El 28 de agosto, una movilización de estudiantes salió de la Facultad de Derecho de la UNAM, a ella se sumaron docentes y autoridades de dicha escuela, así como estudiantes de escuelas privadas como la IBERO y el ITAM.
Martes 10 de septiembre de 2024
Decían movilizarse contra la Reforma Judicial y en defensa de la independencia y división de poderes, pues consideran que la elección directa de jueces “politiza” la justicia, mientras que atenta contra la democracia, ya que la justicia la ejercerá alguien elegido por popularidad y no gente preparada en la aplicación de las leyes, es decir, rechazan que el poder judicial deje de estar monopolizado por la vieja élite conservadora que durante décadas ha legislado a favor de los intereses de los sectores políticos y empresariales más de derecha. .
Ante la expresión de ese sector universitario, noticieros y diarios cuya línea editorial es de derecha, dieron mucha visibilidad a las movilizaciones, pintando casi de heroicos a los estudiantes que han salido a defender a una de las instituciones más cuestionadas del Estado mexicano.
Cabe resaltar que dentro de la UNAM, una de las universidades donde se expresa el descontento, estas movilizaciones se dan en medio de uno de los ambientes más represivos en contra estudiantes y docentes críticos de la Rectoría - alineada al PRI-, y prácticamente con el apoyo institucional de la Facultad de Derecho que mantiene a su frente a uno de los grupos de poder universitario más reaccionario y antidemocrático de toda la UNAM.
Por otro lado, durante esta semana, grupos afines a la Reforma y al gobierno, han salido a expresar que los estudiantes no protegen al Poder Judicial, sino que son un grupo minoritario de estudiantes de derecha quienes han tenido mucho eco, mientras que sostienen que hay grupos de apoyo a la propuesta gubernamental.
¿Y quién dice la verdad?
Sin duda, dentro de la UNAM existen grupos organizados y activos que dirigen las facultades y escuelas, que actúan como caciques y que con filiación político-partidaria conocida impulsan medidas para favorecer sus intereses, nada nuevo bajo el sol.
La novedad es que generalmente estos grupos reaccionarios pertenecientes al PRI, al PAN o a grupos de extrema derecha ocultos dentro de otras fuerzas políticas, actúan con sellos y membretes institucionales, casi nunca de manera pública, sino desde la administración de las escuelas y desde sus puestos en los consejos locales y el universitario.
Que se hayan movilizado es muestra de que la polarización ha aumentado en el país, sobre todo en los sectores que ven un riesgo a sus intereses ante el fortalecimiento político y la política social de la 4T. Y que buscan mantener sus cotos de poder a toda costa, por lo que no han dudado en invertir lo que sea necesario para sobredimensionar la percepción de cuánta gente se opone a la Reforma al Poder Judicial
Por su parte, los intelectuales, figuras y voceros del gobierno, que se saben con amplia popularidad y que se apoyan en la progresiva idea del voto de los jueces, han salido a denunciar a estos agentes de derecha. Presentan su iniciativa como la voluntad popular, cosa que es cuando menos cuestionable.
Para nadie es novedad que todas las facciones políticas ocupan el aparato judicial para defender sus intereses y sus proyectos; durante décadas lo hizo la derecha. Y ahora la 4T busca transformar la estructura del poder judicial para sostener su proyecto de país. De ninguna manera el obradorismo busca desaparecer el Poder Judicial, en todo caso, busca sobre la base de la descomposición y mayor derechización de esta institución (centralmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación),reformarlo y devolverle el prestigio para que vuelva a ser digerible para la masas que ya no confían en él.
En última instancia, la 4T busca dar fortaleza al Estado (capitalista) mexicano, alimentando la falsa idea de que las leyes, como las conocemos, nos puedan garantizar justicia e igualdad (en una sociedad de clases).
En suma, la disputa en torno a la reforma judicial tiene que ver con dos formas de pensar la continuación de los negocios de la clase dominante (en un país muy politizado), y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pues es claro que los sectores más conservadores y reaccionarios del país tienen como baluarte a la SCJN, y que ante el inmenso poder adquirido por la 4T en las pasadas recientes elecciones, tratarán de entorpecer los planes y la gobernabilidad que se propone el gobierno entrante (como lo expresa el activismo político de la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña). Y donde, medidas como los programas sociales, el aumento de los salarios, etc. (reivindicados por el gobierno con los índices de reducción de la pobreza) son políticas del progresismo que eliminaría la derecha partidista y empresarial.
Sin embargo, en esta muy polarizada disputa entre los partidos del régimen, no están en discusión, ni leyes ni una Corte de Justicia al servicio de los explotados y oprimidos. Pero es tanta la complicidad del Poder Legislativo con los viejos partidos de derecha, y con los inversionistas nacionales y extranjeros, que la reforma del presidente López Obrador le parece progresiva en sí misma - y que defiende la soberanía-, a muchos sectores de la población cansados del rol de los jueces y tribunales de justicia.
Entonces ¿A favor o en contra?
Nada provechoso ni bien intencionado puede provenir de una movilización encabezada por los sectores más oscurantistas del arco político mexicano. La derecha de este país siempre ha legislado y ejercido justicia a favor de los grandes empresarios y trasnacionales que saquean este país, mismo que en este nuevo gobierno aumentaron de manera estratosférica sus fortunas.
Y como antes decíamos, ante la total antidemocracia del Poder judicial, la elección popular de jueces, magistrados y ministros es visto como un paso adelante pues es este poder el que decide la normativa laboral, el derecho de uso de piso, la defensa o ataque a los derechos más elementales de la población.
Sin embargo, creemos que el bienestar general no puede surgir de un poder que nació no para garantizar justicia, sino para mantener el status quo, para votar dictámenes que favorezcan a los intereses de los grandes capitales y para vetar leyes que recorten así sea un milímetro los privilegios y ventajas de corporaciones y magnates, pues su interés en defender la propiedad privada de un puñado de capitalistas, mientras garantizan que se llenen los bolsillos mientras mantiene salarios de miseria.
El Poder Judicial, siempre ha desempeñado un rol político en cualquier régimen y nunca ha sido independiente; la formal división de poderes, solo busca equilibrar los mecanismos de poder con que los grandes capitalistas se reparten la riqueza del país. Es lo que llamamos “democracia para ricos”, y donde los grandes problemas de las masas trabajadoras no son el objetivo de esas disputas.
En la disputa entre la derecha y el gobierno, mantener una posición independiente es necesario para poder entender los claroscuros que se abren en medio de la polarización
