A propósito de la reforma laboral impulsada por Macri y el empresariado, vamos a repasar algunos planes para recortar las conquistas de la clase obrera, llevados adelante por distintos gobiernos, algunos dictatoriales y otros elegidos por el voto popular.
Domingo 26 de noviembre de 2017
La clase obrera, deberá enfrentar esta nueva ofensiva de los capitalistas y de los que gobiernan para ellos, Macri y Cía, porque como escribió Carlos Marx, en “Salario, precio y ganancia”: “El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc. está toda absorbida por su trabajo para el capitalista es menos todavía que una bestia de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido es una simple máquina para producir riqueza ajena. Y sin embargo toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, sino se le pone un freno laborará siempre implacablemente y sin miramientos por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación”.
Introducción
A propósito de la reforma laboral impulsada por Macri y el empresariado, vamos a repasar algunos planes para recortar las conquistas de la clase obrera, llevados adelante por distintos gobiernos, algunos dictatoriales y otros elegidos por el voto popular.
Siempre el objetivo fue lograr más productividad, que es más explotación y disciplinamiento al interior de los lugares de trabajo.
Abarcaremos el Congreso de la Productividad de marzo de 1955, la Revolución Fusiladora, la Dictadura de Ongania, los años de los genocidas del 76, los 90 de Menem-Cavallo, y el proyecto de Macri y Cía, etc.
El Congreso de la Productividad
Marina Kabat, nos plantea que “dicho encuentro constituyó uno de los eventos más significativos de la lucha de clases en la Argentina. Representó una primera ofensiva empresarial contra los derechos adquiridos por los obreros a lo largo de dos décadas. Muchos de los reclamos empresariales (la rigidez de los convenios en cuanto a escalafones, la posibilidad de cambiar horarios o funciones de los empleados, la carestía de los despidos, etc.) reaparecerán en momentos posteriores cuando se discuta la flexibilización laboral. Otros puntos en disputa se dieron en la relación de fuerzas existente en ese momento y el peso de las comisiones internas y de los delegados de fábrica”.
José B. Gelbard, quien fuera fundador en 1953 de la Confederación General Económica (CGE), organización gremial empresaria que núcleo a los pequeños y medianos empresarios nacionales, estallada la crisis económica en 1952, supo sintetizar las aspiraciones de un sector de la burguesía: “Cuando se dirige la mirada hacia la posición que asumen las comisiones internas sindicales, que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de trabajo honesto por una paga justa, no resulta exagerado, dentro de los conceptos que hoy prevalecen, pedir que ellos contribuyan a consolidar el desenvolvimiento normal y la marcha de la empresa”.
José B. Gelbard
Los cambios desde 1952
El proceso de crecimiento capitalista en la Argentina cambia radicalmente a partir de 1952. De esa fecha en adelante toda expansión significativa en el desarrollo de las fuerzas productivas debía pasar necesariamente por la acumulación de capital en la Industria Pesada.
En 1953, se había promulgado la Ley de Radicación de Capitales por la que se aseguraba a los inversores extranjeros la posibilidad de efectuar remesas de sus reservas.
Ya en ese momento la economía argentina había desarrollado una industria liviana que producía todos los bienes de consumo durable que en el 30 aún se importaban.
Era necesaria la inversión capitalista en infraestructura e industria pesada, que tiene muy profundas diferencias en su desarrollo con los de la industria liviana como ser:
a.- Gran magnitud de inversión de capital constante.
b.- Bajo grado de aumento en la ocupación de mano de obra con relación a la magnitud del capital invertido.
c.- Rendimiento tardío en la inversión del capital, a pesar del carácter reproductivo de esas inversiones, etc.
Además de estas características propias de la inversión y desarrollo capitalista, se agregaban algunos fenómenos importantes que ya en la década del 50 y aún antes estaban presentes.
Existía una tendencia consistente en una muy baja y decreciente participación del capital externo en la infraestructura tanto en préstamos públicos como en inversión directa (esto último, sobre todo, por la baja tasa de ganancias en esas inversiones). Esto no era patrimonio exclusivo de la Argentina, sino características generales del capitalismo mundial.
Otro fenómeno importante a tener en cuenta era la baja tasa de ganancia capitalista que daban las inversiones externas en la Argentina en comparación con otros países como Brasil.
En definitiva el proceso de acumulación capitalista necesaria e inexorable en la industria pesada, que comienza a arrastrarse fundamentalmente desde el 52, necesitaba contar con inversiones masivas provenientes de la transformación de plusvalía interna o externa en capital. En otras palabras, inversiones de capital externo o interno en cualquier proporción respectiva, pero la inversión masiva no podía eludirse durante mucho tiempo.
El gobierno de Perón buscó intensificar ambos mecanismos de acumulación. Y comenzó a llevarse adelante un plan tendiente a aumentar la productividad del trabajo de tal modo que se genere un mayor excedente de plusvalía necesaria para la acumulación capitalista en las nuevas condiciones.
Esto se reflejó en una tendencia, no muy profundamente desarrollada, pero perceptible, a la disminución de la participación del salario en el total del producto en lo que al aspecto económico se refiere y a un aumento de las luchas obreras en el plano social (el Congreso de la Productividad y las cifras de huelgas que fueron en ascenso en los últimos años del gobierno de Perón, son expresiones de lo afirmado).
Desde los mandos medios sindicales a las bases, había una sensación de inseguridad, que creció en la medida en que las fuerzas productivas frenaron su ritmo expansionista. Los trabajadores y los dirigentes sindicales que habían surgido en los últimos años bajo la euforia del primer plan quinquenal no se adaptaban fácilmente a la nueva situación creada por las dificultades económicas.
En 1954 se computaron 1.444.949 jornadas por conflictos de trabajo, sin sumar los paros generales, de un total de 119.701 trabajadores. Con esta incertidumbre, basada en hechos muy concretos: el salario real del obrero industrial, tomando como base 1943: 100, era en 1954 de 102, 4 cuando en 1948 estaba por encima de 130.
Al final de ese año ya se mostraban los límites. El primero y más importante lo enuncian los propios empresarios durante la conferencia sobre “La organización y relaciones del trabajo” definiendo quién era para ellos el verdadero “enemigo” era la productividad.
Ese mensaje es tan transparente que conviene transcribirse: “Las Comisiones Internas han mostrado repetidamente no comprender cuáles son las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas, y su actitud constituye uno de los principales obstáculos que traban la organización racional de la producción. En forma arrogante han apropiado arbitrariamente el derecho a aceptar o rechazar las propuestas que hacen las gerencias de las empresas con relación al cambio de métodos, al incremento de la velocidad de las máquinas, a la eliminación de las tareas innecesarias. Rechazan la validez de las sugerencias que hacen para reducir personal, incrementando la productividad, introducir un mayor control sobre las tareas, etc., (….) aun en aquellos casos en los que dichas sugerencias no impliquen un aumento en la carga de trabajo de los empleados. Es de público conocimiento que algunos sindicatos se oponen sistemáticamente a los esfuerzos de las empresas por aumentar la búsqueda de nuevas vías para incrementar la riqueza de la Nación: por ejemplo, se niegan a permitir un sistema de salarios ligados a la productividad individual de los trabajadores, o de una más racional distribución de las tareas (….) En la actualidad los sindicatos no han tomado conciencia todavía de los comportamientos más adecuados en la vida de las empresas (….). En consecuencias, no podemos contar con su colaboración para promover en el personal las actitudes más deseables…”.
No hay duda de que el año 54 fue el del desarrollo de las contradicciones más fuertes del proyecto peronista, mostrando que la posibilidad de seguir arbitrando los intereses opuestos se agotaba.
Objetivos y debates
Convocado el Congreso de la Productividad, un suceso aparentemente no oficial, se realizó entre el 21 y 31 de marzo de 1955, y demostró que la política económica había variado sustancialmente.
Empresarios y sindicalistas en el Congreso de la Productividad
El objetivo era remover los principales obstáculos al aumento de la productividad: principalmente el ausentismo y la labor de las comisiones internas; otro requerimiento patronal era poder rotar al personal entre distintas funciones por fuera del sistema de categorías.
Esa convención se realizó en el palacio legislativo nacional, siendo protagonizado por la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica.
Había surgido la necesidad de incrementar la productividad en los circuitos económicos, a través de la resignación de algunas normas y modalidades que había en el campo del trabajo.
Al hablar de productividad, los sindicatos comenzaron a inquietarse, e incluso hubo resistencias por parte de organizaciones gremiales formalmente peronistas, pero con ciertas bases que no estaban de acuerdo con el partido oficial.
Otras de las necesidades que surgió en el congreso fue la de terminar con ciertas modalidades como la “industria del despido”, que los primeros años se había transformado en un gran abuso, así como también lo había sido en un momento el exceso de horas extras.
Así llegó a 1955 la clase obrera, silbando a sus traidores en la plaza y resistiendo en las fábricas con sus cuerpos de delegados.
En 1954, el cuello de botella en cuanto a la actividad económica que se había producido en 1951 y 1952, había sido superado, según lo demostraba, por ejemplo, la caída de la inflación. Esta había disminuido desde un 40% en 1952, a un 4% en 1953 y un 3,5% en 1954, sin que se resintiera el poder adquisitivo de los salarios.
A pesar de lo que acabamos de exponer, no se había encontrado una salida a las dificultades estructurales que frenaban el crecimiento. La política de convenios bilaterales y la existencia de una importante flota mercante que ayudó a paliar la falta de divisas, pero no bastaba. Ya en 1952 aparece el objetivo del aumento de la producción. El tema se reitera en el 2º Plan Quinquenal y culmina en el Congreso Nacional de la Productividad.
Uno de los principios fundamentales de la doctrina y la práctica peronista era la concertación social. Ésta había dado buenos resultados durante la primera presidencia de Perón, cuando crecieron paralelamente las condiciones de vida de los trabajadores y los beneficios de los empresarios que producían para el mercado interno.
Es por ello que tanto la Confederación General Empresaria (CGE) como la CGT (Confederación Nacional del Trabajo) planeaban debatir la forma de elevar la productividad.
El 1º de octubre de 1954, Perón había pronunciado un discurso en el que decía que "ya no es posible que se beneficie un determinado sector de la actividad económica mediante el aumento de su participación en la distribución de la renta nacional en detrimento del resto".
Se había llegado al límite de la etapa distribucionista y había que aumentar la productividad, por el esfuerzo de los trabajadores, para agrandar –como se dice vulgarmente- la torta a repartir.
Perón inauguró el evento, diciendo que "... es inútil pensar en mejoramientos de ningún orden si no nos ponemos de acuerdo para crear abundantemente los medios de ese mejoramiento".
Estuvieron representados 620.000 empresarios y seis millones de afiliados a los distintos gremios.
Reunión de la CGE
En los discursos de inicio marcaron la cancha. Perón dijo “Depuestos los enconos, y las incomprensiones, llegamos a esta reunión: los empresarios, los trabajadores, y el Estado cada uno con su orientación, con su idea y con su objetivo pero también con su deber y su responsabilidad”.
El empresariado profundizó su queja exigiendo: “la revisión del cuerpo de la legislación laboral y la rectificación de todos los contratos colectivos a fin de ubicarlos dentro de los lineamientos requeridos por la necesidad de promover en forma eficiente una mayor productividad de acuerdo al principio de libre empresa.”
En esa ofensiva, exigían la dirección y organización de la empresa sin interferencias sindicales y/o gubernamentales que recortaran su conducción y su tasa de ganancia.
Eduardo Vuletich, secretario general de la CGT, contestó duramente: “No estamos dispuestos a ceder ninguna de las conquistas logradas, obra de un genio cuya visión de estadista parece interpretar el sueño de un apóstol entregado a la redención humana, y que por ser así de grande, hermosa, nosotros estamos dispuestos a defenderla con toda decisión”.
Ratificando: “las garantías y los beneficios adquiridos antes de 1950 formaban parte integral de la revolución peronista y por ende no eran negociables”. La declaración final, sin propuesta concreta, mostró que se estaba en un callejón sin salida y el fracaso del rol de mediador –o de árbitro- que el Gobierno se había empeñado en jugar.
No todo fue color de rosa en el Congreso. José Gelbard, presidente de la CGE, como indiscutido líder empresario, definió su concepción del capitalismo humanista: "La productividad no constituye, en sí misma, un fin sino un medio para fomentar el progreso social, consolidar el bienestar general, desarrollar la justicia social y afianzar la independencia económica del país".
En ese Congreso, Gelbard habló por primera vez de su idea de Pacto Social, según lo expresó en su libro María Seoane, Gelbard, el burgués maldito.
Se pusieron de manifiesto, tanto las exigencias de mayor esfuerzo por parte del sector empresario, como la desconfianza de los trabajadores de que se intentaba despojarlos de sus conquistas.
Gelbard afirmó que si bien no se quería una vuelta atrás en la legislación social, los empresarios querían garantizar su “derecho a la dirección y organización de la empresa sin interferencias”. Y advirtió “No es aceptable que, por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato y la fábrica se paralice… otro factor negativo que no podemos silenciar es el ausentismo… Hay que terminar con los lunes de huelga…”. Al finalizar el encuentro, él mismo afirmó que “el incremento de la producción no se traduciría de ningún modo en el aumento de salarios”.
En eso estaban de acuerdo patrones, dirigentes sindicales y el gobierno, que promovía el congreso acosado por una realidad: la pérdida de ritmo en el crecimiento económico.
El líder de la CGT, Vuletich no se quedaría atrás: “Hacen también a la productividad quienes honradamente se han dado a la tarea de pregonar incesantemente por todos los ámbitos de la patria de que nada serviría obtenerla si para ello fuera menester alterar, aunque sólo fuera en parte, la legislación de amparo que hoy tienen los trabajadores argentinos... Se habla de ausentismo. Es, indudablemente, un mal que debemos y estamos dispuestos a combatir; pero eso sí, cuando se comparen estadísticas..., se sepa diferenciar el ausentismo culpable, del socialmente justo que resulta de la aplicación de las leyes obreras justicialistas... y las que permiten el más holgado estándar de vida que relevan de los esfuerzos inhumanos, eliminados por la justicia social de la nueva Argentina de Perón".
Las jornadas dieron por resultado un Acuerdo Nacional de Productividad. Sus efectos no alcanzaron a conocerse, ya que seis meses después el gobierno era derrocado.
Ikonicoff, en su ensayo: “De la cultura de la renta a la economía de producción”, considera que el Congreso indicaba una voluntad de superar lo que él denominó "cultura rentística", que había sido heredada de los tiempos de las “vacas gordas”, aunque entonces la renta sólo alcanzaba a la oligarquía.
Señaló que el despegue pudo haberse producido mediante el método de "convocar a los actores económicos y sociales al esfuerzo y al sacrificio. Y la sociedad es sensible a estos llamamientos sólo en aquellos instantes privilegiados de la historia en que se instaura una relación particular de credibilidad entre gran parte de la misma y el poder político".
En el acto de Clausura, el general Perón se esperanzó en que los trabajadores y empresarios comiencen una etapa positiva conjunta.
El tema fue discutido y no aceptado totalmente por los trabajadores, periódicos y publicaciones de las empresas como La Pulga de Alpargatas, Unión y Lucha de los Gastronómicos, La Voz del Vestido, El Metalúrgico, Sudan, todos menos Los Patrones de Sudamtex, fueron tribunas desde donde se alertaba, a veces con cautela y otras duramente, sobre el hecho de que, en ese acuerdo, las únicas víctimas serían los trabajadores.
La situación para los trabajadores se agravó y fue por la aplicación de la racionalización capitalista, aceptada por el gobierno nacional. Se hacía notoria la baja del nivel de vida de los trabajadores, ya que los salarios eran totalmente insuficientes para hacer frente al costo de los artículos de consumo familiar. La aplicación de los métodos propiciados por el Congreso de la Productividad amenazaba con provocar despidos en masa.
Fue el epílogo de una campaña patronal-sindical-gubernamental realizada durante varios meses. Se aprobó el llamado “Acuerdo Nacional” que daba carta blanca a las grandes empresas para implantar métodos tendientes a incrementar la producción, aun a costa de intensificar la explotación de los trabajadores y anular sus conquistas sociales y económicas.
Mediante dicho “acuerdo” los sindicalistas de la CGT y los empresarios se comprometían a actuar armónica y solidariamente; se aceptaban las técnicas de racionalización capitalista para obtener “índices óptimos de productividad” mediante el aprovechamiento máximo de la fuerza de trabajo; se aceptaba la “reducción de personal de acuerdo con las exigencias tecnológicas”, o sea, el desempleo. En lugar de aumentar los sueldos y salarios de acuerdo con el costo de la vida, se determinaba el “incremento indirecto” mediante el destajo y los sistemas de premios; se creaba el Instituto Nacional de la Productividad, formado por dirigentes sindicales, representantes patronales y gubernamentales; se autorizaban los acuerdos entre las empresas y las direcciones gremiales, “independientemente de los convenios en vigencia”, o sea, violando los convenios.
En el discurso de clausura del congreso, Perón empeñó la palabra del gobierno para que dichas cláusulas fueran cumplidas. Y 13 de abril en un discurso en SUTIAGA afirmaba que “Algunos habrán creído que el Congreso de la Productividad era una cosa para charlar un poco nada más. Sin embargo, yo, que he visto y oído las deliberaciones, puedo asegurar que no ha sido así. Ha sido una cosa donde alguno se hizo el vivo y pretendió tocar las conquistas logradas por los obreros (…) se discutió y se peleó mucho. Lo que si se decidió es que vamos a producir bien, a trabajar más. ¡Y cuidado con tocar las conquistas. Eso va a quedar como antes. Y es la demostración de que los compañeros son hombres capaces y además de capaces vivos. No son sonsos. Uds. pueden ser sonsos. El que lo es no dura mucho”.
Una mirada puede concluir en que “las conquistas no se tocan, pero a trabajar mejor y producir más”, con todo lo que ello implica. Otros plantearon que los empresarios se retiraron descontentos del congreso. Pero hubo un guiño de Perón a los empresarios y otro a los trabajadores.
En síntesis: A producir más para los empresarios.