EPIDEMIA Y CAPITALISMO. Los derechos laborales, un "paciente en riesgo" ante la crisis del coronavirus

Miles de trabajadores pueden ver amenazados sus empleos y sus derechos laborales ante el avance de la patronal para garantizar sus beneficios. El dilema, como siempre, es ¿quién pagará los efectos económicos del Covid-19, la clase trabajadora o los capitalistas?

La situación evoluciona por momentos. Hemos pasado en tan solo 24 horas, del domingo al lunes, de una fase de contención muy suave para frenar la expansión del Covid-19, a la que ha sido denominada por el Gobierno español, una fase de “contención reforzada”. Este martes los datos, según el Ministerio de Sanidad, son: 1.649 contagiados en todo el Estado, con 35 fallecidos. Pero con una concentración bastante aguda en ciertas zonas, como la Comunidad de Madrid, que tiene ya 782 infectados y 21 fallecidos, el 60% del total. También hay fuerte concentración de casos y fallecidos en Vitoria o La Rioja, que también han aprobado medidas de urgencia.

Esta fase de “contención reforzada” ha supuesto la adopción de medidas que van a tener enormes consecuencias, a corto y medio plazo, en la economía y en los derechos laborales y sociales de la clase obrera y las clases populares. El cierre de los centros de enseñanza en todos los niveles educativos; cancelar los viajes del IMSERSO; prohibir actos culturales con aglomeraciones de más de mil personas en las zonas más afectadas (con posibilidad de que se extiendan a otras áreas y comenzando el pico de la actividad turística- Fallas y Semana Santa mediante); establecer aislamientos domésticos de sospechosos de portar el virus; o directamente la posibilidad de despidos vía ERTES o ERES como ya ha manifestado la patronal ante la falta de suministros o por contagios entre la plantilla, que les posibilita las reformas laborales vigentes. Todas estas políticas tendrán enormes repercusiones para los trabajadores y las trabajadoras, con impacto en los sectores económicos claves de la economía española, como el turismo, la hostelería, el transporte o incluso la industria. No digamos si esto se generalizara, y como es bastante probable termina, como en Italia, con el aislamiento simultáneo de regiones enteras y millones de personas dentro de ellas.

De hecho, la supresión de las clases escolares va a conllevar ya enormes dificultades prácticas y cotidianas a las familias de clase obrera para poder cuidar de sus hijos menores. Y suponen una auténtica tomadura de pelo que pone en cuestión gravemente la efectividad real de esta medida. Porque desde el Gobierno del PSOE -Unidas Podemos no se han ofrecido garantías concretas reales de conciliación laboral y personal para estos casos. Y, por lo tanto, las familias obreras se verán obligados a dejarlos con los abuelos que son precisamente la población más vulnerable a este virus. Ante el riesgo de sufrir despidos si decidieran poner por delante el cuidado de sus menores frente a la obligación de ir a trabajar.

Te puede interesar: Coronavirus, capitalismo y patriarcado: ¿y ahora quién cuida a los niños?

Porque una de las medidas más eficaces para contener esta pandemia pasaría por la retribución de la totalidad de los salarios a los trabajadores que se tomen licencias para cuidar a los hijos o bien por estar afectados por el virus, siempre a coste de los empresarios. Pero, es evidente que cualquier medida de este tipo quedará desechada por este Gobierno que se dice progresista, pero que es incapaz de defender los intereses de los y las trabajadores si para eso tiene que cuestionar los empresariales.

Por otra parte, resulta totalmente insuficiente la reciente aprobación del tratamiento como baja por accidente laboral a los y las trabajadoras afectadas por el Covid-19 y en régimen de aislamiento en sus casas. Más allá de la poca claridad de a quién se le podrá aplicar este paraguas, dado que muchos se verán obligados a quedarse en casa sin baja, por no poder acudir a los centros de salud. O, en otros casos, podría ser que finalmente no tuvieran la enfermedad. Cuando, además, esto solo implica un pago desde el primer día, pero solo del 75% de salarios ya muy dañados por los recortes salariales tras la crisis de 2008 y las reformas laborales que potenciaron la enorme devaluación salarial. Lo que debería aprobar este Gobierno es que se pueda cobrar el 100% del salario, más cuando los y las trabajadoras tendrán que hacer frente a una posible enfermedad.

Otro problema son las aglomeraciones y la masificación existente en los transportes públicos, consecuencia, entre otras cosas, de los fuertes recortes de los servicios públicos, que suponen otro importante foco de contagio ante el que no se adopta ninguna solución. No se incrementan en absoluto las frecuencias, ni los convoyes y, cínicamente se recomiendan distancias entre usuarios, o incluso que no se cojan para evitar el contagio. Algo inasumible para los y las trabajadoras, pero se ve que los ministros no acostumbran a tomar el metro en hora punta.

La medida del teletrabajo, la única sugerencia que se está ofreciendo como solución para conciliar la vida laboral y familiar y personal, no se puede aplicar a muchos sectores y oficios. Pero incluso los que sí pueden trabajar desde casa se preguntan cómo pueden trabajar al mismo tiempo que cuidan a menores a su cargo.

La patronal trata de avanzar sobre los derechos laborales

Ya desde los inicios de la crisis, cuando todavía no se habían desatado todas las alarmas, el portavoz de la patronal, Antonio Garamendi, solicitó del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos la no derogación de la reforma laboral de Rajoy e incrementar la flexibilidad. Tratando así de mantener los recortes contra los trabajadores, aprovechando las consecuencias que el pánico financiero del Covid-19 estaba comenzando a generar en la economía.

Pero es que también la patronal catalana, Foment del Treball, este mismo martes ha pedido al Gobierno español y a la Generalitat que se bajen los impuestos y que se faciliten los despidos, aún más, ante la caída de los mercados consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Lo han denominado eufemísticamente “planes de contención económica”. Solicitando, entre otras lindezas, que se facilite- aún más- la realización de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), mediante nada menos que una aportación mayor de dinero público para los ERE temporales y exonerando a las empresas de tener siquiera que hacer el preaviso de los 15 días, para aquellas empresas que estén, según han señalado, con “afectación evidente por el coronavirus”.

Ante esto, si bien los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT han criticado la “irresponsabilidad de la patronal”, no han pasado de ahí. Dejando constancia, una vez más, de su política burocrática y el apoyo activo o pasivo a los intereses patronales. Hay que recordar que desde la crisis de 2008 no han hecho otra cosa que firmar todo lo que les ponía delante el Gobierno de turno o la patronal, sin que se hayan convocado movilizaciones sindicales en la calle en defensa de los derechos de los y las trabajadoras desde las huelgas generales de 2012.

La patronal catalana ha incidido además en la necesidad de implementar políticas fiscales favorables a los empresarios, con reducción de impuestos, aplazamientos en las liquidaciones o incluso supresión de algunos recientemente adoptados por la Generalitat. También han pedido abrir líneas de financiación privilegiada para las empresas afectadas para reforzar su liquidez. Quieren aprovechar la crisis para aumentar sus beneficios, a costa de la salud de los trabajadores.

Por otra parte, la economía española se encamina hacia un panorama tormentoso, en el contexto de las turbulencias recesivas a causa del Covid-19. Hemos pasado de un crecimiento por encima del 3% hace dos años, a las últimas previsiones macroeconómicas del Gobierno PSOE-Unidas Podemos para 2020 con un crecimiento del PIB de tan solo el 1,6%. Y la expansión del coronavirus podría acarrear un impacto aún mayor en la economía española. Sobre todo, por la afectación sobre el sector turístico que actualmente representa el 14,6% del PIB español, alcanzando los 175.000 millones de euros de ingresos, posicionándose como el motor económico más dinámico en los últimos años. Ya se calcula que hasta un 75% de las empresas turísticas están empezando a ser afectadas por la crisis del coronavirus. A eso habría que añadir la repercusión sobre la hostelería, otro factor esencial en nuestra economía. Y, por supuesto la afectación de la industria, por la ruptura de los canales de comercialización y los transportes.

Asimismo, la situación también amenaza la economía financiera, dada la existencia de tensiones que pueden complicar la financiación de muchas empresas “zombis” que sobreviven por los bajos tipos de interés, pero con nula o baja rentabilidad. La enorme deuda española que pervive puede complicar más todo el panorama, si el pánico elevara los tipos de interés. Además, habría que añadir la más que posible debacle del comercio internacional por las guerras comerciales, el impacto de la pandemia del Brexit todavía pendiente. Un conjunto de factores que pueden derivar en un incremento de los despidos y empeorar las condiciones de la clase trabajadora, aprovechando la patronal las reformas laborales en vigor.

En este contexto, y para hacer frente a esta situación, se hace imprescindible la movilización unitaria e independiente de la clase obrera. Sobre la base de las asambleas democráticas de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, debatiendo cuáles son las medidas de emergencia a tomar, superando el desvío de las burocracias sindicales de CCOO y UTG, hay que poner en marcha una campaña urgente por imponer un programa obrero para hacer frente a esta pandemia y a las posibles consecuencias económicas que pueda arrastrar, para que la crisis la paguen los capitalistas. Hace falta asegurar la atención sanitaria universal e igualitaria para toda la población, con la puesta de todos los recursos sanitarios privados (medicamentos, instalaciones, profesionales sanitarios, etc.) al servicio de la sanidad pública, bajo control de trabajadores de la salud y usuarios. Así como garantizar la reducción de jornadas laborales sin coste salarial alguno, ausentarse del trabajo por conciliación o enfermedad también sin coste salarial, y la prohibición total de cualquier despido, todo ello a costa de los beneficios y los recursos de los capitalistas.