Pandemia y Crisis. Los silencios de Alberto ante la Jujuy que oculta Morales

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en su exposición durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente, Alberto Fernández, dio una particular interpretación sobre la situación sanitaria de la provincia, reforzando las responsabilidades individuales, por sobre actores de peso como el propio gobierno o grupos económicos como Ledesma o las multinacionales mineras.

Morales continuó con su relato buscando responsables individuales como quienes fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, aunque desde ya sin nombrar la responsabilidad del Jefe de Policía que estuvo involucrado en el hecho, en feriantes que viven del día a día comprando en ferias de Salta o una persona que viajó al mercado central para revender frutas y verdura en la localidad de Ledesma.

La “hipótesis” de Morales trata de mostrar que los contagios los generaron personas que trajeron “desde afuera” el coronavirus a la provincia, una manera de evitar que se ponga en discusión, que desde el salto en los contagios y fallecidos, al menos, el 55% de los casos positivos corresponde al personal de la salud y a trabajadores de empresas privadas.

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En el caso del Presidente, quienes tal vez, esperaban que le pregunte al Gobernador sobre el fallecimiento de un trabajador de la planta de papel del Grupo Ledesma sospechoso de covid-19 de una empresa que tiene quince obreros contagiados y hace trabajar al personal mayor de 60 años, sobre los más de 80 obreros de la construcción contagiados de coronavirus en la minera Exar que se prepara para extraer litio, un mineral que el propio Fernández sostuvo que representa el futuro del país, o ni hablar, sobre el motín del día de ayer en el penal de Gorriti donde dos internos perdieron la vida durante el reclamo ante la falta de protección sanitarias luego que un efectivo del penitenciario diera positivo de covid. Nada de esto sucedió.

Por el contrario, Alberto Fernández, acompañó el informe de Morales e incluso llego a justificar su discurso de poner el problema sobre los comportamientos individuales, al ratificar las medidas de cuidado personal o la decisión de decretar que no se puede festejar el día del amigo en la provincia.

Respecto de la situación sanitaria el paso de cinco casos positivos a más de 600 y, 26 personas fallecidas, en un mes y medio, lo que Fernández se limitó a decir es que nadie se puede confiar y liberalizar las cuarentenas como venía sucediendo en Jujuy. Sin embargo, el propio Fernández, luego de mostrar números de dudosa confección estadística, resolvió junto al Gobernador de PBA y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, comenzar a liberalizar. La contradicción entre números y decisiones se explica por la presión económica que encabezan los grandes empresarios, los mismo, que Alberto llevó a la foto del acto del 9 de Julio pasado.

La realidad es que uno de los principales grupos empresarios del país, el que dirige la familia Blaquier, tiene un protocolo completamente permisivo como viene denunciando el sindicato azucarero en la empresa Ledesma, el cual, es avalado por el propio gobierno. En el caso de la minera Exar, la propia UOCRA, exige que se aloje a los contagiados en hoteles y ante la negativa de la minera los trabajadores iniciaron una huelga de hambre.

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El silencio del Presidente frente al accionar sin límites de las empresas, es una constante como sucede en otros puntos del país. El PJ jujeño tampoco es un actor que traslade estas problemáticas al gobierno nacional, más bien, como ha sido costumbre durante sus 32 años de gobierno, aseguro los negocios de los Blaquier, las mineras y terratenientes del tabaco. Puertas adentro de la provincia, hacen show cuestionando a Morales, pero nada dicen del apoyo decisivo de Alberto para que Morales pueda gobernar la provincia.

Por último, Alberto definió a Jujuy como "un caso interesantísimo", auque este calificativo no fue para describir el hecho que una Justicia armada a la medida del Gobernador, con diputados oficialistas ungidos como jueces, inició un régimen policíaco que se potenció tras la detención de Milagro Sala contra los trabajadores azucareros, pueblos originarios, sindicatos y la izquierda.

La deriva de los gobiernos que deciden en función de las ganancias de los grandes empresarios exige afectar los intereses de los dueños del país. Solo así, y defendiendo las libertades democráticas, se puede empezar a preparar una salida de otra clase a la crisis sanitaria, económica y social.