Este artículo corresponde a la segunda parte de un folleto titulado “Los socialistas y el Estado en Chile”. Continuamos en esta parte con los cambios que atravesó el estado chileno en el siglo XX.

Primera parte. Los socialistas y el Estado en Chile. Linkear aquí.

Las transformaciones estatales y el estado “integral” chileno

En la historia del estado nacional chileno no existió sólo el aspecto portaliano del Estado, vale decir, el predominio de la dominación y la fuerza bajo un régimen autoritario. El propio Estado fue cambiando en el siglo XIX como señalamos en la parte anterior, ya bajo los golpes de la lucha de clases o bajo los golpes del desarrollo capitalista hacia el mercado externo impulsado por el capital extranjero. Los cambios hacia un estado liberal “clásico” durante la segunda mitad del siglo XX, fue aparejado de intentos de una cierta democratización de la república respecto de sus rasgos más dictatoriales iniciales.

Portales, siendo creyente de una especie de república dictatorial o tiranía, llegó a comprender que a la presencia del garrote había que añadir algo más. “Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los específicos con que se cura cualquier pueblo, por inveteradas que sean sus malas costumbres (…) la maquina política se mueve siempre en conformidad de los manejos del que está encargado de tocar sus resortes (…) el gran secreto de gobernar bien está sólo en saber distinguir al bueno del malo, para premiar al uno y dar garrote al otro…”  [1]

No obstante la coerción seguía siendo una de las claves de la construcción estatal. Pero es en el siglo XX en que operó una importante transformación del Estado, a medida que las masas y grandes mayorías irrumpían en la vida política y social del país.

Tras la guerra civil de 1891, y luego la serie de huelgas, luchas, y masacres obreras de inicios del siglo XX que apuntamos en la parte anterior, se profundizó la crisis del Estado liberal.

Posterior a la primera guerra mundial, se sucedió una etapa de una crisis permanente del estado chileno, hasta 1933 por lo menos, o hasta la constitución del Frente Popular y su primer Gobierno en 1938.

En todo ese tránsito se sucedieron hechos de todo tipo. Motines, huelgas y revueltas del hambre en 1918-1918 donde incluso se formó un organismo de frente único de masas como la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional dirigida por la Federación Obrera (FOCH); huelgas locales y regionales combativas y huelgas (como la dura huelga del carbón en 1920), masacres obreras (como la de la oficina San Gregorio en 1921); el surgimiento del populismo de “izquierda” con Arturo Alessandri que buscaba frenar y contener los ánimos revolucionarios de las masas; Golpes de Estado, ya de la oficialidad joven como de la alta oficialidad; la creación y promulgación de las primeras leyes sociales y laborales; proceso constituyente y nueva Constitución en 1925; nuevos golpes y dictaduras bonapartistas o autoritarias como la de Ibáñez del Campo; la Gran Depresión económica que golpeó a Chile de forma brutal; la caída de gobiernos, rebeliones y crisis en las fuerzas armadas (rebelión de la escuadra), bonapartismo de izquierdas (el golpe del militar Marmaduque Grove que constituyó la “república socialista” de 16 días); el segundo gobierno de Alessandri y su bonapartismo de derechas usando incluso milicias republicanas.

En esa larga etapa de crisis que duró más de una década, hubo diversas y cambiantes tipos de situaciones, inclusive pre-revolucionarias o revolucionarias entre medio: en 1918-1919 con las marchas del hambre organizadas por la FOCh (Federación Obrera de Chile) y la constitución de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional; entre los golpes militares de septiembre de 1924 y enero de 1925; tras la caída de Ibáñez, los años 31-32 con rebeliones y quiebres militares (el primer combate aeronaval chileno fue entre la marina sublevada y la aviación). Entre 1918 y 1933 se sucedieron 9 gobiernos y varios regímenes intermedios y transitorios.

La crisis de los años veinte combinó la crisis del sistema capitalista con la crisis del viejo Estado burgués. De esa crisis estatal, surgen las transformaciones que harán la transición hacia un nuevo pacto social y el establecimiento del Estado social.

La amenaza de la revolución social expresada en las huelgas y la militancia obrera así como el desarrollo del socialismo y la agitación social en las ciudades e inicialmente en el campo, se intentó combatir por parte de las clases dominantes ya sea con la pura fuerza (masacre de San Gregorio) como con el nacimiento de un nuevo “populismo” nacional que subordinara a la clase obrera y los sectores populares a un proyecto de reconstrucción de la autoridad estatal.

Arturo Alessandri Palma, un viejo oligarca apodado el León de Tarapacá, emergió en ese entonces apelando al “pueblo”, a lo que él llamaba su “querida chusma” con el objetivo de calmar y frenar los ánimos revolucionarios en las masas. La disputa entre “la revolución proletaria o la querida chusma”  [2] era la disputa entre populismo y socialismo en medio de una enorme crisis estatal. En el mundo, eran los años donde nacía al mundo la República de los Soviets en la antigua Rusia de los zares, y los bolcheviques y el comunismo ganaban terreno como una alternativa frente al dominio burgués. En el caso del socialismo, el POS (Partido Obrero Socialista) de Luis Emilio Recabarren ganaba fuerza y crecía en influencia y militancia, conquistaba la dirección de la FOCH y ganaba un importante peso de dirección en el movimiento obrero más nacionalmente.

La irrupción de las masas en la política, y en particular de la clase obrera, obligó a la burguesía a desarrollar nuevas formas de dominio para recomponer la autoridad estatal, desde la necesidad de cambios institucionales-constitucionales, hasta concesiones sociales y ampliación estatal integrando sectores excluidos del sistema político.

Del “peso de la noche” se pasa a reconocer y apelar al pueblo, a construir nuevos caudillos capaces de seducir al proletariado y contenerlo, a institucionalizarlo y regimentarlo para dar nueva legitimidad al proyecto histórico estatal burgués. La burguesía, a través de diversos agentes, va a la conquista del consenso de sectores de masas, busca organizar activamente el consenso y el nuevo pacto social. Para ello requiere controlar las organizaciones que había creado la clase trabajadora en la primera etapa de “sindicalismo libre” (mancomunales, sociedades de resistencia, FOCh), con el objetivo que el proletariado y las masas populares fueran integradas al Estado, para así impedir que fueran un factor para el desarrollo de situaciones revolucionarias contra el Estado.

Esto es lo que el revolucionario Antonio Gramsci llama Estado integral o se conoció posteriormente como Estado ampliado, de la intervención del Estado burgués en las organizaciones de masas. Esta tarea implica ganar, para su uso propio (de la burguesía) a las organizaciones de la sociedad civil y en particular de la clase obrera y sectores populares, para que no sean instrumentos que desborden al propio Estado. Se trata de organizar mecanismos más complejos para articular la hegemonía. Ya no se trata solo de dominación con fuerza, sino de organizar el consenso mediante la colaboración de las organizaciones de masas de la clase obrera y los sectores populares.

Para ello es clave la cooptación de las organizaciones de masas, la corrupción y la compra de dirigentes. Como se señala en esta entrevista, "Ese “Estado integral” va a tratar de intervenir desde el terreno de la sociedad política sobre las organizaciones de masas como los sindicatos y partidos buscando evitar cualquier movilización independiente que pueda llevar a la revolución proletaria.” [3]

La crisis de los años 20 del siglo pasado es la que mejor ejemplifica la idea de que se va combinando la coerción con la organización del consenso y los cambios estatales. A la imposición de la violencia, que sí está muy presente en esos momentos de crisis, se combinan de forma desigual los intentos de cooptar y regimentar, como fueron las leyes sociales-laborales y la institucionalización de los sindicatos, dominó la transición del “sindicalismo libre al sindicalismo legal”, es decir del fin de la primera etapa del movimiento obrero y el inicio de una nueva donde el Estado buscaba integrarlos para contenerlos y regimentarlos, y dar inicio al surgimiento de una nueva burocracia sindical ligada al Estado.

En Chile una de las medidas “populistas” de Arturo Alessandri fue el proyecto del “Código del Trabajo y de la Previsión Social” de 1924, que implicó una reglamentación sindical impuesta por el Estado, donde reconocía a los sindicatos por un lado y una serie de leyes reguladoras de las condiciones laborales; a la vez que establecía una discriminación entre huelgas “legales e ilegales” con el fin de provocar una atomización sindical o la separación entre “obreros” y “empleados”. Vale decir, para para regimentar y someter la lucha de las y los trabajadores al Estado, éste debía concederles derechos y legislar su lucha, bajo esa vía subordinarlos y bloquear el desarrollo de un camino de autonomía e independencia de clase frente al Estado. Esta cuestión no fue pacífica, sino que implicaba una cierta relación de organización el consenso vía la cooptación, e ir golpeando y aislando a los sectores más avanzados o de vanguardia.

Ni el Estado burgués era pura fuerza física y violencia, sino que buscó organizar el consenso; ni la sociedad civil era puro consenso, sino que también actuaba como “policía política” como las burocracias en los sindicatos. Que cambiara la forma del Estado hacia algo más “integral” no significaba que cambiaba su carácter de clase: seguía siendo, bajo formas más complejas, una herramienta de dominación de la clase capitalista sobre la clase trabajadora y el pueblo. Pero para el reformismo, se transformó en el sujeto, en la palanca de los cambios sociales.

Estos cambios estatales no fueron solo en la base política social, sino que tuvo gran importancia la crisis económica, bajo los golpes de la crisis de las exportaciones al terminar la primera guerra mundial; el hambre y la carestía de la vida; el enorme golpe de la gran depresión de 1929 y la crisis del salitre y su reemplazo por el salitre sintético. Vale decir, la crisis del “modelo exportador” ligado a las materias primas, vino a empujar una transición en la formación económica social, dando paso a una relativa política de industrialización y de un mayor peso del Estado en la economía, ya sea como regulador o como promotor de ciertas industrias subsidiadas, lo que algunos autores han llamado como un cierto dirigismo estatal. Un cambio que operaba en toda América Latina conocido como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El nacimiento de la CORFO y otras instituciones estatales hacia una cierta “planificación” económica, sin liquidar las bases de la dependencia semicolonial, fue uno de los corolarios del fin de la crisis y del cambio del Estado, ya más abiertamente desde la constitución de los llamados “frentes populares” cuyo primer gobierno inicia en 1938, de salida a la crisis de los años veinte.

Según el historiador Rodrigo Henríquez hay una especie de construcción “desde abajo” del Estado chileno en estos años: “La creación de la seguridad social en 1925 y de la intervención estatal a partir de 1932, dieron cobertura y un incipiente poder de compra a un número significativo de personas principalmente de los sectores populares urbanos a quienes fueron orientadas dichas políticas. La permanencia e influencia de estas políticas en la experiencia y en las demandas sociales dará legitimidad social a lo que en este estudio denominaré Estado sólido, es decir, la creación, instalación y consolidación de las políticas de protección social y de consumo masivo y su recepción en los sectores populares. A partir de 1932, dicho segmento de la sociedad se incorporó al Parlamento, votando mayoritariamente por radicales, socialistas, demócratas e ibañistas hasta 1948. Esto coincidió con la ampliación sustantiva del Estado en las relaciones económicas de la sociedad."

En esa lucha entre “populismo” y “socialismo” que hablábamos, hubo un ganador. No solo en el sentido de impedir la revolución proletaria haciendo populismo, con un rol clave de sectores de las clases dominantes en esta tarea, como decíamos del Presidente Alessandri y su apelación a la “querida chusma”.

En un sentido más profundo, se trata que el propio Partido Comunista, creado en 1922, luego “estalinizado” y burocratizado completamente en los años 30, y posteriormente el nacimiento del Partido Socialista hacia fines de 1932, se fundaron sobre una relación de convivencia entre el socialismo y el populismo, y se hicieron “populistas”. El POS en los años 20 había buscado combatir tanto a los sectores más reaccionarios de las clases dominantes como a las seducciones del populismo. Sin embargo, oscilaba en todo momento entre la lucha por la revolución social bajo la influencia de la revolución bolchevique (el propio Recabarren conoció la Rusia obrera y campesina) y políticas de reforma del Estado que lo situaba en camino a una subordinación a la máquina estatal burguesa. La falta de una estrategia independiente insurreccional, lo hacía ubicarse entre la reforma y la revolución.

En el caso del PS, fundado sobre la derrota de la “república socialista” de 1932, se fundó como un partido que buscando alejarse de los dictados de Moscú, tuvo una clara política populista de reforma estatal, de la búsqueda de un “estado social” que integrara a las organizaciones de masas y a los sindicatos en la construcción democrática del estado capitalista. La propia “república socialista”, nacida de un putsh de militares jóvenes encabezados por Marmaduque Grove y sus medidas “por decreto” ejecutivo, se trataba del intento de reformar el Estado en un sentido social, integrando a las masas a éste. Más parecido por sus medidas a un “bonapartismo sui generis” de izquierdas como había analizado León Trotsky respecto al gobierno de Cárdenas en México [4], que a una república socialista. El “socialismo” chileno nació bajo los objetivos de reformar el Estado burgués, no de destruirlo y de sustituirlo por una república obrera. Este hecho es el origen fundante del Partido Socialista en Chile, que en los años setenta llegó a ganar mucho peso en la clase obrera.

El populismo y reformismo penetró en las organizaciones sindicales y de masas, cooptándolas, y en las propias organizaciones de izquierda, ganándolas a la reforma del Estado capitalista.

Este giro se iba a consolidar bajo el impulso de la conformación de los “frentes populares”, una política del estalinismo nacida en Moscú en 1934 que llamaba a los partidos comunistas a hacer alianzas con sectores “democráticos” o “progresistas” de la burguesía nacional o “antifascista”, una política de colaboración de clases cuyo objetivo era en una “primera etapa”, en los países atrasados como Chile, era consolidar la “revolución democrática”. Esta estrategia, de considerar que la vía al “socialismo” era mediante la reforma del Estado capitalista y de las instituciones, fue la marcó a fuego a la izquierda chilena en todo el siglo XX hasta 1973, y que la llevó a realizar alianzas con partidos tan reaccionarios como el Partido Radical, un partido con representantes terratenientes, o la búsqueda posterior en los años 60 y 70 de pactos y acuerdos con la Democracia Cristiana, un partido del gran capital, que en 1973 apoyó el Golpe de Estado de Pinochet.

Así, la estrategia “frente-populista” que adoptó el PC y con algunos matices el PS (que en teoría denunciaba la alianza con los radicales que después terminó aceptando), de colaboración con partidos capitalistas y de la vía institucional socialismo (mediante la reforma del estado burgués) fue la estrategia hegemónica en todo el período hasta el Golpe de Estado, y fue una de las claves de la consolidación del Estado Social.

Es decir, sin la integración del PC y el PS al régimen burgués era imposible que operara esa “ampliación” del Estado para garantizar una nueva hegemonía. Como señala el historiador antes citado, "El estatismo y las demandas sociales y políticas presentes desde 1925 e intensificadas a partir de 1932 son dos factores que, junto a la institucionalización de los partidos marxistas, complementan el análisis centrado en el sistema político. Los partidos incorporaron las demandas sociales elaboradas en torno a la expansión del Estado, cuestión que permitió mantener durante catorce difíciles años, guerra mundial mediante, lo que aquí denominamos frente populismo." [5]

Una de las claves del “frente-populismo” chileno fue el pacto que tempranamente se hizo con los radicales por parte del PC y PS, de no tocar ni modificar las bases del dominio terrateniente y oligárquico en el campo y la economía agraria, que representaba cerca de la mitad de la población del país, con una enorme masa de campesinos pobres e inquilinos por un lado cercanos a la miseria, y por el otro, un dominio cuasi exclusivo de los viejos terratenientes. El llamado periodo de los Frentes Populares (desde 1938 en adelante) con predominio de los radicales y la subordinación del frente-populismo, vio las modificaciones estatales por un lado que apuntábamos arriba; y por el otro la mantención de la vieja estructura agraria atrasada en manos de los latifundistas. El pacto del frente popular protegió este dominio, y negó la posibilidad de una alianza entre la clase obrera y los campesinos pobres, clave para la lucha por la revolución. Así, el “Estado integral” chileno mientras ampliaba la representación democrática para subordinar a la clase obrera al Estado, bloqueó cualquier posibilidad de que la clase obrera ganara para su causa a la enorme masa campesina pauperizada. La propia revolución chilena tenía entre sus tareas claves irresueltas una reforma agraria radical que liquidara el poder de los latifundistas, sin la cual era imposible acometer una transformación social profunda, tarea que era imposible conseguir de la mano y colaboración con el partido radical, sino solo bajo la conquista de un gobierno revolucionario de los trabajadores, que tomara en sus manos la lucha por una reforma agraria radical y la uniera a la lucha por el socialismo, tomando una dinámica permanente. Esta perspectiva estuvo bloqueada con la constitución del frente popular.

Desde los años 30 de los frentes populares hasta el Golpe de estado de 1973, se habló de la época dorada de la democracia chilena. Se habló que Chile, a diferencia de América Latina, tenía un modelo de Estado y de sociedad civil más madura. Se habló de un país “occidental”, en el sentido de la existencia de tradiciones democráticas y parlamentarias, con una sociedad civil con numerosas instituciones sociales, sindicatos y partidos obreros de izquierda integrados al Estado. Se le concede ciudadanía económica y política al movimiento obrero, se reconocieron derechos y se amplió el Estado interventor. O sea, una sociedad opuesta a la “oriental” donde el Estado era todo y la sociedad nada, casi sin mediaciones más que la fuerza, parecidos al Chile del siglo XIX. Se consideraba Occidente opuesto a “Oriente” donde casi no había tradición democrática y la sociedad civil casi no existía.

Sin embargo, la cuestión campesina y de la tierra, la lucha contra los latifundistas, se vio obstaculizada como decíamos. Aquí operó el dominio más brutal de los señores de la tierra que actuaban como verdaderos dictadores de sus campos, el conocido “patrón de fundo”, con un Estado que garantizaba con las leyes y la fuerza la sujeción del campesino, así como la dictadura sobre el pueblo mapuche expoliado sus territorios. Aquí no había “occidente”, sino que primaba directamente el dominio por la fuerza y condiciones cuasi esclavas de trabajo. Si en un lugar se pareció “Oriente” este fue el campo chileno, y el frente populismo selló una alianza que conspiraba contra la unidad obrera, campesina y popular. Así, las tareas democrático-estructurales de la revolución chilena como la reforma agraria radical, quedaban supeditadas a un futuro lejano. Las luchas campesinas desde los años 30 y las organizaciones campesinas, si bien tuvieron influencia de la izquierda, ésta la supeditó a su alianza con los radicales y a cambios menores que no tocaban el dominio latifundista.

En la Internacional Comunista dirigida por Lenin y Trotsky, la cuestión de Oriente y Occidente atravesó numerosos debates. En Occidente era más difícil la toma del poder por el proletariado, por el sistema de defensas que crea la burguesía cooptando e integrando a los sindicatos y la sociedad civil y usándolas como escudo para su defensa. Según Trotsky, las condiciones de la revolución rusa no se volverían a repetir en otros países, no obstante ser claves sus lecciones estratégicas y sobre todo en lo que hace al desarrollo de la guerra civil.

En Chile el modelo de un “Estado integral” o de un “Estado ampliado” bajo la forma de un Estado Social, implicaba la transformación y el uso por parte de la burguesía, de las organizaciones de la sociedad civil, como los sindicatos y los partidos reformistas, e integrarlos al Estado para que éste no sea desbordado y para impedir cualquier aventura del proletariado contra el Estado capitalista.

Si por un lado, ya no se trataba de pura violencia ni del viejo estado oligárquico, liberal y burgués como como guardián nocturno que defendía solo la propiedad y el orden; tampoco se trataba que Chile había cambiado a una sociedad, en el siglo XX, puramente “occidental”, o de un “estado ampliado” basado en el puro consenso. Ambas tesis eran erradas.

Se trató de un Estado que combinó formas orientaciones y occidentales; formas consensuales y formas coercitivas. El factor ciudad-campo es una gran clave de esta cuestión donde no había casi "democracia".

Y más aun siendo Chile un país con rasgos semi-coloniales y dependientes, donde el peso de la burguesía internacional y de capitales imperialistas es decisivo, no solo en la estructura económica, sino sobre todo en momentos de ruptura y crisis estatal, donde aparecen mucho más tanto los intentos de “consensos” y de cooptación; como la “coerción” y la fuerza en caso de amenaza. Ambos polos de la misma moneda estatal; ambos aspectos bicéfalos del estado capitalista iban operando; si bien consenso y coerción van adquiriendo niveles distintos según sea la situación o la crisis estatal en juego. Así como se organizó el consenso, se integró y absorbió al Estado al movimiento obrero, sindicatos y partidos de izquierda, liquidando su autonomía obrera y su independencia política; así siempre tuvo a su mano la parte portaliana, el poder de fuego armado contra la clase obrera y los sectores subalternos en caso de una amenaza revolucionaria de las masas, en caso de desborde del aparato estatal.

De ahí la interesante paradoja que señala Henríquez: "La creación del Estado Social chileno tiene una paradoja. Fue creado por los militares (entre septiembre de 1924 y enero de 1925) y desmantelado por los militares 50 años después." [6]

Se trata de eso, pero también de otra cosa. En las décadas que transcurren del frente popular de los años 30 al golpe de 1973, esa especie de república burguesa rodeada de instituciones sociales y democráticas, tuvo un régimen bonapartista de facto de casi una década entremedio cuando, posterior a la segunda guerra mundial, los radicales rompen el frente popular y giran a una alianza con el imperialismo norteamericano, proscriben a sus aliados del Partido Comunista –estalinizado- y crean un campo de concentración en Chile: Pisagua en 1948, que 25 años después sería usado como campo de concentración de la dictadura de Pinochet.

El Estado social y democrático chileno solo aparentaba unas Fuerzas Armadas “neutrales”, respetuosas de la Constitución. Toda la historia chilena ha echado por la borda este mito. Sobre las Fuerzas Armadas, existía el mito de que no harían un golpe de Estado. Había algunas bases para ello: 40 años transcurridos hacia los años setenta sin intervención directa en los asuntos públicos. Sin embargo, era un repliegue producto de la crisis y división que vivieron en los años 20 y 30. 1932 vio la rebelión de la Escuadra como primera guerra aeronaval del país, los marinos contra la aviación (con un triunfo militar táctico de los rebeldes que sin embargo sucumbió finalmente en una derrota). Pero ese repliegue militar había significado en su contrario un periodo de acumulación de fuerzas, de recursos, de inteligencia y de preparación, con un enorme peso de Estados Unidos y particularmente de la Escuela de las Américas. Sigilosamente se habían estado preparando durante décadas cientos de oficiales y cuadros golpistas, conocedores de las técnicas más sagaces y aterradoras. La otra era la composición social de las Fuerzas Armadas. En esto tenían razón. Pero omitían el gran problema de la oficialidad (capa superior del Ejército compuesta por familiares de la oligarquía y la burguesía chilena), estructura que la Unidad Popular nunca tocó.

El Frente Popular, y la Unidad Popular después, basó su teoría en torno al uso del “Estado social” como una herramienta de cambios estructurales en favor de las clases populares, no como una herramienta de dominación de clase, si bien bajo otras formas y combinación de métodos. Así, sembró ilusiones en el avance gradual y pacífico al socialismo en los marcos de un Estado nacional capitalista y de la alianza con sectores burgueses supuestamente “progresistas”. En vez de forjar la alianza obrera, campesina y popular en pos de la construcción de un poder autónomo y de la lucha por la independencia de los sindicatos respecto al Estado, los reformistas vieron como positiva la integración de la clase obrera en el Estado. Para los marxistas esta política venía a negar la estrategia y el programa socialista, para fundamentar una política y una práctica adaptada a los marcos del Estado burgués.

Es bajo el propio Estado Social y bajo el frente popular de Salvador Allende en los años 70 (donde el peso lo tenía el PS y PC y ya no los radicales) que el Golpismo y la violencia física contra la clase obrera y el pueblo se empieza a desatar. El Golpe vino a concretizar el principio burgués que dejara Portales en momentos de crisis estatal: “De mí, sé decirle que con la ley o sin ella —escribe Portales a su amigo Garfias—, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla cuando las circunstancias son extremas. ¡Y qué importa que lo sea, cuando en un año la parvulita ha sido tantas por su perfecta inutilidad!”  [7]

Este principio ha estado presente hasta hoy en la historia estatal. No hay ni pura fuerza, ni puro consenso. La violencia estatal (y para-estatal) ha sido clave en la configuración del orden nacional, hasta el día de hoy. El mito configuró una historia pacífica y armónica del desarrollo político, social y económico chileno. De un pueblo maniatado y dormido. Una historia falsa, donde el “orden”, los héroes de la patria, los gobiernos y las instituciones son las que han forjado la historia chilena. El desarrollo político fue muy distinto. Sucesivas crisis y rupturas se fueron sucediendo. La historia de Chile, desde su conquista por el imperio español, fue una historia de crisis, rebeliones, motines, luchas de clases y luchas entre opresores y oprimidos. Esto no niega periodos de estabilidad o evolución, pero no se dan sin saltos, sin crisis, sin rupturas, sin revoluciones.

Pero otro mito y muy presente en la izquierda fue aquel en que el Estado, cambiado respecto al siglo XIX, cambió tanto en el siglo XX que la violencia física para-estatal y de los militares era imposible, según toda la teoría de la izquierda y del allendismo.

La “excepcionalidad chilena” en la cual Chile era una sociedad democrática avanzada y los militares no harían nunca más un Golpe de Estado, era la ilusión ciega de considerar al Estado social o al Estado ampliado como un factor de progreso y casi como el sujeto revolucionario del impulso al socialismo. Esa tesis negaba cualquier camino de autonomía obrera, de independencia de trabajadores frente a algún sector burgués nacional y en último término ponía a la izquierda frente populista como defensora del Estado y como enemiga de cualquier tentativa de un camino revolucionario de los obreros y de la constitución de un poder propio que enfrente y destruya al estado chileno, reemplazándolo por un Estado de los trabajadores, basado en sus propios organismos de poder, de lucha y autodeterminación.

La teoría de la “excepcionalidad” chilena sirvió en los años 70 para negar por un lado, la posibilidad de Golpes Militares; y por el otro, la negación de la estrategia revolucionaria de la huelga general insurreccional basada en la clase obrera, en la autoorganización y la alianza (tomando sus demandas) sobre el pueblo, los campesinos y el pueblo mapuche.

En 1973 quedó en evidencia la falsedad de ese mito, sobre todo tras el inicio de La Revolución en octubre de 1972 cuando surgen los Cordones Industriales como un principio embrionario de doble poder y de autoorganización de masas. Desde allí en adelante se abrió la carrera de velocidades y la crisis estatal llegó a un extremo. En una carta una semana antes del Golpe, la coordinación de los Cordones Industriales señalarían que en Chile se va o a la “dictadura burguesa o la dictadura proletaria”. [8]

Esta cuestión no ha sido ni suficientemente explorada ni debatida. Si por un lado, la historiografía “desde abajo” de los últimos 30 años dio importantes avances reconstruyendo los hilos de la historia obrera, popular y de las clases subalternas del siglo XX y en particular del periodo 70-73 con los Cordones Industriales; su gran límite es la falta de un balance y debate más estratégico sobre la vía chilena al socialismo y la cuestión del Estado, así como la perspectiva de un poder obrero y popular independiente. Da en el clave en este punto la historiadora María Angélica Illanes al decir: “El tema de la historia de la Unidad Popular y de los cordones industriales debiera ser, más bien, el de la no-insurreccionalidad armada de la vía chilena. Tema que en realidad constituye la gran pregunta sobre la historia del movimiento obrero en Chile.” [9]

La negación histórica de la necesidad de una estrategia de insurrección obrera en Chile hace a la cuestión del Estado. Una posición socialista sobre el Estado burgués chileno debe avanzar a la lucha y la necesidad de una imponer nueva herramienta estatal, un estado de los trabajadores construido desde abajo hacia arriba, desde la clase trabajadora como clase productora y social, que destruya la máquina estatal burguesa chilena, e inicie el camino de la construcción internacional del socialismo.