Las causas que se reactivan en el comienzo del año atravesado por elecciones pueden traer alto impacto político, qué decisiones tienen en sus manos la Corte y otros juzgados, mientras se continúa instalando una agenda judicial que aprovechan el oficialismo y oposición de derecha para no hablar del ajuste, ni mucho menos de las causas que afectan a trabajadores y sectores populares.
Miércoles 22 de febrero de 2023 12:31
Las oficinas de jueces, fiscales, diputados y senadores se reactivaron en febrero al calor de una agenda judicial “permanente” que promete traer distintas novedades en los primeros meses del año.
El comienzo del año electoral muestra la crisis del gobierno del Frente de Todos, al incumplir las promesas de recuperación para los sectores populares que ya venían golpeados por la gestión anterior del macrismo. Juntos por el Cambio aún paga los costos del ajuste y la represión que encabezó Mauricio Macri. Frente a la falta de logros y de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, oficialismo y oposición de derecha fijan su atención en la judicialización de su pulseada por el poder, ajenos a los padecimientos de los y las trabajadoras, mujeres y jóvenes.
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Los movimientos del Poder Judicial pueden impactar en las internas de los candidatos del FdT y JxC. Pero también continuará la ofensiva en el intento de avanzar sobre libertades democráticas conquistadas como preparación de un terreno que facilite futuros ataques a las masas.
El pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema y las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kircher (junto a exfuncionarios de sus presidencias, pero también sus hijos), así como las iniciadas contra Mauricio Macri (espionaje), funcionarios de Juntos y judiciales (Lago Escondido), y por el atentado a la vicepresidenta, son algunos de estos temas.
Una agenda que sin embargo no incluye el debate alrededor del aumento de la pobreza entre trabajadores desocupados pero también ocupados, con la precarización laboral, los tarifazos e inflación, la estafa de las privatizaciones de servicios como la luz, ni los incendios y la destrucción ambiental como consecuencia de la explotación agropecuaria y minera. Ni siquiera se cuestiona el golpe en Perú, donde las violaciones a los derechos humanos y la brutal represión descargada sobre el pueblo trabajador peruano no amerita una sola palabra de condena.
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La Corte
En simultáneo al desarrollo del pedido de juicio político en el Congreso a pedido del oficialismo, la Corte puede traer novedades en dos frentes. En uno ya empezó, al dictar una acordada respecto la jura de senadores para asumir en el Consejo de la Magistratura, denegando el “asiento de la discordia” a Martín Doñate, aunque no resolvió aún la causa judicial de fondo, reafirmando también la intención de arrogarse facultades para decidir sobre la conformación de bloques parlamentarios. Un conflicto originado por la propia Corte al emitir un escandaloso fallo (2021) donde dejó sin efecto la ley que reformó la composición del Consejo de la Magistratura, volviendo a la original donde el presidente de la Corte lo encabeza.
A su vez, podría emitir un fallo por incumplimiento de la decisión de la coparticipación Federal, aunque el Ejecutivo presentó un recurso de revocatoria en diciembre y que amplió la recusación de los jueces en febrero.
El fallo por la coparticipación, por el Consejo de la Magistratura y la filtración de los chats entre funcionarios y empresarios en Lago Escondido son la base del pedido de juicio político del por diputados del Frente de Todos a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por otro lado, la Coalición Cívica denunció al juez Lorenzetti por montar una “agencia de inteligencia paralela” por el manejo del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) integrado con funcionarios cercanos. El próximo 10 de marzo será elegido el nuevo titular de la oficina de escuchas judiciales, que sucederá a Javier Leal de Ibarra, por sorteo entre los camaristas penales de todo el país. La oficina antes conocida como la “Ojota”, cuando estaba a cargo de la ex SIDE, y ahora es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) desde que el gobierno de Cambiemos dispuso la manejen los jueces camaristas penales: la legalización del espionaje judicial.
Como dijo Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda Unidad, sobre el debate del juicio político: “Hay grandes motivos para cuestionar a esta Corte del 2x1 que quiso darle impunidad a los genocidas. Un tribunal que es la cabeza de un sistema judicial que, a tono con lo que ocurre en la región, cada vez más se atribuye el derecho de arbitrar sobre cuestiones netamente políticas. (...) El problema central es que son jueces que deciden sobre la vida de millones, como juicios laborales o las tarifas de servicios por dar solo dos ejemplos. Pero nadie los vota. Son un grupito que vive de privilegios, con cargos eternos, sueldos millonarios, alejados de la realidad de las mayorías. Llegan ahí por acuerdos, favores o rosca entre los partidos mayoritarios. El poder judicial está pensando como un poder “contramayoritario” donde los jueces son lo opuesto a “representantes del pueblo”. Eso es lo que impugnamos desde la izquierda y por eso estamos dando el debate, desde esta perspectiva.”
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La convocatoria a secretarios judiciales y a los propios jueces para declarar en la comisión que ahora reúne pruebas será una manera de continuar el desgaste a la Corte por parte del gobierno, aunque no cuente con la mayoría de diputados para avanzar en aprobar el pedido en el recinto.
Vialidad y Casación
El 9 de marzo será la lectura de los fundamentos de la sentencia que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en el juicio Vialidad -plagado de parcialidades y objetivos políticos que no buscaron investigar realmente la acusación de corrupción- por defraudación al Estado, junto a otros ex funcionarios. Tanto las defensas como el fiscal Luciani adelantaron que van a apelar esta sentencia, por lo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos no es efectiva hasta se agoten las instancias superiores (incluída la Corte). La pelea contra la “proscripción” que enarbola el “Operativo clamor” por Cristina choca contra una realidad -que no es sólo la de los tiempos judiciales-:la decisión de la vicepresidenta para no exponerse al desgaste de una campaña luego de 3 años de ajuste del gobierno.
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Donde se esperan novedades en los próximos días es en la Sala I de Casación. Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, debe resolver si se hacen los juicios por el Memorándum con Irán y por la causa Hotesur-Los Sauces, o confirman el sobreseimiento en ambas causas a Cristina y otros imputados -incluyendo a sus hijos Florencia y Máximo en la segunda-. También están pendientes en Casación la confirmación o rechazo a la condena de 12 años de prisión a Lázaro Báez por lavado de dinero, en la causa llamada “ruta del dinero K”.
Casación tiene otra causa importante en sus manos: el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal de la AFI a los familiares del ARA San Juan, iniciado por el juez federal de Dolores, Martín Bava. La Cámara Federal de Apelaciones porteña -Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- dictó el sobreseimiento del expresidente el año pasado, y el Ministerio Público Fiscal así como las querellas -que representan a los familiares damnificados- apelaron. Antes de tratar el sobreseimiento de Macri, los jueces de la Sala II, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, deberán resolver la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.
Esta misma Sala viene de decidir la escandalosa libertad condicional para el genocida Juan Carlos Fotea, como denunció Myriam Bregman habiendo sido parte de la querella junto a Patricia Walsh que logró condenar al represor de la ESMA y responsable de la desaparición de Rodolfo Walsh. Ledesma, Mahiques y Yacobutti pusieron su firma pese a que las desapariciones y apropiación de bebés son delitos que continúan en ejecución.
El escándalo del viaje a Lago Escondido
A meses de la filtración ilegal de conversaciones entre jueces, fiscales, empresarios y funcionarios de Juntos que muestran los lazos profundos que unen al poder empresarial con el judicial y político, aún no fueron desmentidos por ninguno de sus protagonistas.
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Sin embargo, durante la feria judicial continuaron las operaciones políticas. Por un lado el juez federal Sebastián Ramos archivó la denuncia contra Silvio Robles, hombre de confianza de Rosatti, alegando que no se puede utilizar prueba obtenida de manera ilegal -aunque no ordenó ninguna medida legal para confirmar o rechazar el indicio-. Por el otro, Axel Kicillof presentó una nueva denuncia, sobre la base de los mismos chats, que cayó esta vez en el juzgado de Alejo Ramos Padilla.
Hay otras tres causas aún abiertas, una de las cuales investiga a los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal), al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D’Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke. Se estaba tramitando ante el juzgado federal de Bariloche, pero a pedido del fiscal José Agüero Iturbe, el juez Eduardo Farah de la Cámara Federal porteña decidió que la causa pase a Comodoro Py (algo así como ser "investigados" en la comodidad de su propio hogar).
La agenda judicial “permanente”, nutrida de las operaciones de los “sótanos de la democracia”, sirve de cortina a los partidos que se turnan para gobernar aplicando el ajuste a los sectores populares, mientras se deja de lado la condena al golpe en Perú, y ni se habla de las causas contra los derechos a la tierra por las comunidades originarias, o a los movimientos sociales, los nuevos beneficios a los genocidas, ni los fallos antiobreros de la Corte los últimos años (restringiendo derechos laborales fundamentales). Frente a la crisis económica y la ofensiva judicial, las banderas contra la impunidad de ayer y de hoy y contra la herencia neoliberal que impuso la dictadura y los gobiernos “democráticos” que siguieron, garantizada por este Poder Judicial serán fundamentales para movilizar el próximo 24 de Marzo.
