El desastre ambiental en Osorno y Magallanes junto con la continua contaminación en la zona de Quintero – Puchuncaví han puesto a la palestra los efectos mortíferos de la extracción de los recursos naturales a favor de las ganancias empresariales, pero, ¿qué alternativas se desarrollan para enfrentar la crisis ambiental?

La extracción de recursos naturales en América Latina ha sido parte de una larga historia de despojo y depredación ambiental, generando zonas de sacrificio en distintos territorios del continente. En Chile, los problemas socioambientales crecen cada año junto con la relaciones económicas y políticas internacionales del país, mientras que el pesimismo económico rebaja las expectativas entre el relato de los “tiempos mejores” de Sebastián Piñera y con una insatisfacción creciente con los problemas económicos: la baja en el precio del cobre, la inestabilidad de los mercados, la baja creciente de ahorro, el crecimiento de la deuda y una burbuja en el mercado inmobiliario. [1]

Es decir, el calentamiento global, la contaminación del aire, el tratamiento de los residuos, la contaminación del agua, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, las fuentes de energía y suministros futuros, sobreenvasado de productos, entre otros, son percibidos como los principales problemas ambientales los cuales están relacionado directamente con el modelo productivo chileno, un modelo económico productor y exportador de recursos naturales; un extenso sector financiero y una baja productividad en la industria de bienes, donde la de la exportación del cobre y de la inversión extranjera se ha expresado en una doble dependencia respecto a EEUU y China.

Así, los recursos naturales se han ido acabando a medida de las necesidades de los países imperialistas y ganancias de los capitalistas, donde hace un año Greenpeace había anunciado su preocupación tras informar que desde el 2 de agosto del 2018 la humanidad había entrado en un “sobregiro ambiental”, mientras que, los recursos naturales disponibles para un año en el planeta se agotaron el pasado 29 de julio según un nuevo reporte de Global Footprint Network.

La crisis ambiental global ha llegado de la preocupación del Sistema Internacional hacia las políticas públicas desde hace más de 40 años. Sin embargo, a medida que las convenciones internacionales por el medioambiente encabezadas por los países industrializados, como el protocolo de Kyoto que propuso a reducir como promedio un 5,2% de las emisiones de GEI entre los años 2008 y 2012, no han tenido efecto porque en gran medida los países emisores, como, por ejemplo, EEUU, nunca ratificaron el porcentaje de reducciones a las que se habían comprometido ya que lo consideraron dañino para su crecimiento económico. [2]

Zonas de sacrificio y desastre ambientales

La contaminación en Quintero y Puchuncaví ha generado graves problemas a la salud de sus habitantes, presentando casos de intoxicación por gases contaminantes de CO2 y plomo en niños, niñas, adolescentes (NNA) que residen en la zona desde agosto del año pasado. Recientemente, la Defensoría de la Niñez increpó al Ministerio de Salud ante un nuevo resultado de la investigación realizada por investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso [3], la cual señaló la vulneración de los derechos de los NNA por los efectos de la contaminación ambiental.

Las empresas ENAP, ENEL Generación, COPEC, EPOCSA, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas, Cemento Bío Bío, todas están en la mira como responsables de la contaminación en Quintero-Puchuncaví. El gobierno, a través del Ministerio de Medioambiente diseñó un Plan de descontaminación de la zona a raíz de las protestas que se realizaron el año pasado en todo el país. Sin embargo, a mediados de julio de este año, el Colegio Médico detectó falencias en el plan, denunciando una falta de planificación para los meses de invierno respecto a los altos niveles de dióxido de azufre que podrían afectar a la población, y, además, el Movimiento por la Infancia de Quintero y Puchuncaví denunció que las estaciones de monitoreo ambiental aún se encontrarían a manos de las empresas acusadas de la contaminación. Se suma la demanda por la renuncia de la Ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, debido a nuevos casos de intoxicación que trató de un peak de 1.411 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre (SO2) entre las 08:00 y las 09:00 horas de la mañana el pasado lunes 29 de julio, donde no se aplicaron los protocolos de contención según denunciaron distintas organizaciones medioambientales este 31 de julio.

Otro caso de desastre ambiental fueron los 40 mil litros de diésel que se derramaron el fin de semana pasado en los canales prístinos patagónicos de la región de Magallanes, al interior del archipiélago “Madre de Dios” del terminal de isla Guarello de la empresa CAP, principal grupo minero siderúrgico en Chile que extrae caliza, materia prima del acero. Pese a que el derrame en las aguas patagónicas intentó ser mitigado, la empresa CAP, atribuyó el desastre como un “error humano”, mientras que al interior del archipiélago se encuentran islas con cuevas con pinturas rupestres del pueblo indígena kawéskar, el cual pretende ser postulado al patrimonio mundial natural de la UNESCO, pero, para esto la minera debe limitar su radio de extracción.

Otro “error humano”, fue el derrame de petróleo en la bocatoma del río Rahue el pasado 11 de julio en Osorno por la sanitaria Essal, donde la población de más de 162 mil habitantes pagó las consecuencias con casi dos semanas sin suministro de agua potable. Mientras que el comunal de profesores de Osorno, en medio de la lucha docente, junto a distintas organizaciones sociales y sindicales, llamaron a la solidaridad activa con centros de acopio de agua potable, las respuestas vagas del gobierno dilataron alrededor de tres días para enviar camiones aljibes del Ejército a hospitales y centros públicos, otorgando soluciones cosméticas el desastre.

Por otro lado, en octubre del 2018 un informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios supo de los problemas de infraestructura que tenía la sanitaria Essal en Osorno, donde en dicha inspección se cuestionó el “error humano”: el equipamiento antiguo, ausencia de planes de limpieza y mantenimiento irregular de la maquinaria, entre otros. Todo esto se supo cuando los osorninos comenzaron a protestar exigiendo la salida de la concesionaria.

Al mismo tiempo de la crisis ambiental en Osorno y Magallanes, los trabajadores de OXY-Chile Talcahuano, única empresa nacional que fabrica el gas cloro, se extendió por más de 20 días en huelga, luego del fracaso de la negociación colectiva en la que se exigía un aumento salarial. Por la importancia que el gas cloro tiene en los procesos del agua, la paralización de las actividades alarmó a las autoridades del Ministerio de Salud, quienes a través de su unidad de saneamiento básico realizaron una inspección de las plantas de tratamiento de agua potable dependientes de Essbio, donde corroboraron la existencia de stock del producto químico para tres semanas más. Pero la suerte de la huelga de los trabajadores de Oxy Chile podría haber cambiado si las direcciones del Colegio de Profesores habrían organizado un plan único de demandas y un Paro Nacional, con el fin de no solo llamar a mejorar las condiciones laborales particulares de los trabajadores, sino también para exigir un cambio de las condiciones de vida de la mayoría de la población explotada que vive las consecuencias de la privatización de los recursos y bienes sociales.

Algunas salidas a las crisis medioambientales del laberinto capitalista

Como mencionamos anteriormente, la crisis ecológica no es un fenómeno coyuntural a la economía capitalista y al modelo neoliberal. Es por esto, que las políticas de distintos Estados capitalistas han propuesto la idea de un desarrollo sostenible al ambiente, planteando la reducción de un impacto ambiental y de los procesos de producción, a través del reciclaje o la mayor eficiencia energética y tecnológica. Sin embargo, esta visión de que el capital existe por naturaleza ha generado controversias, donde las críticas anticapitalistas han planteado que, a pesar del surgimiento de los nichos de tecnologías, éstos sólo se han beneficiado a los capitalistas, donde los lugares menos contaminados son los más rentados para construir grandes edificaciones o residencias altamente costosas.

Durante la primera semana de julio, la bancada de Revolución Democrática (RD) presentó al Ministerio de Hacienda una hoja de ruta para crear un Fondo de Adaptación al Cambio Climático, entidad que existe en el país desde el año 2007 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), principal entidad organizadora de las COP.

Con Catalina Pérez a la cabeza de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, la propuesta de RD estriba en una política fiscal para la crisis climática con la intención de que Chile pueda estar a la altura de las normativas internacionales. Esta propuesta se centra en Impuestos Verdes que se dará en el contexto de la reforma tributaria, desincentivos a la inversión de combustibles fósiles a través de la revisión de las empresas, una ley de presupuestos hacia el 2020 con un enfoque sustentable y, un fondo de adaptación y resiliencia climática con “el fin de dar capacidad de ahorro y margen presupuestario frente a la crisis climática" [4], donde esto último sería financiado por los remanentes de la Ley Reservada del Cobre [5]. Pero, estas iniciativas terminan siendo utópicas e ingenuas si las ponemos en manos del mercado, es decir, si no cuestionamos las ganancias de las empresas y quiénes deberían ejercer la administración y control de los recursos naturales estas propuestas sólo ayudarán limpiar la imagen de los responsables de la contaminación y nuestra pobreza.

Es urgente una salida a esta crisis ambiental desde la vereda de los trabajadores y los sectores movilizados contra la contaminación y depredación ambiental, expropiando sin indemnización del Estado a las empresas que se nieguen al plan de reconversión ambiental, nacionalizando los recursos naturales y servicios sanitarios y energéticos, donde éstos sean controlados en base a una administración democrática por los trabajadores y las comunidades junto con la asesoría de profesionales independientes a los empresarios y grandes capitalistas. Porque son sólo los trabajadores y el pueblo pobre quienes, siendo los menos actores contaminantes los más afectados por la crisis y, quienes pueden dar una salida de conjunto a este asfixiante y tóxico laberinto capitalista.