En medio del proyecto que recorre la Cámara de Diputados del Congreso alusivo a la posibilidad del retiro del 10% de las pensiones, el gobierno y los empresarios se alinean para oponerse a esta medida.
Miércoles 8 de julio de 2020
El día de hoy se vota en la Cámara de Diputados el proyecto plantea que sólo durante el tiempo que se mantenga el Estado de Excepción por la pandemia del COVID-19, las personas podrán retirar el 10% de sus fondos de pensiones. Esta iniciativa de ley permite retiro desde 35 UF (poco más de $1.000.000) hasta 150 UF por única vez (aproximadamente $4.300.000). Y en el caso de quienes tengan menos de 35 UF en sus fondos de pensiones, podrán retirar la totalidad del monto en dos cuotas.
El proyecto ha encendido las alarmas de los empresarios y el gobierno, en donde no sólo las críticas han llegado desde el Ministerio de Hacienda, con Ignacio Briones a la cabeza, sino que también desde Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP de Chile, quien afirmó que "es una muy mala noticia para las pensiones", agregando que "No porque sea algo popular, significa que va a ser una política pública buena".
El gobierno y los empresarios no pierden oportunidad para criticar cualquier iniciativa que apunte a modificar el sistema de pensiones legado incluso desde tiempos de la dictadura cívico-militar. Defienden su negocio de décadas de saqueo al pueblo trabajador, que se ha mantenido a costa de entregar pensiones de miseria y hambre.
Los datos son claros respecto a las AFP. Un estudio realizado por la Fundación Sol afirma que “El 50% de las personas que recibieron su primera pensión autofinanciada de vejez, en diciembre de 2019, alcanzaron menos de $49mil”, siendo “el 59% de los hombres mayores de 60 y hasta 65 años, y el 83% de mujeres mayores de 55 hasta los 60 años, tienen ahorrado en su cuenta individual administrada por AFP menos de $30.000.000”. “Esto equivale a una renta vitalicia de $118.308 para los hombres de 65 años con cónyuge 3 años menor. Mientras que para las mujeres de 60 años con cónyuge 3 años mayor apenas alcanzaría para una renta vitalicia de $100.406.”
Los grandes empresarios que lucran con las pensiones del pueblo son verdaderos saqueadores y defendidos por el gobierno se oponen con garras y dientes a una demanda tan mínima y sentida por el pueblo como la de retirar el 10% del fondo de pensiones, cuando el hambre y la cesantía golpean duramente a amplios sectores. No podemos olvidar que para el 2019 las ganancias de las AFP subieron un 60%, es decir, a una cifra estratosférica de US$ 649 millones.
Negocio redondo para los grandes empresarios: el grupo Luksic se ha enriquecido enormemente recibiendo dineros de las AFP por inversiones por $5.656 millones de dólares de los fondos de pensiones de sus trabajadores de 8 de sus empresas, como CCU, Banco de Chile, Quiñenco, entre otras.
En definitiva, se trata de un problema estructural del país, en donde mientras la gente clama por hambre, los empresarios se hacen más ricos por debajo de la mesa con el robo de las AFP, mientras millones quedan en las calles producto de la precariedad y el desempleo.
Por eso acompañamos al pueblo en su legítimo reclamo de retirar una mínima parte del fondo de pensiones para sobrellevar esta pandemia. Pero esta no será una solución estructural. Una salida de fondo pasará por un programa de conjunto para que la crisis la paguen esos grandes empresarios que se enriquecieron a manos llenas durante los 30 años que impugnó la rebelión, que parta por medidas de emergencia como un salario para todo trabajador cesante o informal, financiado por un impuesto extraordinario a las grandes fortunas y que integre medidas estructurales y de fondo como el fin el sistema de AFP que sólo entrega miserias.
Es que la grave situación que vive el pueblo trabajador requiere que se acabe con este negocio. Hay que terminar con el sistema de pensiones heredado de Pinochet, y conquistar un sistema de reparto, tripartito, controlado por trabajadores, usuarios y jubilados, donde la pensión básica no sea bajo el mínimo de 500 mil pesos y se garantice el 80% de los ingresos. Además hay que derogar la ley de protección al empleo, prohibir los despidos y garantizar sueldos íntegros sin rebaja financiados por las empresas que durante todos estos años ganaron millones. Incluso, con un impuesto a banqueros y grandes fortunas podríamos financiar un ingreso de $500.000 garantizados para más de 4 millones de personas.
