Hace semanas se conoció públicamente la investigación sobre supuestos desvíos de fondos en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, que implicaría a militares de todos los grados. Ahora se agrega el descubrimiento de un cargamento de cocaína en un container de la institución enviado a Suiza.
Nicolás Miranda Comité de Redacción
Lunes 14 de diciembre de 2015
Sumas millonarias
Las FFAA disponen por la Ley Reservada del Cobre del 10% de los ingresos de Codelco, con un piso mínimo de 150 millones de dólares que se deben asegurar más allá del precio del metal rojo. Ya se sabe que se ha restringido la promesa de gratuidad, que se ha disminución la construcción de hospitales, que hubo un nulo reajuste al sueldo de los funcionarios públicos, por la caída de su precio, lo que no rige para las instituciones armadas.
Las cifras que se mueven son multimillonarias. Los fondos de la Ley Reservada del Cobre, solo entre los años 2000 y 2015 fueron de 20.000 millones de dólares. Las compras de armas alcanzaron los 1.500 millones de dólares, entre 2005 y 2014. Como recordábamos en La Izquierda Diario aquí, estas operaciones son fuente de corrupción, de coimas, que fueron investigadas en distintas ocasiones en los últimos años.
Este caso, conocido por The Clinic como “milicogate” estaría implicando ahora 10 millones de dólares, solo entre los años 2011 y 2014.
Una cadena de responsabilidades
Al principio, como siempre, cayeron algunos personajes menores. Pero no podía sino escalar. El mismo medio dio a conocer el correo electrónico de un general, a cargo de una de las dependencias del Ejército investigadas, en el que, en defensa propia, mostró la eventual cadena de responsabilidades.
La dependencia en el ojo de la tormenta es la División de Mantenimiento, el oficial a cargo, general Héctor Ureta, explicó que el organismo del Ejército a cargo es en realidad el Comando de Apoyo a la Fuerza, que recibiría de una red de personas desde diferentes lugares facturas ideológicamente falsas.
Agregó una desmentida al comandante en jefe del Ejército general Humberto Oviedo, y al Ministro de Defensa José Antonio Gómez, que explicaron que se habría descubierto el desvió de fondos eventual a partir de los controles habituales. Es decir: nunca existieron esos controles.
En declaraciones a la investigación, otros militares abundaron declarando que fue por orden del general Jorge Salas que los documentos entregados de respaldo para la utilización de los fondos, debían dejar de ser revisados.
La caja secreta
La posibilidad de desvíos está dada no solo por la cadena de responsabilidades. Está dada por la libre disposición de los fondos que se apropian, mediante la Ley Reservada del Cobre.
Esta ley se sancionó en 1958 por el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, determinando que el 15% de los impuestos a las grandes mineras fueran para las FFAA.
La dictadura de Pinochet la perfeccionó. Mientras privatizaba prácticamente todo, permitía que las pensiones y la Salud para los militares mantuvieran una forma particular de sistema solidario y de reparto que liquidaron para todo el pueblo. Y no solo eso, se aseguró el 10% de los ingresos de Codelco, con un piso de 150 millones de dólares, para precaverse de los vaivenes del precio, lo que también se niega a las necesidades de todo el pueblo trabajador.
Como ahora, que restringen educación, salud y vivienda argumentando, precisamente, la caída en el precio del metal rojo, principal fuente de ingresos del Estado.
No termina todo aquí. Además, el uso y destino de esos fondos, son absolutamente secretos y discrecionales, decididos solo por los jefes de las distintas ramas armadas.
“Si-viles”
Así los llamaba el novelista paraguayo Augusto Roa Bastos en una de sus novelas. Aplica aquí a la casta de funcionarios y parlamentarios en compra-venta a los empresarios, que avala, defiende y perfecciona las medidas de protección para unas FFAA impunes.
A las cárceles especiales, que son más bien cómodas instalaciones, como Punta Peuco, se agregan los sistemas especiales de salud y pensiones, el enaltecimiento cada 18 de septiembre en la “parada militar”, la impunidad en los casos de violaciones a los DDHH limitados a las condenas a unos pocos emblemáticos, el lavado de cara destinándolos a tareas de reconstrucción tras terremotos e incendios, la tolerancia para sus reivindicaciones de la dictadura como el nombre de “Augusto Pinochet” a una de las Bibliotecas en los edificios de los altos mandos.
Ahora agregan escarnio con las declaraciones del Ministro de Defensa José Antonio Gómez, que se refirió al supuesto desvío de fondos como “un porcentaje menor dentro del volumen de recursos de la Ley Reservada del Cobre”.
“Si-viles” que encubren las FFAA pinochetista, impunes y ahora implicadas en estos casos de corrupción bajo investigación, a los que se agregan el descubrimiento del tráfico de cocaína en uno de sus envíos al exterior. Un container que transportaba “cajas de transmisión de vehículos acorazados” del Ejército a Suiza, y que incautó la policía de ese país.
Previendo el vendaval, la casta parlamentaria de la derecha y la Nueva Mayoría reflota ahora los proyectos de modificaciones a la Ley Reservada del Cobre.
