Las detenciones de altos funcionarios públicos, militares, jueces, un diputado y un alcalde, más algunos empresarios por casos de corrupción, sobre todo asociados a PDVSA, hasta la renuncia de Tareck El Assaimi, a quien estarían vinculados varios de los detenidos, vuelven a evidenciar la podredumbre reinante en las altas esferas del poder en Venezuela. Los recursos del Estado como “botín”, la evidente putrefacción en el gobierno y el cinismo de la oposición, embarrada también en grandes corruptelas con el manejo de activos en el exterior.
Miércoles 22 de marzo de 2023
En la fotografía Tareck El Aissaimi y Nicolás Maduro
Lo que sale a la luz pública no es una lucha anticorrupción por parte del gobierno de Nicolás Maduro como lo presentan. Las denuncias por corrupción han sido la constante años antes de este episodio, incluso por altos funcionarios posteriormente obligados a abandonar sus cargos, el triste recuerdo de los 20 mil millones de dólares que se fueron en “empresas de maletín” sólo en un año, en 2012, están allí para el presente.
Ni hablar de la enorme fuga de capitales en más de década y media que asciende a 500 mil millones de dólares, “fiesta” de la que participaron entes gubernamentales, testaferros y empresarios afines y todo el empoderamiento económico y político del país, incluyendo a partidos de la oposición. Uno de los más grandes saqueos de la historia nacional, donde el Estado venezolano constituyó el verdadero “botín”. No hay hueso sano en toda esta podredumbre capitalista del país y ponen en evidencia la bancarrota moral de todas las fracciones políticas burguesas.
¿Ajuste de cuentas entre las camarillas gobernantes?
El caso de la desaparición de más de 3 mil millones de dólares, o que nunca entraron en las cuentas nacionales, y por lo que están rodado cabezas, no es de especular que pueda obedecer a luchas o purgas internas entre las propias camarillas gobernantes, y que hasta el momento se habían mantenido cerrando filas luego del fallecimiento de Chávez, pues mayores han sido los desfalcos en años anteriores y los supieron mantener en el encubrimiento en medio de sus pujas internas y que casi nunca salían a la luz pública. Sin embargo, la actual crisis desnuda la descomposición política profunda, la podredumbre y corrupción reinante en las esferas del poder y más allá.
Como en todo gobierno y régimen capitalista, y el de Venezuela no escapa a ello, variadas facciones políticas exhiben su podredumbre en sus disputas de poder y ajustes de cuentas, para desbarrancar a unos y a otros o acallar a quien levante la cabeza y tener más control del entramado del aparato estatal.
El país está en negociaciones con el imperialismo y con la oposición, donde la voz cantante la lleva Estados Unidos, se avecinan elecciones presidenciales, transiciones políticas, por tanto las tensiones internas en esa puja de poder muestran la forma más podrida que une a las camarillas de las cuales se ha sostenido el gobierno de Maduro.
Para muchos, la renuncia de Tareck El Assaimi luego de la ola de arrestos fue sorpresiva. No en vano, se trata de una poderosa figura en las altas esferas gubernamentales –o por lo menos así era hasta ahora–, constituye el primer caso de un integrante del primer escalón y figura clave en la industria petrolera que anuncia su renuncia. Esto luego de que la llamada Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC), un cuerpo que actúa como brazo directo y bajo las órdenes del Ejecutivo, anunciara la semana pasada una "investigación profunda" de una trama del desvío de los ya conocidos 3.000 millones de dólares de pagos por crudo en criptoactivos en 2022.
Al momento de escribir este artículo, casi 20 funcionarios han sido detenidos, “y seguro vendrán más”, afirmó Jorge Rodríguez, sin embargo sólo se conoce la identidad de ocho de los detenidos. Tres de ellos con vínculos con El Aissami: el vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, coronel Antonio Pérez Suárez; Joselit Ramírez, Superintendente de Criptoactivos de Venezuela (SUNACRIP), que maneja los fondos de la industria petrolera a través de criptomonedas y el diputado Hugbel Roa, creador del Petro, la criptomoneda estatal “respaldada” en las reservas de crudo del país.
Si bien el saqueo vía los más diversos mecanismos de corruptela han sido mayores en muchos casos anteriores, 3 mil millones de dólares no es una cifra menor. De acuerdo a la firma Ecoanalítica los ingresos en divisas del Estado venezolano en 2022 fueron de 25.000 millones de dólares. "Para que entendamos la magnitud del desfalco de 3.000 millones de dólares (...), lo desaparecido es equivalente al 12% del ingreso del año pasado", indicó su director Adrúbal Oliveros. Otro indicador del desfalco denunciado es que a 3.000 millones de dólares asciende la cifra que el Gobierno exige que se libere de los fondos retenidos por EE.UU. y que pertenecen a Venezuela, en las negociaciones que se llevan a cabo en México.
Seguramente más adelante saldrán más cosas a la luz pública y más claroscuros de las disputas en lo más encumbrado del poder estarán a la vista. Pero mientras llevan a cabo todo este desfalco, todos coinciden en que continúe otro de los mayores saqueos que se ha conocido en el país, de dimensiones impresionantes, el robo al pueblo trabajador, sometido a condiciones de semiesclavitud salarial y cada vez más hundido en la miseria.
Resalta que esta mafia de corrupción se ensañaba con aquellos trabajadores o gerentes de bajo escalón que no se prestaban a las corruptelas, como el caso de Alfredo Chirino y Aryenis Torrealba, trabajadores de PDVSA, injuriados y encarcelados por acusaciones del propio Tareck El Aissami y por uno de los jueces recién detenido.
Bajo el chavismo ocurrió el mayor festín de corrupción de la historia nacional
Si algo ha quedado marcado en el balance del chavismo es el haber propiciado uno de los más grandes y voraz –quizás el mayor– festín de corrupción de la historia nacional. Corruptelas en los más variados espacios del Estado y del manejo de los recursos, con unos volúmenes tan brutales que están en el centro de muchas de las calamidades del país.
Baste recordar no más algunos casos emblemáticos: como “Pudreval”, la descomposición de miles y miles de toneladas de comidas por los sucios negocios con la comida subsidiada para el pueblo; miles de millones de dólares en cualquier cantidad de obras que nunca se terminaron (tercer puente sobre el Orinoco, segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, ferrocarril Tinaco-Anaco, tren Guarenas-Guatire, siderúrgica Abreu E Lima, empresa Pulpaca, EPS Fábrica de tubo, etc.); los US$ 20 mil millones que se fueron en “empresas de maletín” solo en un año (2012); los supuestos 4 mil millones de Rafael Ramírez; el colapso del sistema eléctrico nacional producto, entre otras cosas. Años y años de gigantescas corruptelas con obras pagadas y nunca concretadas (la represa de Tocoma, el parque eólico de La Guajira, etc.); fraudes con la compra de maquinarias y equipos; quiebra de decenas de empresas estatales, incluyendo el desangramiento de PDVSA; y un largo etcétera.
La industria petrolera ha sido blanco de más de 25 investigaciones de corrupción desde 2017, sin contar la de los años anteriores, en muchísimas no terminaron en nada, y en otras rodaron algunas cabezas, como fueron los casos de la detención de altos funcionarios y dos ex ministros de Petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, aunque este último falleció estando detenido, sin haberse nunca abierto juicio en el año que estuvo preso en la DGCIM, lo que permite especular si no se trató de un simple silenciamiento o ajuste de cuentas. Y lo que se ha destapado con las recientes detenciones no es más que la punta de un iceberg de una corrupción generalizada, y de la que se han beneficiado no solo el personal ligado al gobierno sino de sectores empresariales de todos los colores.
La “ley antibloqueo”: autopista libre para las corruptelas (y el entreguismo) con recursos públicos
La Ley Antibloqueo constituyó una verdadera mampara que elevó aún más niveles de corrupción. Si la corrupción rampante y en todos los niveles venía desde mucho tiempo antes, con la aplicación de esta Ley se abrió una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para todo tipo de negociaciones, saqueo y corrupción. Bajo el secreto de Estado no se rendía cuentas a nadie, ni las otras instituciones del Estado que supuestamente deberían velar por los recursos, como la Contraloría General de la República.
Así la corrupción se elevaba a rango de ley de Estado, dando la mayor “seguridad” a negocios paralelos y así se establecía un “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino al curso entreguista, sin el más mínimo control, de las riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se buscaba amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace.
Se han aprovechado también los llamados “intermediarios” en la venta de petróleo, pero que podría involucrar también a altos funcionarios en las llamadas facturas “impagas” o pagos irrecuperables. De acuerdo a Reuters, “PDVSA ha acumulado 21.200 millones de dólares en cuentas por cobrar, según documentos vistos por Reuters, después de recurrir a docenas de intermediarios poco conocidos hace tres años para exportar su petróleo bajo las sanciones de Estados Unidos”. Muchos de estos “intermediarios”, serían fachada de “empresarios” vinculados en el esquema de corrupción.
De estos “incluyen alrededor de 3.600 millones de dólares en facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a petroleros que abandonaron el país sin pagar por adelantado al menos una parte del valor de los cargamentos, a pesar de que los clientes habían aceptado esos términos, según los documentos.” Y que “Durante la auditoría, los departamentos de Finanzas Internacionales y Contabilidad de PDVSA dijeron que, según la documentación registrada por el sistema de contratos de la empresa, ejecutivos de la división Comercial y Abastecimiento habían estado autorizando la salida de cargamentos de aguas venezolanas sin completar el proceso de verificación de pago.” Justamente, uno de los detenidos es el jefe de dicha división Comercial y Abastecimiento, el coronel Antonio Pérez Suárez, a los que se habían sumado otros 20 ejecutivos que trabajaban para él que fueron detenidos.
El cinismo opositor, su desfalco y corruptela en los activos del Estado bajo su control
La oposición ha salido a hablar de la corrupción del gobierno de Maduro ante este nuevo escándalo, pero no pasan del más descarado cinismo. Basta recordar cuando el autodenominado “Gobierno paralelo” de Juan Guaidó apenas llevaban 10 meses, le explotaron más escandalosos casos de corrupción en tan poco tiempo que a cualquier otro gobierno realmente electo. Todo un récord en la materia, pues por lo general las ollas se comienzan a destapar pasado bastante tiempo. Para quienes no tenía las riendas reales del Estado, pero sí el manejo se cuantiosas cantidades de dinero vía los activos, cuentas líquidas y lo llegado en carácter de “ayuda”, se trataba de una marca que no había sido superada.
Así, en tan poco tiempo, estuvieron más que salpicados en el manejo oscuro de fondos con una corrupción galopante, y que los llevó incluso a una guerra intestinal entre sus facciones internas. Como vemos, en casos de corrupción y otros esquemas de igual calibre y misma envergadura, tanto los integrantes de los partidos de la oposición patronal de derecha como los del Gobierno son astillas del mismo palo, y que ahora se vienen hacer de abanderados anticorrupción.
Por eso es que estos sectores opositores no quedan fuera de todo este entramado de tener al Estado como “botín”. Una oposición que aún sigue manejando activos extraterritoriales del Estado venezolano, y de la que se han beneficiado, también con altos niveles de corrupción, y sobre los cuales no hay control alguno. Incluso entre ellos se denuncian para ajustar cuentas por pleitos de poder. Por eso, son puro cinismo las declaraciones de Juan Guaidó al hablar de la corrupción del gobierno, ellos sin ser gobierno de hecho muestran su podredumbre y descomposición.
La corrupción reina por todos lados
Tanto en el gobierno como en la oposición de derecha hay son políticos profesionales para quienes la administración de los recursos públicos es fuente de enriquecimiento, de negocios y de desarrollo de sus respectivas corruptelas. Es que el Estado es un “botín” por el cual una u otra facción política, cuando les toca gobernar, colocan a su personal en posiciones de privilegio y garantizan los negocios para su propio usufructo directamente o mediante testaferros, así como de grandes empresas. Así vemos que el Estado, como aparato de gestión de los negocios comunes de la burguesía y de la de sus propios componentes, se torna poco a poco con mayor claridad en una “asociación ilícita” a ojos de millones que ven que mientras los efectos sociales de la crisis aún son devastadores, estos sectores ven engordadas sus ganancias mil millonarias. Es que la cuestión de la corrupción en el capitalismo no son hechos aislados sino parte del propio funcionamiento del sistema.
Es que todo, desde tráfico de influencias, facilitadores, contratos públicos a dedo, falsificación de informes técnicos, prevaricación, extorsión, sobrefacturación, fraudes al Fisco, financiación ilegal y contabilidades paralelas, sobresueldos bajo la mesa, proyectos de construcción, “contratos” con la industria petrolera, sobornos, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales, son apenas algunas de las prácticas de los personeros del Estado y la clase a la que representan. Y ya lo vimos tanto en el gobierno de Maduro, como con el control de activos extraterritoriales que ha manejado y sigue manejando la oposición aún hoy, sin seguir existiendo la fantochada del gobierno paralelo de Guaidó.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), que impulsa La Izquierda Diario, decimos claramente que hay que denunciar toda esta podredumbre y que es importante que los trabajadores tengamos una posición independiente, pues es el pueblo trabajador el que sufre las consecuencias y la mayor de las calamidades. La historia nacional está llena de grandes desfalcos al país y gestas de corrupción. Todos los regímenes burgueses que se han turnado -y el chavismo no ha sido la excepción-, unos más otro menos, según las circunstancias, han incurrido en estos crímenes contra el pueblo. Las fracciones patronales que hoy se disputan el poder, están también podridas, y el fin de la corrupción no va a venir de los mismos que hicieron y hacen negocios millonarios con y a través del Estado. Sostenemos la perspectiva estratégica de luchar por conquistar un gobierno propio de los trabajadores, como salida de fondo a esa historia y este presente de voraz robo de los recursos públicos, a costa de las necesidades de las mayorías populares.
