UN MONTAJE JUDICIAL ESCANDALOSO. Los jóvenes de Alsasua: un año en prisión, un año de impunidad

Desde el 14 de noviembre del año pasado, Jokin, Julen y Adur permanecen encerrados, víctimas del montaje policial, político, mediático y judicial al que muestra ser capaz de llegar el Estado represor de Rajoy y la Corona. Privados de su libertad y a la espera de un juicio oral, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado gran parte las pruebas imprescindibles y necesarias para la defensa de los jóvenes acusados, a quienes, por haberse peleado en un bar en las Ferias de su pueblo, les lanzan un yunque con una pena total de 375 años de prisión, por delitos de “lesiones y amenazas terroristas”.

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Vale destacar que la jueza titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela Díaz, sí admitió la totalidad de las pruebas de testigos, periciales y documentales presentadas por el Ministerio Fiscal que defiende a los guardias civiles. Y, sin embargo, no duda en hacer “saltear burocráticamente” todos los hechos y testigos recolectados trabajosamente por la defensa de los acusados, que echaría claridad para mostrar las falsedades del relato amarillista que, inteligente y especulativamente, impulsan desde la justicia y los grandes aparatos mediáticos. Acciones de la misma jueza que encarceló a “los jordis” y al Govern de Cataluña. ¿Un mensaje de adoctrinamiento para la juventud vasca? Una evidente vulneración de los derechos y una nítida imparcialidad de cara a un juicio sin garantías aparentes.

Este 14 de noviembre, se ha realizado una rueda de prensa de los abogados de la defensa en la librería madrileña Traficantes de sueños.

“Se hizo un proceso de instrucción exprés, en el que a las defensas no se nos permitió presentar ninguna defensa testifical, ningún testigo”, comenzó denunciando públicamente en la conferencia el abogado Jaime Montero que se presenta implícitamente como vocero del grupo y en medio del ruido de los asientos de los oyentes agregó: “estos son testigos que la policía y la Guardia Civil no habían buscado, en el procedimiento sólo declararon los cuatro perjudicados. De modo tal que las familias de los encarcelados tuvieron que hacer esa investigación (...) y sin embargo, la jueza de instrucción nos ha negado esa práctica, por lo cual sólo selló una versión de los hechos”.

Esta notable maniobra burocrática, manifiesta signos de ceguera y completo desinterés ante los cuerpos y espíritus de los tres jóvenes que permanecen recluidos bajo el régimen F. I. E. S. (siglas de Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) que implica, entre algunas de sus restricciones, cambios constantes de centro penitenciario, sin tener en cuenta la vinculación familiar del preso a una ciudad determinada; imposibilidad de compartir celda con otros presos; prohibición de participar en algún tipo de trabajo, taller o curso; etc y el control estricto sobre todas sus comunicaciones, cartas, etc. Un proceso totalmente repudiable, de una pelea en el bar Koxka (en el marco de las Ferias del pueblo) a una celda a cientos de kilómetros de sus familias.

Abogados de los jóvenes de Alsasua: “Se ha producido una vulneración del derecho a la defensa”. Un año detenidos, un año de impunidad pic.twitter.com/j2jRJXOnvO

— IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) 14 de noviembre de 2017

La “lucha contra el terrorismo” como fachada para la criminalización de la juventud

Todos los hechos descritos hasta aquí manifiestan, como venimos insistiendo, una intención de dar un castigo ejemplar a la juventud vasca, sembrar el miedo y legitimar la prepotencia de las fuerzas de seguridad. El pedido de condena a los 8 de Altsasu representa un escandaloso montaje judicial, con su precisa envoltura mediática, y evidencia la sistemática necesidad del Gobierno de resucitar la “lucha contra ETA”, disfrazando su afán por criminalizar y obturar todo movimiento contestatario.

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Ya con la sala completa y a mitad de la conferencia, remarcando el hecho del teje y maneje que vienen construyendo alrededor del caso los funcionarios de la justicia española, explicaba Montero a la audiencia el porqué de la decisión al momento de titular la causa de “terrorismo”, que sucedió de forma exprés, “porque la lesión (en el tobillo) del teniente no estaba curada, la lesión podía ser grave, y por ser grave es una lesión terrorista y listo. (...) Y como saben se nos han imputado penas, la menor de 11 años, la mayor de más de 60 años y la petición del fiscal tiene que ver directamente con esta vinculación al terrorismo, como sabéis, a la vinculación con el movimiento denominado Alde Hemendik (Fuera de Aquí)”, concluyó el abogado.

Un chivo expiatorio es la denominación que se le da a una persona o grupo de ellas a quienes se quiere hacer culpables de algo de lo que no son, sirviendo así de excusa a los fines del denunciante, ¿no es eso lo que buscan hacer con los 8 jóvenes vascos? Creer que todo el sistema hegemónico de la clase dominante y sus instituciones consideran que estos jóvenes son terroristas realmente, ¿no sería pecar de ingenuo, y a su vez subestimar a todo este puñado de especuladores que vienen siendo protagonistas de este teatro? La decisión de la justicia de dejar un año entero detenido a tres adolescentes por una trifulca en un bar con unos guardias civiles, es un engranaje más de todo el aparato represivo del Estado Español que aprovecha cada oportunidad para ir en contra del pueblo, de todas y todos los oprimidos.

Sólo la movilización social exigiendo justicia real por los ocho acusados y la liberación inmediata de los tres prisioneros será un verdadero apoyo sustentable a todo el trabajo que vienen realizando los abogados de los acusados y sus familias. La manifestación pública en contra de esta decisión reaccionaria del Gobierno es clave para hacer oír los reclamos de quienes fueron desarmados completamente de sus derechos y ahora duermen en un cuarto oscuro y aislado en prisión.