Desde la independencia formal del Perú, nuestra historia republicana ha estado marcada por un significativo protagonismo de los caudillos militares. La forma como el proceso independentista contribuyó a dar vida a este fenómeno que Basadre llamaría “el militarismo en el Perú”, es lo que abordaremos en la presente nota.
Miércoles 28 de julio de 2021
Este 28 de julio de 2021 las instituciones oficiales de la República del Perú celebran el bicentenario de la independencia peruana de las fuerzas realistas españolas. Pese a ser vox populi que los criollos peruanos eran monárquicos y no quisieron la independencia, se conmemora la gesta independentista liderada por los caudillos militares San Martín y Simón Bolívar, quienes lideraron los ejércitos que se enfrentaron militarmente a las fuerzas españolas. Sin embargo, ¿qué ganaron los caudillos militares con esta independencia?
La expropiación y el enriquecimiento de los caudillos militares
Como diría el jurista Anton Menger, en su libro “El Derecho Civil y los desposeídos”[1], la acción de expropiar bienes y tierras fue la institución jurídica capitalista por excelencia instalada por las normas que surgen de las revoluciones liberales como la revolución francesa y la italiana, que coronaron el ascenso de los nacientes empresarios locales en la cúspide del poder jurídico y económico, a costa de expropiaciones de tierras y mano de obra, otrora perteneciente a la Iglesia y las familias aristocráticas, quienes a su vez habían expropiado a las comunidades campesinas locales de sus tierras y cultivos.
Los desposeídos, no tienen en la práctica herramientas legales que puedan utilizar para impugnar las expropiaciones graduales e inmediatas de la élite política. Por ello Menger concluye que la expropiación se vuelve así funcional al tráfico de mercancías, a la acumulación espuria y a la especulación en favor de quien la ejerce, siendo la figura prístina de un mercado capitalista ambicioso y antisocial, y la más utilizada por los distintos grupos de poder en pugna en las nacientes repúblicas en américa latina.
En el Perú, ante el eventual fracaso de las Reformas Borbónicas que buscaban modernizar el virreinato español en Sudamérica y adaptarlo a las nacientes transformaciones mercantilistas del siglo XVIII, en buena medida, por no existir voluntad alguna de transformación y liberalización económica por parte de los terratenientes criollos hijos de españoles en el Virreinato del Perú, nace una ola independentista de militares de los puertos más prósperos de la región como el del Virreinato de Mar del Plata y Nueva Granada que buscan liberalizar el comercio en Sudamérica, aliándose al capital financiero de Inglaterra y los Estados Unidos.
Para ello, era necesario terminar con el dominio político de los representantes de la corona española, y su estrecha relación con los hijos de españoles que gobernaban en Perú, ostentaban cargos públicos y controlaban el comercio interno. Esta élite criolla profundamente realista y monárquica, era también profundamente racista y segregacionista, mostrándose reacia a apoyar la gesta independentista ante el temor de perturbar sus dominios sobre sus tierras, tierras expropiadas a las comunidades indígenas durante la Conquista.
El General San Martín pudo identificar este ánimo en la élite criolla del Perú, por lo que propuso al propio Virrey La Serna, a su tropa y a sus generales la implementación de un sistema de castas bajo la dirección de una monarquía constitucional con un rey de los Países Bajos, además de una indemnización acordada con la Corona para dejar los dominios políticos en Sudamérica. Pese a esta propuesta dada por San Martín, y la mediana aceptación de los operadores de la Corona Española, la élite criolla peruana no quiso apoyar la gesta independentista, ni con comida, tropas, ni apoyo financiero.
Ante tan grosero espíritu conservador, los militares independentistas de la región presionaron y forzaron la expropiación de las haciendas y de la mano de obra a los más recalcitrantes criollos monárquicos. Pero, contrariamente a la tradición nacionalista divulgada en los pasquines de fiestas patrias, los libertadores no reconocieron derechos al indígena campesino en calidad de siervo. Las expropiaciones que propiciaron los caudillos militares no fueron dadas para el bien común. El historiador Alfonso Quiroz menciona que la gesta independentista motivada por militares caudillos del Virreinato de Rio de la Plata y de la Nueva Granada terminó en una memorable “repartija”. En palabras del autor:
“Al no contar con recursos financieros, los líderes y caudillos militares que apoyaron la causa emancipadora abusaron de la expropiación, las corruptelas, y el crédito externo e interno en nombre de la causa patriota. En el periodo de 1821-1822 el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo, su ministro de confianza (..) expropiaron y dilapidaron a los mercaderes en Lima sin conseguir la independencia definitiva del Perú. (..) Eventualmente, la mayor parte de los bienes expropiados se otorgó a los oficiales militares que pedían compensación y recompensa por sus hazañas patrióticas. Entre los oficiales de alto rango que recibieron estas recompensas tenemos a Antonio José de Sucre, Bernardo O’Higgins, José Rufino Echenique, entre otros” [2]
De igual forma, Quiroz menciona que esta política de expropiaciones y apropiaciones indebidas a favor del cuerpo del Ejército se evidencio con particular rudeza en las provincias:
“En provincias, los oficiales locales repetían los abusos de poder y las expoliaciones cometidas a nombre de la causa patriota. En octubre de 1821, el capitán Juan Delgado, comandante militar y teniente gobernador de Sayán en la provincia de Chancay, fue acusado de opresión y de efectuar extracciones ilegales para enriquecerse a costa de la población local y del Estado. A pesar de sus esfuerzos para influir el subsiguiente juicio de pesquisa, fueron 58 testigos los que confirmaron los cargos. La corrupción de las autoridades de provincia, una expresión del colapso final de la reforma de las intendencias, perduraría así en el Perú independiente”.[3]
Si bien Simón Bolívar, a diferencia del General San Martín, sí propuso por primera vez una reforma agraria que pueda reconocer el derecho de propiedad a las comunidades campesinas e indígenas sobre tierras monárquicas expropiadas por el ejército libertador en la Primera Constitución Peruana de 1826 [4] lo que habría fomentado la liberalización del comercio de frutas, hortalizas y ganado en provincia acorde a un naciente mercado liberal de la época, esta iniciativa no tuvo éxito y fue ferozmente combatida por los criollos peruanos. Adicionalmente, como bien menciona Quiroz, el reparto de las tierras expropiadas a favor de mandos militares afines a Bolívar generó una pugna bélica por el poder entre militares, no ajena a actos de corrupción:
“Bolívar y su dedicado ministro José Faustino Sánchez Carrión, decretaron en el periodo de 1824-1825 la confiscación de las rentas y la expropiación subsiguiente de quienes se hubiesen refugiado en la fortaleza del Real Felipe en el Callao (..) Sánchez Carrión recibió varias propiedades como recompensa a sus fieles servicios. En condiciones de extrema penuria fiscal y endeudamiento, (..) funcionarios de gobierno mal pagados saqueaban las rentas de provincia y confiscaban propiedades privadas. Tal fue el caso documentado del teniente coronel Juan Pablo Santa Cruz, gobernador de Chincha Baja y protegido del caudillo bolivariano, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente: veintinueve vecinos verificaron la ilegal apropiación que Santa Cruz había hecho de ganado y bienes, no para el servicio de la patria sino para su propia ganancia (..)” [5]
La independencia del Perú dio origen posteriormente a los periodos bélicos de pugna de caudillos calificado por Basadre como “los militarismos” del siglo XIX, la fallida Confederación Peruano-Boliviana y la subsiguiente República Aristocrática, donde los derechos de las grandes masas indígenas, esclavas y mestizas, además de las mujeres, no tenían asidero alguno en el planificación política y social por parte de las autoridades. Hoy, la clase trabajadora tiene la imperiosa necesidad de cuestionar el pasado vergonzoso de los caudillos y gobernantes que adaptaron las instituciones jurídicas y políticas de la naciente república a conveniencia suya, que reprodujeron mecanismos de segregación y explotación servil al campesino además de negar todo derecho de asociación y huelga a la naciente clase obrera. Los trabajadores también tienen la responsabilidad de construir, junto al resto de las clases populares, una sociedad distinta a la heredada, sin explotación ni opresión. Este es el gran reto de los trabajadores a puertas del bicentenario.
Referencias:
1. Anton Menger. “El Derecho Civil de los Desposeídos” conocido también como “El Derecho Civil y los Pobres”. Universidad de Viena. 1896.
2. Alfonso Quiroz. Historia de la Corrupción en el Perú. Cimientos socavados de la temprana república. 1821-1859. Edición IEP. 2019.
3. Ibídem. Página 95.
4. Juan Carlos Morón Urbina. Bolívar y su propuesta constitucional de 1826. Revista PUCP. 2000.
5. Alfonso Quiroz. Historia de la Corrupción en el Perú. Cimientos socavados de la temprana república. 1821-1859. Edición IEP. 2019. Páginas 95-96.
