Circuló un video dado a conocer por el periódico El País en el que militares aparecen asesinando a civiles sometidos y desarmados en Nuevo Laredo. El presidente admitió que parece un “ajusticiamiento” y busca plantearlo como un caso aislado. La militarización sigue desangrando el país.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Jueves 8 de junio de 2023
Es el segundo caso de ejecuciones extrajudiciales que se da a conocer este año en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con el periódico español y otros medios, un grupo de militares doblegó a cinco personas civiles armadas luego de una persecución. Les sacaron las armas, los golpearon y por último los ejecutaron.
Tuvo lugar el 18 de mayo pasado y da cuenta del accionar del Ejército, una institución consentida por López Obrador, tanto en los discursos presidenciales como en el poder económico (por ejemplo, el manejo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, cuando se inaugure, el Tren Maya) y las funciones del orden civil que les asignó, como las tareas de seguridad pública.
“Al parecer, sí hubo un ajusticiamiento. Y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”, declaró López Obrador en la conferencia matutina de este miércoles 7 de mayo.
La macabra escena trae el eco sombrío del anterior caso de ejecuciones extrajudiciales en la misma ciudad tamaulipeca, acaecido a fines de febrero. Esa vez, los militares asesinaron a balazos a cinco jóvenes de un grupo de siete que volvían de una discoteca, todos desarmados. Los sobrevivientes declararon cómo los militares balacearon.
En esa ocasión, el presidente López Obrador solicitó el proceso de los responsables y aseguró que el gobierno no tolera las violaciones a los derechos humanos. Pero las ejecuciones extrajudiciales son parte de las actividades de los uniformados, tanto en los gobiernos del PRI y del PAN como ahora en el de la llamada Cuarta Transformación.
Desde presidencia, cuando el presidente había prometido volver a los militares a los cuarteles antes de asumir el poder ejecutivo, ahora se apela a plantearlos como hechos aislados, mientras da al Ejército y la Marina, e incluso la Guardia Nacional, cada vez más atribuciones del orden civil y recursos económicos.
La derecha, mientras tanto, en voz de sus representantes de los grandes medios de comunicación denuncia los hechos en un alarde de cinismo, así como durante los gobiernos anteriores dedicaban sus esfuerzos de la criminalización de la protesta social.
Ahora, esos voceros de diarios como El Universal y Milenio, agitan sobre el costo humano de la militarización al mismo tiempo que buscan minimizar las masacres perpetradas por las fuerzas represivas durante el largo reinado del PRI y de que fue el PAN el partido que inauguró la militarización de México por órdenes de la Casa Blanca, con las nefastas consecuencias que eso trajo en tantas regiones del país. Se multiplican los desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones, feminicidios e imponer un clima de creciente violencia, mientras los grupos del crimen organizado se reconfiguran y prosperan, aliados con sectores de altos funcionarios civiles y militares de los tres niveles de gobierno.
Y no todo sucede en el norte. En Chiapas, militares, guardia nacional y policía liberan regiones enteras para que operen grupos del narcotráfico y de paramiliares, como en Frontera Comalapa, y lleven a cabo el desplazamiento forzado de poblados enteros para que se puedan desarrollar más megaproyectos y grandes capitales puedan rapiñar bienes comunes como minerales, agua y territorios de pueblos originarios.
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La militarización como estrategia de seguridad solo sirve para mantener la “paz social” ordenada desde Washington tan cara a los ojos de las trasnacionales y los magnates como Carlos Slim y Germán Larrea.
Las ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, los desplazamientos forzados, las agresiones contra comunidades indígenas, los feminicidios, las múltiples agresiones contra las y los migrantes, plantean la necesidad de poner un alto a la militarización, a partir de desplegar un amplio movimiento democrático independiente del gobierno y la derecha que exija la vuelta de los militares a los cuarteles y el juicio y castigo a los responsables de todas las violaciones a derechos humanos.
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