Viernes 5 de febrero de 2016
Foto: www.radiouniversidad.unlp.edu.ar
1. Los peligros de regular la protesta. El Gobierno Nacional anunció su intención de regular el derecho constitucional a la protesta. Hay razones legales, políticas y culturales para criticar esa propuesta y recordar que la mayoría de los proyectos que intentaron regular la protesta siempre fueron inconstitucionales y abiertamente antidemocráticos (como lo analizamos acá y acáante los anuncios del ex-Secretario de Seguridad, Sergio Berni).
Protestar es un derecho. Reprimir una protesta pacífica es un delito. Todas las reglamentaciones legales son ambiguas y vagas, por ende, se pueden interpretar discrecionalmente. Un protocolo de protesta sería un arma muy peligrosa para que toda protesta social pacífica se transforme en una protesta "ilegal", por ende, criminalizable, y así justificar el uso de la violencia estatal en contra de cualquier manifestación social.
Un protocolo de la protesta puede abrir la posibilidad que todos los jóvenes, mujeres y pobres sean fácilmente criminalizados por pedir un boleto estudiantil, reclamar por sus derechos sociales, ejercer el derecho a huelga o su libertad de expresión, apoyar el matrimonio igualitario y hasta por manifestarse contra la violencia de género como en el #NiUnaMenos.
Las históricas manifestaciones contra la inseguridad, por la misteriosa muerte del Fiscal Nisman o las numerosas marchas opositoras contra del Kirchnerismo fueron ejercicios legales y legítimos del mismo derecho constitucional a la protesta que hoy se proyecta limitar.
Regular la protesta invita a arbitrariedades legislativas y a discrecionalidades judiciales. La protesta es un derecho ejercido por los opositores en todo el mundo. Limitar un derecho constitucional tan vital para la historia democrática Argentina es un gravísimo error político que sin duda tiene rasgos autoritarios.
Regular la protesta puede estar dirigido a legitimar y crear excepciones reglamentarias para justificar la recurrente violencia policial en manifestaciones y protestas pacíficas. El derecho a la protesta no debe ni puede regularse.
2. Regular la protesta es censurar voces. Es criminalizar al que disiente y significa menos libertad de expresión. Desconocer que nuestros derechos no son "naturales" sino producto de la construcción política es resultado de la falta de educación colectiva e individual en nuestros derechos fundamentales.
Ser ignorante es desconocer que tus derechos se los debés a generaciones que lucharon para que vos los tengas, disfrutes y expandas. La forma de expansión y construcción social de los derechos siempre fue y sigue siendo el derecho a la protesta.
El derecho a la protesta pierde fuerza y capacidad de comunicación al ser regulado, indiferentemente del gobierno que lo proponga. El derecho a la protesta un derecho para abrir una instancia de diálogo, no para abrir una instancia penal o una amenaza represiva. Esa propuesta no es democrática ni republicana. La regulación del derecho a la protesta silencia voces y tiene tintes autoritarios. Regular la protesta es silenciar ese diálogo posible y abrir una instancia de más violencia y represión.
Regular la protesta invita a generar más violencia social. Es legitimar el uso de la fuerza contra la gente que protesta pacíficamente, ejerciendo su derecho constitucional a peticionar a las autoridades (Art 14 CN) o a expresarse (Art. 14, 32, 75 Inc. 22 y Tratados de DD.HH.).
Indiferentemente el gobierno, toda regulación de la protesta puede silenciar voces disidentes, acallar reclamos que deben ser escuchados, necesidades que tienen derechos sociales reconocidos en la Constitución Nacional que las autoridades deben cumplir, todo en ejercicio de una facultad constitucional legitimada por toda la sociedad.
En conclusión, el peligro es neutralizar el derecho que nos permite a todos defender nuestros derechos, expandir las libertades y mejorar la democracia.
Lucas Arrimada es Profesor de "Derecho Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" (UBA). Twitter: @lucasarrimada
