Tribuna Abierta. Los ataques a la clase obrera entre 1954 y 2017 (III)

El “Rodrigazo”

Fallecido Perón y con la asunción de su esposa Isabelita, se fortaleció el poder de José López Rega, creció la ofensiva de la derecha peronista y de la “Triple A”, aumentaron los desaciertos económicos; todo lo cual fue creando un clima de crisis económica, social y política.

Las condiciones de la economía capitalista mundial hasta principios del 74 permitían que los capitalistas de la Argentina vendieran caro y compraran relativamente barato. Eso se expresó en la balanza comercial y de pagos favorable (1.000 millones de dólares en 1973). En consecuencia, buenas reservas de oro y en divisas; por ende, posibilidades de emisión monetaria que no equivalía a la falsificación de billetes, expandiendo aún más el mercado; y, por otra parte, el crédito abundante, ágil y barato era un factor más para compensar la caída de la tasa de ganancia.

La caída de Gelbard, el hombre junto a Perón del Pacto Social, en octubre de 1974, fue la expresión del fin de las posibilidades del “distribucionismo” iniciado en 1973.

La firma del Acta de Compromiso Nacional en febrero del 75 fue su certificado de defunción ya que las “partes” que inicialmente pactaron voluntariamente la distribución dejaron de poder concertar y el Estado –en febrero del 75- impuso a las “partes” el 15%, lo que para “unos” era demasiado poco y para “otros” excesivo.

El gobierno –que nació apoyado en la Unión Nacional de la mediana y gran burguesía industrial por un lado y el proletariado por el otro- perdió aceleradamente el respaldo de ambos y sólo conservó el sostén del cascarón burocrático sindical, partidista y empresario, que fue quedando más vacío de contenido.

La clase obrera marchaba a su constitución fabril, generando nuevas formas organizativas; los empresarios de la CGE dejaron de responder a Broner y pasaron a seguir a los exdirigentes de la UIA o a los de la gran burguesía nucleados en la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias. El Partido Justicialista sufrió, además de la fragmentación, los efectos de su aislamiento de la clase obrera.

Desde el agotamiento del mecanismo distribucionista, la tendencia inexorable de la economía capitalista conducía a la caída del salario y germinaba entonces la necesidad de organizar esa orientación espontánea, pero como planificación distributiva inversa a la voluntariamente acordada entre la burguesía y el proletariado en 1973.

En los primeros meses de 1975, ante el deterioro del salario tras la trepada de los precios, creció la preocupación en el movimiento obrero.

Debían reunirse las Comisiones Paritarias, congeladas por dos años desde 1973. La convocatoria del Gobierno no estipulaba topes en la discusión salarial.

En marzo, el Ministerio de Economía concedió un aumento de emergencia de 400 pesos mensuales y devaluó la moneda en un 50 %.

En mayo, la CGT Nacional logró un arreglo con el gobierno: habría un aumento masivo y uniforme del 38 %. El ministro de Economía Gómez Morales manifestó su desacuerdo y renunció antes de que se firmaran los acuerdos de las paritarias.

El 2 de junio asumió en su remplazo Celestino Rodrigo, con un plan económico que constaba de la aplicación de una política de “shock” para desacelerar la inflación y favorecer la inversión mediante el aumento de la rentabilidad. Se trataba de lograr una contracción del salario real y un aumento de las tarifas tanto de los servicios públicos como de los combustibles. La devaluación beneficiaba a los exportadores de cereales y a los ganaderos y tendía a la concentración del gran capital industrial. Vía devaluación y reembolsos se apoyaban las exportaciones industriales dominadas por las multinacionales.

Tras los primeros aumentos de precios, desde el Ministerio de Economía, se ofertó un incremento salarial del 45% que no tuvo eco.

El 14 de junio, se reanudaron las paritarias. Los aumentos logrados en las mismas oscilaron desde el 60 u 80% hasta el 200%; pero éstos debían ser ratificados por el gobierno. De homologarse lo surgido de las paritarias se daría por tierra con el Plan Rodrigo.

No fue homologado ningún convenio luego que varios gremios firmaran sus acuerdos. Sobre la última semana de junio, el gobierno de Isabelita informó que finalizaba el plazo para las Paritarias.

El estado deliberativo en la clase obrera aumentó y crecieron las movilizaciones.

A raíz del estado de movilización, el viernes 27 de junio, se realizó un paro con una gran concentración en Plaza de Mayo, convocado por la CGT, las 62 Organizaciones y la UOM.

Hubo agitadas gestiones sindicales ante una posible derogación de las Convenciones Colectivas del Trabajo.

Al día siguiente, la presidenta Isabel Perón contestó y dio a conocer su determinación: la anulación de las Paritarias y el otorgamiento de un aumento general del 50 % y de un 15 % más en octubre y enero de 1976.

Con el Plan Rodrigo se había puesto de manifiesto una planificación distributiva contra el proletariado, que culminó con la anulación de los contratos colectivos de trabajo.

Celestino Rodrigo anunciando su plan

Un doble ataque contra los asalariados.

La anulación del contrato equivale a la anulación del derecho, al quitar al proletariado su carácter de libre vendedor de su mercancía (la fuerza de trabajo), base de su igualdad y libertad en el plano jurídico. La anulación de los contratos colectivos trascendía por ello el mero hecho económico y se transformaba en la patada inicial del golpe lopezreguista, que, anulando al ciudadano, anulaba al parlamento y transformaba a los trabajadores de esclavo social jurídicamente libre en esclavo social jurídicamente sometido: de ciudadano a súbito del isabelismo-lopezreguismo autocrático.

Frente a la voluntad de anulación del contrato por el Ejecutivo isabelino, se levantó la voluntad política del proletariado que con su movimiento autónomo le dijo “No a la No-homologación de los convenios colectivos”.

Durante varios días, los obreros reclamaron con masivas manifestaciones, la libre discusión de los convenios en el marco de la Ley 14.250 y la homologación de los ya pactados. Los dirigentes sindicales de varios gremios fueron desbordados por las bases.

Ante la movilización de la clase obrera en todo el territorio nacional, la CGT Nacional adoptó la determinación de realizar un paro por 48 horas, a partir de la hora cero del día 7 de julio.

La paralización del país fue total; mientras tanto, desde el gobierno y la burocracia sindical se intentaba negociar y, cuando se estaba cumpliendo el segundo día del cese de actividades, el Gobierno cedió: los acuerdos logrados en Paritarias fueron homologados.

En las jornadas de junio-julio de 1975, surgieron en los principales centros industriales las Coordinadoras.

“Si los patrones coordinan para explotar, los trabajadores coordinamos para erradicar la explotación”, proclamaba la Coordinadora de Gremios en Lucha de la Zona Norte del Gran Rosario.

Fueron quince días en que el país estuvo prácticamente paralizado, con masivas y permanentes marchas obreras en todo el territorio nacional, especialmente en los cordones industriales. Las concentraciones en Plaza de Mayo y en las principales plazas del país, a pesar de la burocracia, adquirieron un claro contenido político, exigiendo y logrando la anulación del “decretazo” de Isabel Perón y la renuncia de sus ministros Rodrigo y López Rega.

Se fue dando un espacio donde surgieron las Coordinadoras, formas organizativas de la clase obrera, sustentadas en la acción conjunta, la solidaridad, los principios de la democracia de base y la defensa de sus intereses.

Planteó Gilly, acertadamente “cuando el consejo sale de su fábrica y se une a los de otras fábricas en una red que se extiende al cuerpo social, inevitablemente entra en un conflicto con el poder del Estado (...) Cada vez que un acontecimiento similar se ha presentado o ha amenazado presentarse, ha coincidido con un alto nivel de la actividad huelguística, social y política del proletariado, y ha provocado la inmediata reacción del Estado para recuperar sus prerrogativas amenazadas y restablecer la autoridad del capital –o del Estado- en las fábricas”.

En los meses posteriores a junio-julio del 75, comenzaron a aparecer frecuentemente en el discurso de militares, empresarios, políticos y sindicalistas las apelaciones a la lucha contra la “guerrilla fabril”, “las huelgas salvajes” y los “infiltrados en el movimiento obrero”, tras lo cual toda la potencia represiva del Estado se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados con todos los medios a su alcance.

El golpe contra los trabajadores

Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes:

*.- Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción.
*.- Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política.
*.- La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones.
*.- Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”.

Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder.

El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares pondrían orden en los lugares de trabajo y en la sociedad.

El plan Martínez de Hoz

Por eso, sostenemos desde hace años, el golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado.

Desde 1969, en distintas zonas industriales, se habían dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fábricas, de las zonas industriales a los barrios obreros.

Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venía gestando.

Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país.

El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando ya una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX.

Martínez e Hoz y Videla

El segundo objetivo del golpe militar –imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de “modernización del aparato productivo y racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años.

Las primeras medidas tomadas por la Junta Militar contra el movimiento obrero fueron: la intervención de la CGT y de numerosos sindicatos –entre ellos 27 federaciones y 30 regionales de esa central obrera-, la suspensión de la actividad gremial –asambleas, reuniones, congresos-, la prohibición del derecho de huelga, la separación de las obras sociales de los sindicatos. En 1979, la leyde Asociaciones Profesionales limitó la cantidad de delegados de fábrica –en el caso de Ford, por ejemplo, se redujo de 300 a 6-, se aprobó la libre afiliación –a pesar que el 95% de los trabajadores ratificarona sus anteriores sindicatos-, se disolvieron las federaciones de tercer grado y se exigieron cuatro años de antigüedad en el empleo para ser elegidos como delegados, además de la infaltable constancia de “buena conducta” de la policía para poder presentarse a trabajar. A esto, se sumó la Ley de Prescindibilidad, que autorizaba el despido de cualquier empleado de la administración pública. A un mes del golpe se reformó la Ley de Contratos de Trabajo, que anulaba normas en materia de derechos.

Toda esa legislación se combinó con la represión, ocupando militarmente las fábricas en conflicto, reprimiendo especialmente a distintos gremios industriales y de servicio, a sus delegados y miembros de comisiones internas. Los sindicalistas, delegados, militantes fabriles y abogados laborales fueron víctimas de la violencia aplicada desde el poder militar.

Sin embargo, existía la necesidad de brindar una imagen de “paz interior”. Por tal motivo, ese proceso de disciplinamiento represivo se realizó en forma abierta o encubierta, ocultando la identidad de las víctimas, hechos que se materializaron en la figura del “desaparecido”.

La Junta Militar, designó como ministro de Trabajo al general Liendo, que luego de ordenar una batería de medidas contra la clase obrera, participó activamente en las reformas a la Ley de Contratos de Trabajo, por la cual se dejaba sin vigencia una serie de normas que hacían a los derechos individuales. Entre sus primeras actividades estuvo definir la política del gobierno hacia el movimiento obrero en su mensaje del 1º de mayo de 1976. En el mismo, con todo cinismo fijó las pautas de la política laboral, al afirmar que “la intervención militar no se hizo en contra de un determinado sector social, partido político o sistema económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reordenar y reencauzar la vida nacional, cambiar la actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad, facilitar en suma, el desarrollo pleno de nuestra potencialidad. (...) “referido a las disposiciones legales que encuadran la actividad y estructura gremial, su revisión no tiene en modo alguno como objetivo lesionar el principio protector incito en el derecho laboral, ni cercenar ningún derecho inalienable del trabajador. Su finalidad es la de corregir excesos, vicios, instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo”.

Posteriormente defendió las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la reglamentación del derecho de huelga, que se hallaba suspendido, la Ley de Asociaciones Profesionales y la intervención de la CGT. Finalmente dejó en claro cuál era la política para cualquier oposición en las fábricas a la dictadura al afirmar que “Con relación a la actividad de la subversión en el ámbito fabril se sabe que ella intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Los objetivos de esa campaña son: la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional. Para combatir y destruir a la subversión hay que conocer su modo de actuar: adoctrinamiento individual y de grupos para la conquista de base obreras, colocándose a la cabeza de falsas reivindicaciones, creación de conflictos artificiales para logra el enfrentamiento con dirigentes empresarios y el desprestigio de los auténticos dirigentes obreros, el sabotaje a la producción, la intimidación, secuestro y asesinato de obreros y empresarios que se opongan a sus fines. Ejecutores de ese accionar son agentes infiltrados y activistas perfectamente diferenciales de los verdaderos delegados que ejercen la representación gremial de sus mandantes. Frente a ese accionar, el gobierno y las FFAA han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de enemigo de todos”.

Todos los primeros de mayo, las FF.AA. dieron a conocer distintos mensajes con una serie de medidas, y en 1977, el Comando del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario, emitió un comunicado del arma, en el cual puntualizó que “La suspensión temporaria de algunas actividad gremiales (…) tuvo como finalidad corregir factores distorsionantes de la vida nacional, teniendo en cuenta que serán paulatinamente restablecidas en cuanto se logre su reordenamiento y reencauzamiento y se ubiquen por encima de lo coyuntural (..) El ejército defiende la necesidad de un orden mínimo imprescindible para la convivencia y el progreso de la Nación, ordenamiento, cuyos límites han sido fijados teniendo en cuenta las especiales circunstancias que vive el país. Esos límites son lo suficientemente flexibles para evitar que una excesiva rigidez los convierta en un esquema estático fácilmente superable por una realidad en permanente cambio”. Para luego aclarar que se lo hacía “para evitar que su transgresión desate la puja de intereses sectoriales y se convierta en un impedimento para la consolidación de unidad nacional. El Ejército Argentino sabe perfectamente que el sector sindical tiene espíritu y vocación nacional y que a pesar de todos los intentos realizados desde distintos puntos del espectro ideológico para infiltrarlo no ha sido contaminado ni por el marxismo ni por ninguna otra doctrina extranjerizante opuesta al sentir nacional”.

En síntesis, los genocidas del 76 hicieron hincapié en los objetivos económicos del proceso, la necesidad de sacrificios y esfuerzos de los trabajadores, las tareas de ordenar y recuperar a la Nación, a la vez que se destacaba que se buscaba el punto de equilibrios entre el desarrollo de sus riquezas potenciales y la armonización de su crecimiento económico y social, como también corregir los excesos, vicios e instrumentar normas que eviten la corruptela en la utilización de fondos sindicales y reconstruir la armonía en el campo laboral a través de las relaciones individuales de trabajo, “combatir y aniquilar la actividad de la subversión en el ámbito fabril, ya que esta lo que pretende es la destrucción de la Nación, la paralización del aparato productor, la instauración de una dictadura marxista y la negación del ser nacional”.
Varios años después, en un reportaje Juan Alemann, secretario de Hacienda (1976-1991) del ministro José Alfredo Martínez de Hoz, declaró:

Periodista: ¿Cómo se explica que teniendo tanto poder en sus manos, la Junta Militar avanzara tan poco en las privatizaciones?

Juan Alemann: “Nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor”. (La Nación, 9-4-1987, “En Capitalismo e Imperialismo”, Beba C. Balvé).

Movilización obrera contra la dictadura

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