Juan García Carrés, el único civil condenado por el golpe militar recibió una pena de dos años de cárcel. Pablo Hasél por escribir unos tuits ha sido condenado a 9 meses de prisión. El PSOE de Felipe González indultó a los militares golpistas. Esta es la “justicia” de un Régimen heredado de la dictadura franquista.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Lunes 22 de febrero de 2021
El golpe de Estado de 1981, también conocido como 23F por el día en que se dio, fue un intento fallido de golpe perpetrado por algunos mandos militares en el Esstado español
Este martes 23 de febrero se cumplen 40 años, en plena polémica por la encarcelación de Pablo Hasél con masivas protestas en muchas ciudades del Estado español. Y no es mal momento para recordar la impunidad de la que gozaron los golpistas franquistas en aquel año de 1981.
En primer lugar, es preciso señalar que, de todos los participantes en el golpe, tan sólo fueron condenadas 30 personas, 29 de ellas militares o guardias civiles, tan sólo un civil: Juan García Carrés. Esto se explica porque la trama civil del golpe nunca se investigó, otra de las hazañas del PSOE de Felipe González, tan turbia como la de los GAL.
Carrés había sido dirigente del Sindicato Vertical durante el franquismo y estuvo implicado durante la Transición en actos de violencia de la extrema derecha, así estuvo llamado a declarar por el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha. El día del golpe se encargó de organizar los autobuses que llevaron a los militares y guardia civiles golpistas al Congreso de los Diputados.
Por su implicación en el 23F, Carrés fue condenado por un delito de conspiración para la rebelión militar por el Consejo Supremo de Justicia Militar a dos años de prisión, ratificado después por el Tribunal Supremo.
¿Cómo se explica esta condena, mientras ahora vemos a Hasél condenado a 9 meses de cárcel por unos tuits? En primer lugar, porque toda la trama del golpe del 23F estuvo rodeada de impunidad, empezando por Juan Carlos I, el actual emérito fugado, cuyo papel y responsabilidad en los hechos nunca se ha querido investigar hasta el final. Además, el sistema judicial y el Ejército eran instituciones directamente heredadas de la dictadura y estas permanecieron en completa impunidad y con la presencia de aquellos que participaron en crímenes del franquismo. Y eso que el PSOE tenía mayorías absolutas, pero jugó muy bien su rol de guardián de Régimen del 78 y de su impunidad franquista.
De esta manera, para el resto de los 29 condenados militares, la mayoría de las penas no superaron uno o dos años de cárcel, algunos tan sólo fueron condenados a suspensión de empleo de uno a tres años. Los considerados como grandes responsables del 23F: Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina recibieron penas de 30 años de cárcel, que evidentemente no cumplieron. El PSOE indultó a Armada en 1988, a Milans del Bosch en 1990 y a Tejero en 1996.
Mientras tanto hoy vemos como al rapero Pablo Hasél, que está siendo objetivo de la represión política de la Audiencia Nacional y del Gobierno “progresista”, ha sido condenado por delitos como el de “injurias a la Corona” por rapear o escribir tuits a 9 meses de prisión. O el caso de los jóvenes de Altsasu, condenados a penas de cárcel de entre 2 y 13 años, por una pelea en un bar con dos guardias civiles. Cuando hubo implicados en el golpe del 23F que ni siquiera fueron expulsados del Ejército o la Guardia Civil, y otros muchos que directamente quedaron en total impunidad.
Por eso las protestas hoy por la libertad de expresión y por la libertad de todos los presos políticos expresan también una protesta contra todo un Régimen del 78 y su corrupta Monarquía heredadas de la dictadura, que encarcela artistas, políticos o sindicalistas, mientras garantiza los intereses del IBEX35 y la impunidad de la violencia policial. En este contexto estalla la rabia de la juventud que se manifiesta estos días en las calles, una juventud que sólo recibe precariedad, criminalización y represión.
