PRECARIEDAD Y EMPLEO. Los límites de la proposición de ley del PSOE sobre subcontratación

FOTO: EFE / Fernando Alvarado

El 20 de diciembre el PSOE, con el apoyo de Unidos Podemos, presento nuevamente ante el Congreso una proposición de ley para equiparar los sueldos y las condiciones de los obreros de las contratas y subcontratas con los de la empresa matriz o contratante, cuando sea esta su actividad principal. Obteniendo el voto favorable de la mayoría del Congreso, en contra del voto del PP y la abstención de Ciudadanos. Además, el PSOE ha planteado una proposición no de ley (sin validez legislativa) para, según ellos, “derogar” partes de la reforma laboral.

Pero como explican los subcontratados de Movistar, esta proposición de ley es “fruto de la lucha de los trabajadores”, los cuales llevaron a cabo una histórica huelga el año pasado, que arrastro y forzó a la burocracia sindical y a la patronal a tener que hacer concesiones. Anteriormente, en el 2015 esta misma iniciativa fue presentada por UGT Baleares al Congreso a instancias del PSOE, donde denunciaba la subcontratación de servicios en la hostelería, como es el caso de las cameras de piso.

La realidad es que el aumento de la subcontratación ha crecido de manera espectacular durante 15 años, pero más aún después de que la reforma laboral permitía que prevaleciera el convenio de empresa por encima del convenio sectorial, lo que le permitía a la patronal firmar convenios con sueldos bajísimos, incluso que los propios directivos de las empresa en “representación de los trabajadores” firmasen de manera fraudulenta estos convenios, como da cuenta El Confidencial.

Esta proposición de ley se presenta en un contexto determinado. Después de las últimas elecciones que dio como resultado un gobierno en minoría, unos “emergentes” que no llegaron a copar el arco parlamentaria, y un PSOE que se dio un auto golpe para apoyar el pacto de investidura de Rajoy y cerrar la crisis política que suponía la falta de gobierno, le ha permitido una compleja pero incierta “estabilidad” al régimen político. El denominador común es que ninguno de los “opositores” se propone utilizar todos los instrumentos posibles para imponerle al gobierno las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores.

Y es paradójico que sea el mismo PSOE el que presente estas proposiciones de ley, cuando su partido ha sido el principal garante de la precariedad laboral. Pero no lo es tanto si se ve que el PSOE busca por esta vía revertir su proceso de declive y “pasokizacion”, y que el juego parlamentario actúa como licuadora de las demandas sociales y democráticas. Y de esto es perfectamente consciente el PSOE que lo aprovecha para reubicarse mediáticamente. No es extraño en ese sentido que Podemos denunciara la incongruencia del PSOE, ya que había vetado en Canarias la propuesta contra la política de subcontratación en la isla.

Los límites de la proposición de ley

Esta medida legislativa tiene varios límites, de contenido y de actuación. En primer lugar, el PSOE ha dejado claro que no pretende cuestionar en absoluto la subcontratación, por el contrario, lo ve necesario para la “competitividad de las empresas” y su “exposición de motivos” justifica los diversos niveles de subcontratación. Es decir, aunque la medida es clave para los trabajadores, por otra vía el PSOE trata de descausalizar jurídicamente la existencia de la subcontratación como ya se hizo con las ETT´s. Son precisamente estos diversos niveles lo que denuncian los trabajadores de Movistar, cuya pelea ha sido históricamente por el pase a plantilla fija de Telefónica, y que una de las concesiones que le consiguieron arrancar a la patronal, tras la huelga, fue el llamado “70/30” (70% de trabajadores de contrata y 30% de subcontrata).

En este sentido, más allá de la equiparación salarial, la patronal sigue teniendo en sus manos una reforma laboral impuesta por el PSOE y el PP que le permite no solo descolgarse de las condiciones de trabajo cuando le plazca sino que le permite dar prioridad a los convenios de empresa sobre los de sector, bajando así el sueldo de los trabajadores. Es decir, la propuesta de ley es una trampa si no va ligada a que se deroguen todas las contrarreformas laborales anteriores.

Es por esta razón que incluso ha sido el propio sindicato de CCOO que ha reconocido los límites de la proposición del PSOE, ya que la equiparación se daría “solo cuando la parte externalizada se considera actividad principal de la empresa”. Y para el sindicato “la problemática radica en la falta de criterios claros sobre qué se considera actividad principal dentro de una empresa. Las empresas consideran externalizable cualquier parte del proceso productivo o de la actividad nuclear de la empresa (como en el caso de las camareras de piso en los hoteles). Una vez externalizada la actividad, optan por subcontratar a empresas con convenios de empresa precarios y fuera del marco sectorial”. Es decir, que esta medida se quedara en “agua de borrajas” ya que “la propuesta del PSOE deberá ir acompañada de la anulación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente a los convenios sectoriales recogida en la Reforma Laboral de 2012”.

Antecedentes históricos del PSOE, las ETT´s

El PSOE en sus declaraciones ha puesto como antecedente la reforma laboral del 99 del Gobierno del Partido Popular, que regularizo las ETT´s y estableció la equiparación salarial con los trabajadores de la empresa contratante. Pero el ejemplo solo pone en evidencia las estrategias institucionales de este partido. Esta medida que fue fruto de diversas movilizaciones en los 90, quedo en “agua de borrajas” como podemos ver a día de hoy.

La reforma laboral del 99 fue firmada por la burocracia sindical que acabo por dar el visto bueno a las sucesivas reformas laborales de Felipe González, “inventor de las ETT´s” en el 94, y fundador “socialista” de las mil variedades de contratos temporales, precarios y baratos que conocemos a mediados de los 80. A las que la burocracia sindical dejo pasar y naturalizo después de cada huelga general simbólica y derrotada. Una vez implantadas las reformas de González, la reforma laboral del 99 equiparo el salario, pero, por otra vía, abrió las puertas a que las ETT´s pudieran hacer las mil variedades de contratos inventados por el PSOE que antes tenía vetadas por ley. Y de esta forma la patronal pudo compensar la equiparación salarial con nuevas e imaginativas formas de precariedad laboral que ofrecían las reformas laborales que no fueron derogadas y que redujeron drásticamente los sueldos.

Es por esta razón que la proposición quedara en nada si no va pareja a la necesidad de derogar todas las reformas laborales de los anteriores gobiernos, y es precisamente lo que el PSOE no quiere.

El Senado, como baluarte legislativo de un gobierno en minoría

En segundo lugar, el Partido popular, a pesar de ser minoría en el Congreso de los Diputados, tiene el poder de veto sobre las proposiciones de ley que cuestionen los presupuestos y los créditos, pero que utiliza para perder el tiempo, gracias al Tribunal Constitucional. No solo cuenta con esto, el PP también tiene la mayoría del Senado. Una cámara anti democrática que mantuvo el franquismo para contrarrestas las posibles propuestas progresistas del Congreso. El Senado nunca tuvo tanto valor para la burguesía hasta el día de hoy, que encuentra a su parlamento fragmentado. Cualquier proposición una vez aprobada en el Congreso, tiene que pasar al Senado, y desde ahí el PP puede o bien vetarla, o bien enmendarla, para volver a ser votada en el Congreso. Enmiendas que lógicamente harán más conservador tanto las proposiciones de ley sobre subcontratación como sobre la reforma laboral.

Con razón los trabajadores de Movistar planteaban que “sin movilización, la propuesta de ley se quedará en punto muerto o será desvirtuada con enmiendas”. Es decir, que si a la ilusión de la política institucional se le imponen por la fuerza los límites de las antidemocráticas cámaras legislativas no queda otra que echar abajo los ajustes mediante la fuerza de la movilización.

La burocracia sindical como garante de los acuerdos laborales con los partidos del régimen.

Aunque el Partido Popular le ha planteado al PSOE un acuerdo en materia laboral conjuntamente con Ciudadanos, y los “socialistas” solo ven el problema en el sustantivo “derogar” para incluirse en el acuerdo, tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en negociar con la burocracia sindical, que viene siendo, en última instancia, el garante de la paz social y el que mejor ha garantizado la estabilidad del régimen de bipartidismo. Y es, en estos momentos, que las direcciones sindicales se prestan a hacer movilizaciones testimoniales que son más una opereta para que el Gobierno del PP les tenga en cuenta en la Mesa de Negociación con la patronal, que un plan de lucha serio para recuperar lo perdido (ni si quiera incluyen las reivindicaciones de los precarios). Y lo que perderemos en cuanto apliquen los planes de la Troika después de una deflación salarial monstruosa.

Ni la burocracia sindical ni el PSOE tienen la intención de poner en serio problema a un gobierno deslegitimado que quiere negociar de manera más “democrática” los ajustes de la Troika, pues las consecuencias para el régimen político serían imprevisibles.

Por parte de Unidos Podemos, que viene haciendo un “giro discursivo” por la “movilización” y por “volver a la calle”, si es que realmente son sinceros, tendrían que exigirle a la burocracia sindical que rompa las negociaciones, llame a un frente único de trabajadores para convocar huelga general hasta derogar las contrarreformas laborales y se imponga un programa reivindicativo elaborado por los trabajadores que acabe con la precariedad laboral.