El debate por la contaminación ha sacudido las carteras de medio ambiente y salud del gobierno ante la vulneración a los derechos humanos. Durante el anterior período de Piñera y de la ex Nueva Mayoría diversas movilizaciones han denunciado las “zonas de sacrificio “como la más cruenta expresión de la impunidad empresarial”.
Viernes 7 de septiembre de 2018
La conocida situación en Quintero y Puchuncaví con las masivas intoxicaciones y casos de enfermedades que dejó Enami Codelco a los trabajadores y habitantes de la comuna de Quintero, expresa la realidad de muchas familias mineras y poblaciones que conviven junto a residuos industriales, como lo ocurrido en el galpón de Antofagasta. Estas son las llamadas "zonas de sacrificio", donde los empresarios sacrifican la salud de los trabajadores y a la población para aumentar sus ganancias.
Las zonas de sacrificio son lugares en donde se expone a altos grados de contaminación a la población y que por lo general poseen una alta concentración industrial. Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío) se han destacado como zonas de sacrificio según los grados de contaminación por habitante, sin embargo, otros lugares del país demostraron que las zonas de sacrificio se han multiplicado, evidenciando la impunidad empresarial y responsabilidad del Estado junto al calor de masivas y combativas movilizaciones como lo fueron Freirina (2012), Chiloé (2016) y Til Til (2017).
Nuestras vidas valen más que sus ganancias
Según el INDH, los casos de contaminación y conflictos medioambientales a nivel nacional ascienden a 116 casos, de los cuales 60 corresponden al lugar de la exploración o explotación, 39 a residuos, emisiones e inmisiones y finalmente 16 corresponden al uso y/o contaminación de recursos naturales. En tanto, los sectores productivos de energía (38%) y minería (28%) son los que mayor responsabilidad presentan.
La contaminación en Mejillones es una constate que afecta principalmente a los trabajadores del complejo industrial y a los habitantes de la zona norte del país. Este miércoles, se dio a conocer un nuevo derrame de ácido por un descarrilamiento en el ferrocarril FCAB del grupo Luksic. Hace menos de una semana Copec provocó un derrame de petróleo en la costa, lo que se suma al derrame de ácido ocurrido en septiembre de 2017 en Puerto Michilla, también responsabilidad del grupo Luksic.
Los gobiernos de Piñera como la ex Nueva Mayoría, mantuvieron un sistema de estudio de impacto ambiental totalmente permisivo a los niveles de contaminación y al saqueo de los recursos naturales; el cual prácticamente está hecho para no rechazar proyectos por razones ambientales, donde las medidas mínimas de prevención no se cumplen y la fiscalización ambiental no es permanente, o es más económico pagar la multa que dejar de contaminar.
El gobierno es cómplice y tiene lazos muy concretos con estos casos, donde personeros de gobierno, como la actual ministra de medioambiente, Carolina Schmidt, son ex gerentes de los empresarios que han provocado la contaminación. O el actual Superintendente de Medioambiente, Crisian Franz, designado por Bachelet, era lobbysta de empresas que tenían que enfrentar análisis de impacto ambiental. O el miembro directivo de Oxiqim, Fernando Barros, una de las empresas involucradas, es uno de los abogados históricos de Sebastián Piñera.
Cierres temporales sin ningún despido
Es necesario que sindicatos, trabajadores, jóvenes, estudiantes y la propia comunidad contaminada denuncie esta situación cuestionando los planes ambientales de las empresas, organizándose independiente de las autoridades de gobierno y a los empresarios.
En casos como Quintero, donde la propia comunidad exige el cierre de las industrias y que la cesantía no aumente, es urgente plantear que los trabajadores mantengan sus empleos y sueldos, y que sean las empresas las que se hagan responsables del desastre ocasionado. Es así como en Antofagasta, los trabajadores despedidos del ferrocarril (FCAB) vienen denunciando la contaminación de Luksic, al mismo tiempo que luchan ya por más de 60 días en defensa de sus puestos de trabajo, enfrentándose precisamente a uno de los responsables directos de la contaminación en Mejillones.
Una respuesta desde los trabajadores
Es necesario que las empresas que están dañando la salud de las personas y el medio ambiente- donde los empresarios se han negado sistemáticamente a cambiar sus prácticas contaminantes poniendo excusas económicas-, pasen a ser propiedad del Estado y este asuma todos los costos para asegurar un funcionamiento no contaminante. Y para que no ocurra igual que ENAP o Codelco, que sean gestionadas por sus trabajadores en coordinación con la comunidad, y que desde esta organización se puedan exigir cambios tecnológicos, planes de descontaminación y de salud, que apunten a poner por delante la salud de los habitantes de las zonas contaminadas.
Quienes tienen realmente el interés por la salud de la comunidad de Quintero y de sus trabajadores, son los propios trabajadores y sus familias, los habitantes de la zona. No hay un cambio serio en la destrucción ambiental sin sacar a los empresarios que han contaminado todos estos años la zona. Es por eso que es fundamental fortalecer la organización de los trabajadores(as), estudiantes y pobladores afectados para poner fin a “zonas de sacrificio”, enfrentarse a sus responsables y mostrar que nuestras vidas valen más que sus ganancias.
