PANDEMIA CORONAVIRUS ¿QUÉ MEDIDAS HACEN FALTA? Los anuncios del Gobierno son más publicidad que soluciones reales, se necesitan otras medidas

Como se sabe, la emergencia por la pandemia del Covid-19 no es solo por cuestiones de salud sino que implica también cuestiones sociales y económicas. El Gobierno nacional viene tomando unas medidas y anunciando otras, mostrando como si se estuvieran tomando todos los recaudos necesarios y haciéndose lo que hay que hacer. Sin embargo, lo único realmente cualitativo viene siendo el confinamiento (“cuarentena”) y un aumento en el autoritarismo del Estado, con mayor control policial de la población, con persecución y represalias a los que exigen condiciones seguras de trabajo, de atención, o muestran los problemas reales. En este marco anunciaron medidas económicas y sociales que, como mostraremos aquí, tienen más de propaganda que de efectos reales sobre los problemas planteados.

La inamovilidad laboral la han convertido en una mera formalidad que no se cumple, pues desde hace bastante tiempo las empresas vienen suspendiendo y despidiendo trabajadores bajo el amparo del Ministerio del Trabajo, es decir, del propio gobierno que declara para el público que “hay inamovilidad laboral”. A partir del paquetazo de agosto de 2018 –llamado “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad”– miles de trabajadores han sufrido despidos masivos directos, o simulados bajo la figura de “suspensión” para después botarlos, y en todos los casos las empresas contaron con la interpretación a su favor de artículos de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y con la complicidad de las Inspectorías del Trabajo.

Pero no solo en la empresa privada, el propio gobierno también, cada vez que ha querido, despide sin ton ni son, pasando incluso por encima de fueros sindicales y demás garantías. Despidos masivos –como los trabajadores de la Cancillería– y también selectivos, contra dirigentes por hacer una asamblea o por participar de protestas exigiendo derechos laborales. ¡Incluso, hasta por quejarse de su pírrico salario en una red social despidieron a un trabajador del metro! En fin, la empresa privada y el Gobierno pisotean como les da la gana la proclamada “inamovilidad”, por eso es una burla para los trabajadores del país que se la presenten como una medida de “defensa del empleo y los puestos de trabajo”, cuando entre los capitalistas privados y el Estado la han convertido en “letra muerta”.

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Bonos que no cubren ni un par de días de necesidades básicas una familia. Anunciaron un “bono complementario” para los trabajadores del sector privado y para trabajadores del sector informal. Veamos: el bono por cuarentena que ya emitieron es de ¡350 mil bolívares! ¿Cuánto de alimentos o medicina se puede comprar con eso? Un kilo de queso “barato” pasa fácil los 250 mil Bs., medio cartón de huevos no baja de 150 mil… ni para esas dos cosas alcanza el bono, ¡y ni hablar de proteína animal, jabón, cloro o medicinas! Todos productos que no vienen en las cajas Clap. ¿Cómo es posible que se diga que eso es la protección social para los trabajadores?

El salario de la clase trabajadora venezolana está pulverizado por acción tanto de los empresarios y grandes comerciantes como por el Gobierno, baste señalar el infame Memorando 2792 a partir del cual dejaron sin efecto las contrataciones colectivas, despojando al salario de todos los complementos con que éste se redondeaba. ¡Y ahora nos vienen a vender esos míseros bonos como “ayuda! ¡Derogar el 2792 hubiese sido por lo menos un buen comienzo y un avance real!

¿Y sobre los precios que siguen su escalada? Nada de nada. El pueblo sigue siendo castigado por la inflación en medio de esta emergencia, incluso productos elementales para prevenir y combatir el virus, como jabón, alcohol o mascarillas, ha seguido subiendo de precio. ¿Qué medida de emergencia se anunció ante eso? Ninguna. Y no solo es el precio, sino también la escasez de algunos de esos productos, frente a lo cual tampoco se anunció nada concreto.

Otra de las medidas que es casi simbólica es la suspensión de los pagos de créditos. Hace bastante tiempo que los bancos no están otorgando créditos –mucho menos después que el gobierno subió el encaje legal al 100%–, y en el caso de los trabajadores que tenían acceso a tarjetas de crédito, en la inmensa mayoría de los casos el monto del crédito es irrisorio.

Algo similar puede ocurrir con la suspensión del pago de alquileres residenciales y comerciales. Empecemos por el hecho elemental de que gran parte de los alquileres en el país se transan en dólares, sin contrato legal ni recibos de por medio, sino por acuerdo de palabra. La mayoría de los inquilinos hoy no tiene soporte legal de su condición. ¿Quién va a hacer cumplir realmente que el dueño de una vivienda no obligue al inquilino a pagarle? ¿Qué garantías brinda el gobierno para los inquilinos? Ninguna en realidad. Además que no hizo la más mínima diferenciación entre los “terratenientes del concreto”, los que son dueños de muchas viviendas e, incluso de edificios enteros, y aquellas familias de la clase trabajadora o de los barrios que alquilan una habitación de su propia casa, o una parte de esta, para redondear el ingreso, personas para quienes debe establecer un trato diferenciado vía subsidio temporal.

La prohibición de la suspensión de los servicios de telecomunicaciones es quizás la medida que más efecto real puede tener, sin que dejemos de mencionar, por cierto, el enorme aumento en sus ganancias que ya reportaron las operadoras privadas en las primeras semanas de la nueva situación. Sin embargo, la medida no precisa nada respecto al pago o corte luego de ese tiempo: es evidente que tanto por el confinamiento como por las mayores necesidades de estar informado, comunicarse y realizar diligencias o trabajos a distancia, aumentará considerablemente el consumo de estos servicios. Hasta ahora, la medida solo implica que las muy probables facturas abultadas, de no pagarse, se acumularán. En el caso de las empresas públicas (Cantv y Movilnet), las fallas del servicio son recurrentes.

No hay aun pruebas o test de despistaje masivos. La recomendación de la OMS es combinar el confinamiento con los test masivos, desde el punto de vista de enfrentar el contagio, el confinamiento por sí mismo es insuficiente, si no se realizan las pruebas lo más masivas posibles para la detección (recordemos que el 90% de los casos son asintomáticos). En los que están en cuarentena puede haber virus sin detectar, y también en las decenas de miles de trabajadores que, de hecho, no pueden guardar cuarentena (sector salud, producción, farmacias, supermercados, transporte, etc.) y los que para poder conseguir el sustento diario necesitan sí o sí salir a ver qué resuelven. Por eso, como mínimo, en el peor de los casos, debe hacérsele la prueba a todos los que presenten síntomas, así sean leves.

Lo que anunció el Gobierno es que hasta el 23/03 más de 10 mil personas han reportado por la Plataforma Patria alguna sintomatología y a muchos se les ha visitado, pero el test solo se le ha hecho a unas pocas centenas que presentan síntomas fuertes, totalmente alejado de lo que debiera ser. Ni siquiera a los trabajadores de la salud, los más expuestos, se les ha aplicado masivamente el test, ni a las zonas en las que ya hay contagio comunitario.

¿Sobre la falta de condiciones de bioseguridad de muchas trabajadoras y trabajadores de la salud? En numerosos centros de salud se reportan falta de condiciones de protección básicas, falta o escasez de mascarillas, guantes, batas quirúrgicas, incluso alcohol, jabón y hasta agua. En sus reiterados anuncios el Gobierno no dice absolutamente nada de eso, consecuente con la política reaccionaria de buscar ocultar la realidad y, en cambio, amedrentar y tomar represalias con quienes exigen este derecho fundamental.

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De conjunto, las medidas anunciadas no dan respuesta seria y real a las necesidades sanitarias y sociales derivadas tanto de la pandemia como de la misma cuarentena. Una realidad que apenas comienza. Hace falta un verdadero plan integral para enfrentar la emergencia socio-sanitaria, un plan que, como señalamos en la declaración de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), evite que este nuevo peligro profundice la catástrofe que ya arrastramos.

Estas son algunas de las medidas que realmente pueden dar respuesta a las necesidades del pueblo trabajador ante esta situación:

1. Todos los recursos que haya en el país relacionados con la salud y susceptibles de usarse para responder a la emergencia, incluyendo los privados, deben ser centralizados por el sector público y que su uso sea controlado por comités de los propios trabajadores de la salud y especialistas. Instalaciones, insumos y equipos de las clínicas, hoteles, laboratorios, empresas que fabriquen o puedan reconvertirse para fabricar tapacocas, guantes, alcohol, jabón, sanitarios, camas, etc., las farmacias y sus insumos, todo eso debe estar disponible como recursos públicos para la emergencia. ¡La vida y la salud del pueblo deben estar por encima del interés de ganancia empresarial! De igual manera, no hay garantía si se deja todo en manos de la burocracia gubernamental y los militares, por eso deben ser los propios trabajadores quienes ejerzan un control sobre esos recursos.

2. Prohibición de despidos, ingreso no menor al costo de la canasta básica para los trabajadores dependientes y por cuenta propia. En lugar del hipócrita “saludo a la bandera” de ratificar la “inamovilidad laboral” que no cumplen, se necesita una directa y expresa prohibición de despidos. A su vez, el Estado y los empresarios deben garantizar a los asalariados un ingreso que cubra como mínimo el costo de la canasta básica (alimentos, medicina, transporte y servicios) y lo mismo a los no-dependientes mientras no puedan laborar. Es decir, algo muy superior al pírrico monto de los “bonos de la patria”.

3. Garantizar la aplicación masiva de las pruebas de descarte del virus. Los propios datos oficiales muestran que eso no se está haciendo. Esas pruebas son clave para cortar la cadena de contagio y para optimizar el uso de los recursos del sector salud, son como el “GPS” que se necesita para saber dónde poner los esfuerzos. El Gobierno anunció la semana pasada que disponía de 320 mil test y que traería una cantidad superior a esa, pero hasta ahora no pasan de algunos centenares las pruebas aplicadas. Hay que exigir que se concrete la aplicación masiva.

4. La distribución y los precios de los alimentos, medicinas y productos para prevenir el contagio deben ser controlados por los propios trabajadores y las comunidades conformados en comités para ese fin. ¿Hasta cuándo va a sangrar el pueblo porque se antepone el lucro privado? ¡Y más aún en estas circunstancias! El gobierno se limitó a acordar “precios accesibles” con los empresarios de las farmacias, pero todos sabemos que en una simple mascarilla, un frasco de alcohol y un jabón se va más del sueldo mínimo, además que “escasean”. Los alimentos siguen aumentando. Todos los precios de los bienes de primera necesidad deben ser revisados y fijados por esos comités, así como la distribución, teniendo acceso a toda la información sobre los niveles de ganancia, de producción y de stock, lugares de almacenamiento, cadena de producción y distribución, para evitar mentiras, chantajes y mafias. Ni bajo control de los empresarios ni de los militares y burócratas. Con eso se debe garantizar la distribución gratuita y masiva al pueblo de cuestiones elementales para combatir el virus (mascarillas, alcohol, jabón, etc.).

5. Garantías mínimas a los trabajadores de la salud y refuerzo del personal. El Gobierno viene con una línea de ocultar los reclamos por falta de bioseguridad, ha amenazado con despidos, movido de lugar de trabajo a quienes encabezan algunos intentos de organización, e incluso detenido, a quienes reclaman. Cuando lo que se necesita hoy es incorporar más trabajadores del sector y garantizarles un ingreso digno y condiciones básicas de protección. Recién anunció genéricamente “reforzar la protección especial” para estos. Es clave exigir esos derechos y el cese de las represalias. ¡Libertad plena ya a los trabajadores de la salud detenidos!

6. Eliminación del IVA para los productos de la canasta básica, impuestos a las ganancias y grandes capitales nacionales y extranjeros. ¡Ya basta de alcahuetería con los empresarios y meter mano al maltrecho bolsillo del pueblo! ¿Cómo es posible que en medio de las calamidades del país y con un Estado quebrado, sigan exonerados de impuestos los grandes pulpos petroleros y numerosos sectores empresariales? De allí deben salir recursos para atender las necesidades de la emergencia sanitaria y social.

7. Repatriación forzada de capitales. Conminar a todos los que desangraron al país a traer todos esos recursos que hacen falta con tanta urgencia, o caso contrario, estatizar sus bienes en el país y enjuiciarlos con pena de prisión. Lo que ha causado ese desfalco al país, y lo que aún pueden causar, es drástico, drásticas tienen que ser las medidas para revertirlo.

8. Desconocimiento y repudio de la deuda externa. El país se terminó de arruinar y sumir en la tragedia por destinar los disminuidos recursos que tenía a satisfacer la usura del capital financiero. Ahora en acuerdo con la oposición de derecha buscan financiamiento de la mano del FMI, que como se sabe, imponen condiciones leoninas aún para préstamos de emergencia.

9. Centralización en el sector público y bajo verdadero control de los trabajadores, de toda la producción requerida para cubrir las necesidades del pueblo. A pesar del terrible colapso económico, en el país se sigue produciendo y también hay capacidad instalada sin uso. Muchas y grandes cosas se podrían hacer para elaborar y distribuir productos asociados a la salud y a la alimentación, si el empleo de esos recursos no estuviera limitado, por un lado, por las decisiones del capital privado –solo interesado en sus ganancias–, y por el otro, por las de los burócratas gubernamentales que conducen las empresas públicas. ¡Si los propios trabajadores tienen comités que ejerzan el control de la producción y que puedan poner en práctica sus diferentes iniciativas, muchas necesidades populares de hoy se pueden cubrir!

10. Abajo las sanciones imperialistas. El gobierno ha renovado la exigencia de que se levanten las sanciones, y aunque las usa como pretexto para ocultar su responsabilidad en el desastre nacional, es un hecho cierto que si antes de esta emergencia ya eran repudiables y criminales las confiscaciones de bienes del país, retención de recursos y bloqueo parcial, hoy lo son en grado extremo. Incluso diferentes organismos internacionales, como la Cepal y la Comisionada de la ONU para los DD.HH. se han pronunciado por su levantamiento. Debemos exigir con más fuerza que nunca el cese de esas medidas y repudiar con todo a los políticos que, como Guaidó, las aplauden.

11. Acceso a toda la información sobre la realidad de la situación. El pueblo venezolano tiene derecho a saber la verdad de la situación, las cifras de los casos, lo pertinente o no de las medidas tomadas, si son realmente efectivas o no, etc. No puede quedar a expensas del secretismo oficial, que no tiene credenciales para pedir confianza en la materia. Tampoco víctima de posibles campañas de desinformación que se monten sobre la opacidad oficial. La clave para eso es ¡Cero censura ni persecución a los trabajadores de la salud y de la prensa! Eso implica exigir ¡Anulación de las leyes que criminalizan la información y la opinión!

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