reclaman estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, una denuncia que retoman distintas asambleas de facultades y escuelas de la UNAM–, los profesores de asignatura y los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de la UNAM ganan por mes una miseria, mientras el rector Enrique Graue mantiene un sueldo de 177 mil 868 pesos, 54 mil 553 de los cuales los obtiene por su cargo, y 126 mil 341 son percepciones adicionales.
Este martes, López Obrador se reúne con los empresarios del Grupo Monterrey, hermanados en intereses con los que se agrupan en la Coparmex, quienes apenas hace unos días salieron a exigir que se imponga el pago de cuotas para las universidades públicas.
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¿Qué dice de eso? Faltan menos de tres meses para que asuma la presidencia de México, y la lucha en la UNAM ya está poniendo a prueba su promesa de garantizar el acceso a la universidad para todos los jóvenes.
Una legítima aspiración de millones de jóvenes, y muy difícil de cumplir para el nuevo gobierno sino enfrenta los intereses de las autoridades universitarias y de los empresarios que quieren avanzar en la privatización de la universidad.
Consultada sobre este tema, Miriam Hernández, trabajadora de la UNAM y excandidata suplente independiente por la Plataforma Anticapitalistas al Congreso, declaró:
“Hace tiempo que los rectores de distintas universidades vienen anunciando que están en crisis presupuestaria. Esto en el marco de que se dan irregularidades en el manejo del presupuesto que de por sí ya es insuficiente. No es casualidad que se haya producido el ataque porril justo cuando un sector estudiantil empieza a cuestionar el ataque a la educación pública y gratuita y se organiza.
Cualquier salida que pase por un acuerdo con los dueños de las universidades privadas o con los empresarios va a ir de la mano con el intento del establecimiento de cuotas y una subordinación mayor de la educación pública a la iniciativa privada, en vez a los intereses de la mayoría de la sociedad.
Para garantizar el acceso irrestricto a las universidades y a la vez garantizar para los trabajadores y los profesores salarios que cubran el costo de la canasta básica y se ajusten por inflación, la única salida viable es el aumento del presupuesto educativo en base a impuestos progresivos a las grandes fortunas, como la de Carlos Slim, y el cese del pago de la millonaria deuda externa.”
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