El exsecretario de Obras Públicas declaró ayer ante el juez de Giorgi en Comodoro Py. Hebe de Bonafini está citada para hoy a las 10, pero no se sabe si asistirá.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Jueves 4 de agosto de 2016
José López declaró ayer ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por el supuesto desvío de fondos en el plan de construcción de viviendas impulsado por Madres de Plaza de Mayo, Sueños Compartidos.
El exsecretario de Obras Públicas desligó de responsabilidades al Ministerio de Planificación y señaló que la facultad de controlar el desarrollo de las obras estaba en manos de los municipios y provincias que firmaban los acuerdos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Además, aseguró que tras el escándalo desatado en 2011 entre los hermanos Schoklender ordenó una auditoría de las obras en marcha que determinó que no hubo desvío de fondos. "El nivel de terminación de las obras era el adecuado y los avances se correspondían con los certificados enviados por las jurisdicciones", sostuvo.
También afirmó que desde 2009 el seguimiento principal de la obra quedó en manos del subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, quien también está imputado.
Sueños sin declarar
López se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde el episodio de revoleo de bolsos con dólares en el convento. Desde ese momento la atención se centró más que nunca sobre la obra pública como fuente de enriquecimiento y corrupción en los gobiernos kirchneristas.
El tema venía siendo abordado con insistencia por los medios de comunicación opositores al gobierno anterior, a partir de las denuncias en torno a Lázaro Báez y su estrecha relación con los Kirchner. El gobierno respondía con "relato" y se defendía como en una pelea más en el marco de la "batalla cultural" contra La Corpo y periodistas "mercenarios" como Jorge Lanata.
Sin embargo, desde que López, funcionario de primera línea vinculado al sector, fue encontrado in fraganti intentando ocultar la evidencia material y tangible de su abultada riqueza no declarada, la discusión de la obra pública cobró otro cariz. Quedó al desnudo una de las grandes farsas del modelo: se presentaba como ampliación de derechos, inversión estatal y fuentes de trabajo, aquello que en definitiva constituyó una caja de beneficios para funcionarios y empresarios amigos. En este aspecto, Mauricio Macri con sus amigos empresarios constructores Nicolás Caputo y Ángelo Calcaterra, no se queda atrás de sus antecesores del FpV.
Revolviendo el avispero
La detención de López reactivó la causa “Sueños compartidos” que salpica la política de derechos humanos, otro de los pilares del relato kirchnerista. Hebede Bonafini, titular de La Fundación de las Madres, se encuentra en el ojo de la tormenta. El programa de construcción de viviendas sociales que lideraba implicó una inversión de más de 1200 millones de pesos y la justicia investiga un presunto desvío de fondos millonarios aportados por el Estado.
"No voy a declarar. Martínez de Giorgi, metete en el orto la declaración, porque no creo en esa Justicia, en esos jueces", había dicho Bonafini en junio, quien también está citada en el marco de esta investigación. De no presentarse hoy a las 10 de la mañana, se presume que el juez la mandaría a detener con la fuerza pública, como "se haría en cualquier otro caso" según declararon fuentes judiciales a la agencia DyN. Bonafini ya había sido citada por de Giorgi y no asistió, por lo que en este caso se trataría de su segunda inasistencia injustificada a una citación judicial.
Además, están convocados funcionarios y gobernadores e intendentes que recibían fondos del Estado para las obras. Se trata de dos ex ministros del kirchnerismo: Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo); el actual gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, ex intendente de Rosario; los ex gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maurice Closs (Misiones) y Jorge Capitanich (Chaco), que fue además jefe de Gabinete.
Recientemente, quien aprovechó el clima judicial para referirse al tema, fue Sergio Schoklender. Quien fuera el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, aseguró en declaraciones a los medios que los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández "eran los jefes de la banda" que cometió el presunto fraude millonario al Estado en la construcción de las viviendas. Recordó que a él le "imputan un faltante de 206 millones de pesos" y responsabilizó por ello a Hebe, en combinación con el ex vicepresidente Amado Boudou y ex secretario de Obras Públicas José López.
Schoklender había sido denunciado en 2011 por supuesto enriquecimiento ilícito con el dinero destinado al programa de viviendas pero logró su libertad por falta de mérito en marzo de 2013.
