Primera Infancia. Los CAPI de INAU en lucha por falta de recursos humanos

Las dificultades para el funcionamiento normal de los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) comenzaron a partir de marzo con los primeros casos de Covid 19 en el país.

En Montevideo funcionan 15 CAPIs, atendiendo población entre 0 y 3 años, y a diferencia de los CAIF que son gestionados por OSC que convenían con el Estado, son servicios oficiales que dependen directamente de INAU.

Ante la crítica situación de carencias de personal en los centros de 24 horas del Instituto, debido a la emergencia sanitaria y que muchos de sus trabajadores son población de riesgo, el Directorio definió en su momento que las vacantes que se generaran fueran cubiertas por funcionarios de CAPIs, Clubes de Niños, proyectos calle y otros proyectos de atención comunitaria. Fue así que alrededor de 150 trabajadores pasaron a desempeñarse en los “internados” resintiendo lógicamente la tarea en los proyectos de tiempo parcial de la institución.

Aproximadamente hasta el mes de junio estos centros no tenían atención presencial y funcionaban prestando una atención de emergencia (alimentación, seguimientos familiares, etc.) por lo cual la falta de personal no se hacia tan evidente, pero con el retorno progresivo a la presencialidad en los centros de primera infancia, se hizo patente la falta de recursos humanos para el normal funcionamiento de los CAPIs.

Este cierre de los proyectos vulnera el derecho a la educación de los casi 700 niños atendidos y sienta un grave precedente para los servicios oficiales.

No debemos olvidar que fueron los blancos y colorados los que iniciaron el proceso de tercerización de servicios de atención para la infancia y la población vulnerable (en el caso de INAU por ejemplo, en la década del 90 se cerraron varios clubes de niños oficiales, mientras se abrían otros en convenio con OSC).

Esta política fue continuada por el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno, llegando a la situación actual donde prácticamente el 80% de la atención en INAU se da de manera tercerizada, con trabajadores precarizados, con menos derechos y sueldos que aquellos que cumplen la misma función en el sector público.

La situación que se da en el MIDES donde se avanza en un camino de desmantelamiento de proyectos es también un antecedente de riesgo en el diseño y ejecución de las políticas sociales que llevará adelante la coalición multicolor.

Te puede interesar: Trabajadorxs tercerizadxs del MIDES en lucha

Trabajadores se movilizan por el reintegro a los CAPI

Esta última semana las y los trabajadores de los centros de primera infancia oficiales se movilizaron en reclamo de una solución que permita la reapertura de los centros y su normal funcionamiento, así como el reintegro a sus lugares de trabajo.

El directorio del INAU se ha comprometido a contratar personal temporario para los centros de 24 horas y reforzar estos servicios, pero más allá de parches hay un problema estructural de falta de presupuesto, que se agudiza en este contexto de crisis económica y repercute en todas las políticas sociales.

Son necesarias soluciones de fondo para el INAU, para lo que se hace imprescindible un presupuesto digno, que permita que se pueda dar cobertura y atención a las múltiples problemáticas que abarca.

Lamentablemente se ha hecho una costumbre, que ha sucedido durante gobiernos blancos colorados y frenteamplistas, las faltas permanentes de cupos en sus servicios, ya sea Centros de 24 horas, servicios de atención para situaciones de violencia, maltrato y abuso, proyectos de tiempo parcial, entre otros; así como la estructural falta de recursos humanos en sus centros. Todo este panorama resiente la calidad de la atención y vulnera derechos de las familias, los niños y los adolescentes.

Hay que terminar también con el negocio de las privatizaciones y tercerizaciones de las políticas sociales; en el caso del INAU por ejemplo es sabido todo el dinero que reciben las clínicas psiquíatricas a pesar de las denuncias existentes por el trato que reciben en estos centros.

La lucha y la movilización es el único camino que puede llevar a un presupuesto digno para la promoción y prevención en el campo de la infancia y las políticas sociales; en especial en este contexto donde el sistema político parece más enfocado en la represión y el aumento de penas para los menores.

Estas carencias que ahora se ven en INAU se profundizarán en todo el sector público con los anuncios del gobierno, el decreto 90/20, la LUC y otras medidas que se preparan; el PIT-CNT deberá estar a la altura del ataque planteando la unificación de los conflictos, un plan de lucha y el paro general.