Los recortes en educación están afectando de manera especial a los recursos dedicados a la atención individualizada y especializada de alumnos con necesidades educativas especiales. Un golpe para el modelo de educación inclusiva y un reflote del modelo de educación segregadora.
Marc Ferrer Barcelona
Viernes 18 de diciembre de 2015
Foto: Manuel Bruque / “EFE”
Todos tenemos el derecho a la educación. O eso al menos es lo que dice la Constitución española y las leyes educativas. Pero como otros tantos derechos recogidos en la Carta Magna y otras leyes, en la práctica se quedan en papel mojado.
Hablemos de en qué grado pueden acceder a la misma los alumnos con diversidad funcional, problemas conductuales o los recién llegados y que no conocen la lengua vehicular. Según la LOE del PSOE o incluso la LOMCE del PP, ahora en curso de aplicación, estos estudiantes tienen derecho a estudiar en centro educativos públicos con el soporte necesario para desarrollar las diferentes dimensiones educativas en la escuela.
Se reconoce el principio de escuela inclusiva, en contra de un paradigma anterior que se basaba en la segregación de estos alumnos en aulas o incluso escuelas “especiales”. La escuela inclusiva sería una escuela que incluye todas las necesidades educativas independientemente de la diversidad del alumnado: tenga problemas de movilidad, problemas de conducta, cognitivo, de adaptación a un entorno nuevo, de idioma...
Desde comienzos de los 90 (con la aplicación de la LOGSE) este modelo se empezó a implementar en la mayoría de los centros de enseñanza del sistema público, dotando a los centros de la “etiqueta” de inclusivo. No obstante, el proceso fue muy lento y su implementación y grado de realización está bastante cuestionado. Para que esa “inclusión” fuera una realidad serían necesarias adaptaciones pedagógicas y sobre todo medios humanos para poder hacer posible que los diferentes alumnos pudieran explotar sus potencialidades. Ni una cosa ni otra se ha podido llevar adelante con suficiencia en un país con un modelo de enseñanza infra-financiado y que deja la mitad de los centros sostenidos con fondos públicos en manos de instituciones religiosas.
Sin embargo, si algo nos enseña esta crisis es que todo puede empeorar. Ahora mismo, con los recortes aplicados en educación en los últimos cinco años, el modelo inclusivo está quedando en una “etiqueta” que no se sostiene cuando atraviesas las puertas del centro. Y no por falta de voluntad de las y los profesores, sino porque los recortes en educación se han cebado justamente en los recursos que se destinaban a la adaptación del centro para aquellos alumnos que necesitan una mayor atención individualizada o especializada.
Uno de los recursos más eficaces para esta atención venía siendo la figura del cuidador escolar o técnico de integración (comúnmente conocido como vetllador en Catalunya). Estos profesionales se dedican a acompañar a los alumnos con dificultades educativas durante unas horas al día, en ocasiones toda la jornada escolar, y ayudarles en las tareas escolares. Su intervención es una de las prácticas adaptativas del aula y el currículo que mejor resultado daban.
Los cuidadores escolares han visto reducir sus jornadas drásticamente a un 40 % en los últimos años. Esto supone entre 20 o 30 horas mensuales por alumno. Un tijeretazo que afecta de manera especial a la enseñanza secundaria. La presencia de los cuidadores escolares en los institutos públicos ha quedado en casi una “anécdota” de 6 horas semanales por cada alumno. Esto quiere decir que un alumno con alguna necesidad educativa especial en la ESO o bachillerato tiene sólo 6 horas de las 30 semanales que está en el centro. Todo por no hablar de la larguísima lista de alumnos con necesidad de cuidador escolar a los que no se les reconoce.
Por otro lado, a los cuidadores escolares también les han afectado los recortes en forma de precariedad laboral. En su inmensa mayoría se trata de trabajadores subcontratados, están en empresas privadas que ajustan al máximo los salarios, lo cual sumado a la disminución de sus horas de jornada lleva a unos sueldos miserables que muy rara vez llegan a los 1000 euros. La disminución de horas obliga también a muchos a trabajar en diferentes centros educativos en un mismo día para poder llenar la jornada laboral, aumentando el transporte y el tiempo de desplazamientos a cargo del cuidador y no de la empresa. Muchos de estos profesionales cumplen con horas extras que no son pagadas, ya que tienen un compromiso ético con el alumno de no dejar de atender sus necesidades. El cuidador escolar sintetiza bien la cara más amarga de los recortes en educación, por la función educativa que se está degradando y por su condición laboral.
Toda esta situación está generando una vulneración muy grave del derecho a la educación y otros derechos de la infancia. Los alumnos con dificultades quedan en una precariedad abrumadora, en la que el profesorado poco puede hacer y los padres se cuestionan si tiene sentido seguir en los centros educativos públicos ordinarios. Son muchas las familias se ven obligadas a escolarizar a sus hijos en escuelas “especiales” (a veces públicas y otras concertadas o incluso privadas).
Esta tendencia está llevando a la tumba la inclusión escolar -que de por sí estaba lejos de realizarse plenamente antes de la ofensiva de recortes- y devolviéndonos a modelos segregadores contra los que justamente se viene peleando desde hace décadas desde las personas con diversidad funcional y sus familiares y desde los movimientos de profesores en favor de una renovación pedagógica, crítica y transformadora.
