DEMOCRACIA PARA RICOS. Los presos políticos de la “democracia” que Cristina quiere condenar al olvido

Foto libertadalospetroleros.blogspot

Como se desarrolla en otra nota de esta misma edición, en un texto difundido el martes por Facebook Cristina Fernández de Kirchner dijo que en 2016 “en Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia…”.

Tal vez CFK considere “presos políticos” sólo a los exfuncionarios kirchneristas como José López o Ricardo Jaime. O, siendo más benévolos, tal vez intente decir que Milagro Sala es la primera dirigente detenida, en décadas, por encabezar una lucha social. Como si la persecución política y la criminalización de la protesta existieran sólo a partir de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Nada más alejado de la realidad.

Dirigentes de la clase trabajadora, luchadoras y luchadores sociales, referentes de movimientos de desocupados, estudiantes y ambientalistas conforman una larga lista de personas criminalizadas por el poder económico y político que se fue engrosando desde 1983 a la fecha. Y no pocos pasaron más de una Navidad tras las rejas.

Desde los presos que el alfonsinismo “recibió” y mantuvo durante de la dictadura, hasta los petroleros de Las Heras (Santa Cruz), condenados a perpetua durante el kirchnerismo y a quienes el gran Osvaldo Bayer comparó nada menos que con Sacco y Vanzetti. Desde los detenidos de La Tablada hasta la misma Milagro Sala, pasando por los patagónicos Panario, Christiansen y Martínez, por Raúl Castells y los pescadores de Bahía Blanca.

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Postdictadura

En 1984 se formó la Comisión Nacional por la Libertad de los Presos Heredados de la Dictadura, integrada por numerosas personalidades del ámbito cultural, sindical, social, académico y político, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Ricardo Carpani y el dramaturgo Tito Cossa. Esa comisión duró varios años.

En 1997 la organización publicó un documento titulado “Presos políticos en Argentina” y allí decía que “desde 1973 nunca dejó de haber presos políticos en nuestro país. El último de los presos heredados de la dictadura, Fermín Nuñez, salió en libertad -tras 14 años- el 17 de julio de 1989”. Incluso detallaba que, al menos, 13 personas continuaron detenidas durante el alfonsinismo, en calidad de presas políticas y utilizadas por el radical-peronismo para justificar la teoría de los dos demonios.

A finales de enero de 1989, tras los hechos ocurridos en el regimiento de La Tablada, veinte militantes del Movimiento Todos por la Patria fueron encarcelados y en un juicio sumarísimo (sin derecho a apelación) plagado de irregularidades fueron condenados casi todos a prisión perpetua. Encarcelados fueron torturados y hubo denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Fray Antonio Puigjané fue considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA publicó un informe contra el Estado argentino. Los presos de La Tablada estuvieron una década y media tras las rejas.

Menemismo y después

Por la misma época en que Néstor Kirchner y Cristina Fernández elogiaban el plan económico y político de Carlos Menem (al punto de que en 1994 el “Pingüino” le dijo al riojano que fue el mejor presidente desde los años de Perón), los presos políticos se multiplicaron.

En octubre de 1995 los dirigentes obreros de Neuquén Alcides Christiansen, Horacio Panario (ambos dirigentes del MAS) y Basilio Estrada Escobar fueron detenidos luego de protestas masivas frente a la Casa de Gobierno provincial. Se los acusó de “instigación a la violencia” y estuvieron presos más de un año. En noviembre de 1996 la Cámara en lo Criminal Primera de Neuquén los absolvió en un fallo unánime.

Por esos mismos años, en Tierra del Fuego, el dirigente de la UOM de Río Grande Oscar Martínez y otros compañeros de su gremio fueron condenados por encabezar luchas obreras y reclamar en las calles justicia para el obrero asesinado Víctor Choque.

La entonces senadora nacional por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner conocía perfectamente las situaciones de los dirigentes obreros encarcelados y procesados en la Patagonia, muchos de los cuales pasaron alguna Navidad tras las rejas.

Y seguro también sabía de los procesos judiciales (con cárcel incluida) que por esos años sufrió el dirigente del Movimiento de Jubilados y Desocupados Raúl Castells, acusado por pintadas en el PAMI en 1995, por “extorsionar” a McDonals y a un supermercado en 1999 y por “coaccionar” y “usurpar” propiedades en 2001. Todas acusaciones que finalmente se cayeron pero que hicieron que Castells pasara mucho tiempo detenido.

En mayo del año 2000 el militante marplatense Emilio Alí fue acusado de “tentativa de hurto”, “coacción agravada” y “extorsión”. Fue tras participar de un pedido masivo de alimentos frente a un local de Casa Tía (entonces propiedad de Francisco de Narváez) en el marco de un paro general de actividades convocado por la CTA. Fue condenado a más de cinco años de prisión. Pero en abril de 2002 recuperó la libertad debido a cambios en la carátula por la que había sido enjuiciado.

El 12 de abril de 2001 Carlos Bertola y Diego Quintero fueron detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Por ser militantes (el primero además hijo de desaparecidos) y tener una reconocida participación en organismos de derechos humanos fueron víctimas de una causa armada por servicios de inteligencia y por la Policía. Estando detenidos recibieron tormentos y Quintero, además, sufrió la amputación de un brazo. En noviembre de 2002 se los condenó a tres años y seis meses de prisión y estuvieron presos hasta agosto de 2003.

Eran años de profunda criminalización a la protesta. De hecho el 25 de julio de 2001 el diario Página/12 publicó una solicitada que pedía por la libertad de todos los presos políticos. Además de muchos de los arriba mencionados, se exigía la liberación de los salteños José Barraza, Carlos Gil y César Raineri (del Partido Obrero) y de los marplatenses Carlos Peinipil y Christian Godoy (del Movimiento Teresa Rodríguez).

El texto había sido impulsado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y llevaba firmas de personalidades y organizaciones argentinas, bolivianas, brasileras, italianas, estadounidenses, mexicanas, británicas, españolas, alemanas, suecas, eslovenas y noruegas, entre otras. Pensar que ese día la senadora Fernández no leyó Página/12 es poco menos que una ingenuidad.

La década “ganada”

Si CFK osara esgrimir alguna especie de “olvido” respecto a los presos políticos de los años 80 y 90, la cosa se le complicaría respecto a los presos políticos que pasaron algunas navidades durante su propio Gobierno. Aunque por lo visto, en cuestión de olvidos y omisiones, va por todo.

Pero hay quienes no pueden olvidar detenciones, torturas y demás atropellos del Estado durante los años del “modelo kirchnerista”. Vale recordar que durante el período de gobierno del Frente para la Victoria se llegó a registrar una lista de casi cinco mil personas procesadas por participar en manifestaciones, huelgas, piquetes y luchas sociales en todo el país.

Un día antes de la nochebuena de 2009 en Ingeniero White (Bahía Blanca), hubo una brutal represión de la Prefectura Naval y la Policía Bonaerense contra decenas de pescadores que protestaban en el puerto contra la contaminación y la devastación encabezadas por las multinacionales petroleras y pesqueras. Hubo más de 60 detenidos, de los cuales seis (los dirigentes de los pescadores) pasaron varios días tras las rejas.

Desde ya que esos pescadores no fueron los únicos presos políticos de la era k, pero son un buen ejemplo de que las afirmaciones de Cristina no tienen asidero.

Sin dudas el caso emblemático de presos políticos durante su gestión se produjo, irónicamente, en la misma provincia desde la que Cristina hoy lanza sus tuits y publica sus textos en Facebook. A menos de mil kilómetros de El Calafate de sus amores, se produjo lo que el gran Olsvaldo Bayer definió como el caso Sacco y Vanzetti del Siglo XXI. “Exactamente la misma falsedad judicial”, dijo Bayer respecto al caso de los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua por un crimen que no cometieron. “Tenemos que tenerlo en cuenta porque estas cosas quedan en la historia. Las injusticias de la justicia quedan en la historia”, sentenció el historiados y periodista al que alguna vez Cristina dijo admirar.

El caso de los petroleros de Las Heras nació en 2006, cuando se produjo una pueblada en respuesta a las persecuciones que estaban sufriendo dirigentes sindicales a pedido de las multinacionales petroleras. Por esas horas, en circunstancias que nunca fueron aclaradas, murió el policía Jorge Sayago, lo que motivó una verdadera caza de brujas por parte de la policía del gobernador ultrakirchnerista Carlos Sancho.

Los trabajadores Ramón Cortés, José Rosales, Hugo González, Franco Padilla, Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar, Ruben Bach, Darío Catrihuala, Juan Pablo Bilbao y Alexis Pérez fueron acusados del crimen. No sólo fue imposible probar que ellos ejecutaron a Sayago sino que sus declaraciones fueron obtenidas mediante torturas. Sin embargo el 12 de diciembre de 2013 la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia condenó a cuatro de ellos a cadena perpetua y a otros seis a penas de cinco años. Sólo dos fueron sobreseídos.

Mirá y escuchá a Ramón Cortés, trabajador petrolero de Las Heras

El caso, como dijo Bayer, ya entró en la antología de las injusticias cometidas contra la clase trabajadora argentina y mundial. La lucha de organizaciones políticas, de derechos humanos, sindicales y sociales por su libertad, primero, y por su absolución después fue una de las que más unidad de acción concitó a lo largo de muchos años. ¿Pero qué dijo sobre ese asunto Cristina Fernández?

El 1 de marzo de 2014, pocos meses después de la condena, la entonces presidente inauguró las sesiones ordinarias del Congreso. Allí aprovechó para plantar bandera en favor de esa aberración jurídica, antiobrera y criminalizadora.

Además de condenar en general los cortes de rutas y calles por parte de colectivos sociales (ganándose el aplauso acalorado del bloque del PRO) le dijo a los presentes (y a quienes miraban por cadena nacional): “Yo les voy a contar, a los que no saben, qué es lo de Las Heras”. Y relató entonces la historia oficial, armada por las corporaciones pretroleras y la justicia de Santa Cruz. Tan acostumbrada a hablar pestes de jueces y fiscales, esa vez CFK dijo que “la Justicia finalmente llegó y los condenaron a los responsables de ese homicidio terrible”. Caso cerrado, le faltó decir golpeando con un martillito el atril.

Ese mismo verano dos militantes, que durante años tuvieron afinidad con el kirchnerismo, llevaban meses detenidos en Ezeiza. Eran Fernando Esteche y Raúl Lescano, presos políticos por los que un gran arco de organizaciones exigió su libertad, alcanzada recién en diciembre de 2014. Ellos también pasaron Navidad tras las rejas.