Provincia de Buenos Aires. Los alcances del pase sanitario y la necesidad urgente de liberar las patentes

El pasado viernes finalmente se conoció el texto de la Resolución de Firma Conjunta 460-2021, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Ministro de Salud Nicolás Kreplak y el Jefe de Gabinete de Ministros, el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Isaurralde, que establece el pase sanitario obligatorio para realizar varias actividades en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

La medida alerta sobre lo que comenzó a ser, para el gobierno y para los sectores sanitarios, una preocupación creciente: la emergencia de nuevas variantes de preocupación en el mundo, que rápidamente llegan a todos los territorios. En éste caso se trata de Ómicron, cuya contagiosidad parece aun superior a las conocidas, y aún restan estudios para determinar su grado de vulnerabilidad frente a las diferentes vacunas en circulación.

¿Qué dice la resolución?

La medida gubernamental resalta: “Que los casos han aumentado en nuestro país, coincidiendo temporalmente con la detección de esta nueva variante. La información preliminar indicaría un riesgo aumentado de transmisión y reinfección, comparado con otras variantes y riesgo de respuesta disminuido a las vacunas…” y por ello “… en esta etapa se debe reforzar la vigilancia epidemiológica para detectar de manera temprana y oportuna cualquier cambio en la situación epidemiológica…”. Y frente a ello dispone la obligatoriedad de contar con al menos dos dosis de la vacuna, para toda persona mayor de 13 años, para realizar cualquiera de las siguientes actividades, en el territorio bonaerense:

I- Actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes.

II- Realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales.

III- Trámites presenciales ante entidades privados, cuando impliquen aglomeramiento de personas.

IV- Trabajadores que realicen atención al público, ya sea de entidades públicas o privadas.

A diferencia de la medida anunciada por el Gobierno nacional, que limita la disposición a la concurrencia a eventos masivos, el gobernador Kicillof va más allá y determina el pase sanitario obligatorio también para otras actividades, como para trabajadores y trabajadoras del ámbito tanto público como privado, que estén en áreas de atención al público, de la misma manera para quienes necesiten realizar trámites ante cualquier organismo público o privado. Veamos las contradicciones de esta medida.

La medida parte de una falsa premisa. Quienes aún no están vacunados, o no completaron el esquema de dos dosis, no es un universo homogéneo. En él conviven (con distinta magnitud y posibilidades de expresarse públicamente) sectores que, contradiciendo toda evidencia científica, se oponen a la vacunación como método privilegiado de prevención, o incluso han entrado en la “grieta” vacunatoria, por lo que se resisten a aplicarse otras marcas distintas que la vacuna producida por la multinacional BioNTech Pfizer, dudando de la efectividad de las otras.

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Sin embargo, la realidad está lejos de este cuadro de simplificación que muestra el gobierno. En la provincia de Buenos Aires, aún existen numerosos sectores que no han logrado acceder al esquema completo de vacunación y no se trata de personas que sostienen una posición individual “anti vacuna”, sino de la propia realidad de millones que viven el día a día, con trabajos y vidas precarizadas.

La consecuencia de vivir en alguno de los miles barrios populares del gran Buenos Aires o del interior, donde los dispositivos vacunatorios simplemente no llegan a todos lados. La logística que dispuso el Ministerio de Salud y la necesaria temperatura que deben tener las vacunas hizo que no existan postas sanitarias de vacunación en todos los barrios populares, a diferencia de centros de hisopados o postas de campañas de difusión.

Trabajadoras y trabajadores de la Salud de la PBA han denunciado que muchas familias de los asentamientos y barrios populares de toda la provincia no han podido aún trasladarse hasta los hospitales o centros de vacunación (que no están en sus propios barrios) para completar las dos dosis.

La falta de recursos económicos para trasladarse, la SUBE al rojo vivo, o el miedo a perder el día de laburo que para miles es sinónimo de no comer, o aún peor el despido asegurado, sobre todo a los sectores más informales de trabajadores y trabajadoras.

Sumado a eso, la vacunación infantil, en muchas ciudades, se realiza solo en centros pediátricos, en muchos casos ubicados solo en el centro y por supuesto ausentes en los barrios periféricos. Estos son sólo algunos ejemplos, de los límites reales que aún siguen teniendo miles de familias, para el acceso al plan de vacunación completo.

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Y sobre esto la resolución del Gobierno provincial no dice nada. Disponer de manera urgente la gratuidad del transporte público con fines sanitarios para garantizar la accesibilidad, de agentes sanitarios en todo el territorio para facilitar casa por casa el acceso a la información y a la posibilidad de vacunación, garantizar el día pago y ninguna sanción laboral a quienes tienen los trabajos más precarios y no tienen derecho a ausentarse para vacunarse, entre otras medidas. Lejos de esta mirada, el anuncio oficial pone el acento solo en “sancionar” a quien no cumpla con lo dispuesto.

Con el Código Penal

Las medidas contemplan sanciones con el Código Penal a quienes las incumplan y, como dijimos, no se trata solo de concurrir a eventos masivos, donde se busque limitar los contagios y propagación del virus, cuestión que correctamente hay que debatir. Sino que involucra actividades impostergables y sensibles y del ámbito laboral. Abren la posibilidad de intervención de las “autoridades competentes” incluyendo las fuerzas represivas.

Queremos alertar, una vez más, que las medidas sancionatorias no son sinónimo de sanitarismo, por el contrario, pueden abrir las puertas a envalentonar a las fuerzas represivas (algo que ya viene sucediendo con extrema gravedad, multiplicándose los casos de gatillo fácil).

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En la provincia de Facundo Astudillo Castro, un joven que fue desaparecido y luego asesinado, en el marco de un operativo de la policía de Berni/Kicillof, para “hacer cumplir” (a punta de fusil) la obligatoriedad de la cuarentena, mientras en Olivos y desde la oposición de derecha se hacían fiestas vip. Muestra que cuando se pretende responder a problemas sanitarios con las fuerzas del “orden”, solo se consigue represión. Aún resuenan las “arengas castrenses” del ministro Sergio Berni con su “no hay lugar para los tibios y librepensadores”, rematado con un “Orden, subordinación y valor” que llevó a la Bonaerense a acciones temerarias en barrios populares, y la vía pública, durante toda la cuarentena.

Pero además, también tenemos que preguntarnos qué sucederá con aquellos trabajadores y trabajadoras no vacunados. ¿El gobierno habilitará así vía libre a las patronales para sancionar e incluso despedir a trabajadores que no cumplan con la medida, impidiendo que tomen sus puestos de trabajo como se vio anticipadamente en la provincia de Jujuy?. La necesaria ampliación de la vacunación y difundir (y convencer) de los beneficios de la misma no puede abrir paso de ninguna manera a ataques laborales.

Un debate que debe hacerse

Por último, también hay un debate abierto entre los especialistas sobre la imposibilidad de determinar la obligatoriedad de un producto que (por la voracidad de los laboratorios) no completaron las fases de prueba, para lograr así una certificación definitiva internacional.

La doctora Silvia González Ayala, titular de la Cátedra de infectología de la Facultad de Medicina de la UNLP, miembro de la SADI y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, también parte del equipo de expertos asesores del Gobierno provincial, decía en declaraciones radiales a un medio platense lo siguiente:

“Mientras las vacunas de los distintos laboratorios no completen sus estudios, el Covid no podrá ser incluido en el calendario nacional de vacunación”. “De las vacunas que se aplican en el país todas tienen aprobación de emergencia, por lo tanto, ninguna puede ser obligatoria, para ser incluidas en calendario nacional, hasta que finalicen sus estudios”. Para señalar luego que “todas las vacunas han demostrado eficacia y efectividad con grados variables, eso no está en cuestión. El punto es que no han cumplido con los requisitos para ser presentados ante las autoridades internacionales y obtener aprobación final, requisito indispensable para su obligatoriedad”.

Éste y otros debates, sobre la (no) estrategia sanitaria del Gobierno, deberían darse de manera pública, de cara a la población, en el Congreso, donde por ejemplo, pudieran tomar la palabra sectores científicos o de trabajadores de la salud. Propuesta que desde el Frente de Izquierda se ha venido planteando desde el inicio de la pandemia y hoy, dado el funcionamiento presencial de la Legislatura, debería ser discutido entre todas las fuerzas. La planificación y centralización de todos los recursos existentes, al servicio de combatir y mitigar la pandemia, vuelve a ser un debate necesario y se pone a la orden del día.

Las vacunas. Desigualdad y patentes

La vacunación es, hasta ahora, la medida más eficaz desarrollada frente a la emergencia de la pandemia desatada en 2020 por el virus SARS COV 2. La guerra de las farmacéuticas por su comercialización y distribución, bajo la mercantil política de patentes, ha dejado a las claras que si bien se trata de un bien social, de vital importancia para la humanidad, toma un carácter puramente lucrativo en manos de los laboratorios y multinacionales farmacéuticas, que son sostenidos por los principales Estados capitalistas.

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Un conjunto de países y organizaciones han reclamado el fin de las patentes para las vacunas contra el Covid-19, como única manera de terminar con la desigualdad existente entre países y regiones. Según un informe de fines de noviembre del Panel Independiente de la OMS, más del 67% de la población en países de altos ingresos está completamente vacunada, mientras en países de bajos ingresos, menos del 5% recibió al menos una dosis.

Como han sostenido los principales referentes del Frente de Izquierda en nuestro país, la liberación de patentes y la transferencia de tecnología para su producción a gran escala por todos los estados, es lo único que permitiría mitigar la situación, limitando la aparición de nuevas variantes, que surgen predominantemente allí donde los niveles de vacunación son muy bajos, (pero no solamente, como ha ocurrido ya en Europa con nuevas variantes anteriores como la del Reino Unido de fines del 2020) y poner a la salud como un derecho humano básico y universal y no la fuente de lucro de un puñado de monopolios.