Lorena Osornio Elizondo es la “independiente” conocida por ser nuera de la priísta Alejandra Barrios, líder de los ambulantes y militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Viernes 27 de mayo de 2016
Lorena Osornio Elizondo, se ha presentado un diferentes entrevistas y medios por ser dirigente de la Asociación Civil Foro Nacional de Justicia y Equidad Social. Esta es la respuesta usual cuando se le cuestiona su relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus nexos familiares, razón por la cual ha sido objeto de críticas sobre su candidatura y trayectoria política.
A pesar de que compite por segunda vez como candidata independiente, su campaña ha permanecido a la sombra del parentesco con la priísta Alejandra barrios, líder de comerciantes del centro y de larga carrera política en el represor y patronal partido.
A pesar de las evasivas de Osornio, el núcleo familiar de enorme tradición priísta ha salido a la luz rumbo a la carrera de la elección de integrantes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
La familia Barrios está signada por escándalos de corrupción: en el proceso de reubicación del comercio informal iniciado durante la administración de López Obrador, recibieron la adjudicación de numerosos inmuebles, para instalar allí a los ambulantes. Pero en vez de eso, remodelaron edificios y los rentaron a locales comerciales y oficinas para trasnacionales. Qué ironía que ahora, en su discurso hacia las elecciones, levante como una de sus propuestas la creación de una Fiscalía Anticorrupción.
El intento anterior
En su trayectoria destaca que en 2015 cuando Osornio Lozano buscaba contender por la delegación Cuauhtémoc, también como candidata independiente, se evidenció su pertenencia al Consejo Político del PRI en el entonces Distrito Federal. La información fue rectificada por el secretario de ese partido, César Cruz Pérez acreditando la participación de Osornio como militante del PRI y consejera electa para el periodo 2012-2015, según una nota del periódico Milenio con copia del documento.
Cabe señalar que, aunque era uno de los requisitos para presentarse como aspirante a participar como candidato en la Asamblea Constituyente, era necesario según las especificaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) tener por lo menos tres años sin cargo político o como funcionario de gobierno.
El INE no sólo ha demostrado ser incapaz en la verificación de firmas que exigieron como parte de la proscripción para poder participar de este proceso, sino que ha hecho caso omiso en este tipo de detalles que directamente poner en la balanza sus desatinos.
Para las instituciones electorales y para los partidos al servicio de los empresarios, parece no ser suficiente el método antidemocrático de la convocatoria de la Asamblea Constituyente que impusieron Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto. Al porcentaje de diputados impuestos a dedazo por estas figuras se suman estas participaciones maquilladas bajo el cobijo de las “candidaturas independientes” cuando claramente la línea política de su trayectoria, pero también la de sus propuestas hacia la Constituyente es ser otro colchón desde el cual van a intentar hacer eco los partidos políticos tradicionales.
