Tres años después, de que por unanimidad, las Cortes de Aragón, aprobaran una resolución pidiendo la retirada de cualquier símbolo franquista, estos permanecen en muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Jueves 21 de enero de 2016
Hace unas pocas semanas, la única diputada de IU en las Cortes de Aragón, preguntaba al gobierno socialista de Javier Lamban, el cumplimiento de una resolución aprobada, por todos los grupos parlamentarios, en febrero de 2013, a propuesta de esta misma diputada.
La misma obligaba al gobierno aragonés a dirigirse a todos los consistorios “en los que se tuviera constancia” de vulneraciones de la Ley de Memoria Histórica para instarles a “cumplir con la obligación” de retirar “todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”.
La propaganda franquista sigue presente en muchas localidades
A pesar de esta resolución, en muchas localidades aragonesas numerosos edificios conservan las placas con yugo y flechas del Ministerio de la Vivienda, muchos ayuntamientos mantienen calles dedicadas al general Franco, como los de Mainar –su alcalde ya lo era en la dictadura-, Belmonte de Calatayud, Maluenda, Illueca, Miedes o Lécera, y en otros el dictador sigue como titular de distinciones, como es el caso Calatayud donde la retirada al mismo de la medalla de oro de la ciudad propuesta por el PSOE, hace unas semanas fue rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.
Una de los casos más llamativos es el de la ciudad de Zaragoza. El ayuntamiento gobernado por Zaragoza en Común, coalición formada por Podemos e IU, en todos estos meses de gobierno transcurridos no ha tomado ninguna medida para cambiar los nombre de calles como: Agustina Simón, una enfermera requeté fusilada en Belchite por negarse a atender a los heridos del bando republicano o la de Gonzalo Calamita, rector de la universidad de Zaragoza durante la guerra y en los primeros años de la dictadura y ejecutor de la expulsión de los profesores no afectos al franquismo.
Pasividad e hipocresía del gobierno de Aragón
El gobierno de PSOE-CHA, sostenido parlamentariamente por Podemos, asegura que “no ha adoptado medida alguna” contra estos ayuntamientos porque “no se tiene constancia de ningún incumplimiento”. Esta actitud hipócrita, se explica, en que en estos 3 años transcurridos, ni por supuesto el anterior ejecutivo claramente de derechas del PP-PAR, ni el actual se ha dirigido a ningún ayuntamiento para pedirle información y hacer cumplir la resolución aprobada.
La situación de pasividad actual resulta llamativa en un Gobierno que “de cara a la a la galería” supuestamente se ha interesado por la memoria histórica. De hecho, su presidente, anunció hace unas semanas que el currículo educativo aragonés incluirá a partir del próximo curso contenidos específicos sobre la guerra civil y la dictadura. Y el acuerdo de investidura con su socio, Chunta Aragonesista (Cha), incluye el compromiso, que Podemos e IU ven con buenos ojos, de “aprobar una ley aragonesa de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”.
Entidades como Armha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón) han reclamado en varias ocasiones la aprobación de esa norma autonómica, convencidos de que facilitará los objetivos de investigación y rehabilitación de las entidades memorialistas.
Sin embargo, vemos como los meses pasan y estas “palabras se las lleva el viento”.
Ni retirada de símbolos franquista, ni ley de localización, ni recuperación del programa
“Amarga Memoria”. Dicho programa autonómico, en los años que estuvo vigente, aunque insuficiente permitió la localización de fosas comunes, apoyo y financiación de numeras publicaciones y proyectos de investigación sobre todo lo relacionado con la memoria histórica, hasta que con la llegada del PP al gobierno fue eliminado.
Nada nos puede sorprender de todo esto, dado que el PSOE fue uno de los principales impulsores del “Pacto de Silencio” y de la “Ley de Amnistía”, durante la Transición, que hizo que ni se investigaran, ni fueron juzgados los crímenes de la dictadura franquista y su responsables: Por otro lado su “sostén” parlamentario, Podemos, hace una reivindicación general de la Transición a riesgo de no aclarar sí su apoyo al “consenso del 78` entre franquistas y no franquistas” significa apoyar también todas las leyes de impunidad.
