La problemática de la juventud para emanciparse está condicionada por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda. Esto nos sitúan en un grave problema estructural. Ahí que el problema de la vivienda necesite de soluciones de fondo, radicales, que toquen los intereses de los grandes tenedores de vivienda, así como otras no exclusivas al ámbito de la vivienda.
Clara Mallo Madrid | @ClaraMallo
Viernes 8 de octubre de 2021
Emanciparse, ¡ni me lo planteo!
Según datos arrojados en 2020, en el Estado Español en 2019 el 46% de jóvenes entre 25 a 34 años seguían viviendo con sus padres. Una proporción que aumenta considerablemente si nos referimos solo a los jóvenes menores de 29 años. Es este caso un 60% viviría con sus padres. En Europa el porcentaje de jóvenes menores de 29 años no emancipados es del 42,3% menos que la cifra española pero de igual manera muy elevada.
Tener 29 y seguir peleándote por el mando de la tele con tus padres empieza a ser cool, o al menos tienes que acostúmbrate a ello ya que la edad media de emancipación en 2020 era de 29,8 años, rozando 30. Vamos, que con suerte celebras la fiesta de tu 30 cumpleaños en tu casa propia –cuando hablamos de casa nos referimos a piso compartido, claro–. La media europea en este caso es considerablemente más baja, de 26,4 años.
Además cuando hablamos de emancipación vemos que la opción real para la mayoría de jóvenes es la de compartir piso a lo que se suelen destinar en torno a un 30% del salario. Para un joven de entre 16 y 29 años en España, alquilar en soledad un piso supone de media el 94,4% de su sueldo. Esa cantidad vienen incrementándose desde hace tiempo: en 2018 era del 88,9%, y hasta finales de 2011 había permanecido siempre por debajo del 60%.
Estos datos no son nuevos, son una realidad instalada desde hace años. Por ejemplo, si tomamos el porcentaje de jóvenes emancipados entre 16 y 34 años vemos que en 2008 era del 58,1%, y del 60% en 2020. De estos datos podemos sacar dos conclusiones: que los propietarios y todos aquellos que se enriquecen con el mercado inmobiliario, bien seas constructoras, inmobiliarias o grandes tenedores, incluidos los bancos, llevan años enriqueciéndose; y que la precariedad entre los jóvenes está estrechamente ligada a la imposibilidad de emanciparnos y de acceder a una vivienda digna y por supuesto en soledad.
La precariedad, el origen de todo
El término precariedad está asociado al de juventud en el Estado español. El 52% de los jóvenes entre 15 a 29 años tienen un contrato temporal. Esto son datos de 2020 por lo que podemos presumir que las cifras hoy serán más trágicas.
Además de la temporalidad, el desempleo es otro el otro gran problema de los jóvenes. Los menores de 29 años sufren una tasa del 38,38% de desempleo (segundo trimestre de 2021). No es nuevo decir que aparte de la coyuntura de crisis, son crónicos los elevados índices de paro entre la juventud. I tomamos la franja de menores de 25 años el paro en 2008 era de 27,4%, en 2013 –momento en que más se elevó– 56,1% y hoy es de 38,38%.
Con este panorama se entiende la problemática de la juventud para emanciparse. Las cifras relativas al ámbito laboral condicionan, algo que sumado a la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda, nos sitúan en un grave problema estructural. Ahí que el problema de la vivienda necesite de soluciones de fondo, radicales y no exclusivas al ámbito de la vivienda.
La ley de alquiles no soluciona ninguno de los problemas asociados a la vivienda, mucho menos el de la juventud.
Estos días hemos conocido el acuerdo final entre PSOE y Unidas Podemos para la Ley de alquileres. Un acuerdo que ni frena la especulación, ni paraliza los desahucios ni soluciona el problema de la emancipación para los jóvenes.
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La nueva Ley no hace ningún ataque a los derechos de propiedad de los grandes tenedores para poder atender la demanda social de vivienda digna a bajo coste, ni tampoco avanza en la creación de un parque de viviendas públicas urgente a costa de las viviendas en manos de la SAREB, los grandes bancos y fondos buitre. Es más, ni tan siquiera quedan prohibidos los desahucios para la población vulnerable.
Además en su intentona de pasar el acuerdo como “progresista”, el Gobierno introduce como “medida estrella” un bono de 250 euros para el alquiler, pero realmente se trata de una ayuda a los propietarios de pisos. Como ya ocurrió en 2007 con el bono de 210 euros, al recibir esta ayuda los propietarios subirán los alquileres. Así lo denuncian algunos jóvenes.
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La nueva ley del “Gobierno progresista” no va a resolver los graves problemas de vivienda existentes en el Estado español, ni va a ayudar a afrontar los costes de alquiler para miles de familias, jóvenes y mujeres con contratos precarios y salarios de miseria.
Para terminar con dramas como el de los desahucios y lograr viviendas dignas para todos hay que afectar los intereses de los bancos y fondos buitre, los grandes tenedores de viviendas: hay que hacer como en Berlín, donde tras una larga lucha del movimiento de inquilinos e inquilinas, se impuso la realización de un referéndum en el que más de un millón de berlineses votaron a favor de la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias. En concreto, la devolución de unos 240.000 pisos a la propiedad pública.
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