En la VI conferencia nacional del PTR realizada hace unas semanas discutimos cómo llevar adelante de forma consecuente una política de independencia de clase en la actual situación nacional y ante el plebiscito. Para ello buscamos desarrollar también algunas discusiones teóricas acerca de los proyectos de “restauración” en curso. Acá esbozamos unos apuntes sobre la cuestión del Estado en Chile, sus transformaciones históricas y la tarea de las y los revolucionarios, tomando algunos conceptos de los revolucionarios Antonio Gramsci y de León Trotsky. Iremos publicando en varias entregas de este folleto. Aquí, iniciamos con algunos apuntes sobre el aspecto “portaliano” del estado chileno y sus rasgos en el siglo XIX. En las siguientes entregas iremos apuntando los cambios estatales de la mano de la lucha de clases y las crisis económicas, sobre todo en el siglo XX la creación del Estado social.
El doble carácter del estado burgués chileno
El Estado nacional chileno y sus dos siglos de historia ha sido objeto de numerosos debates. Sin embargo en la izquierda, tras la dictadura, se ha hecho omisión a esta cuestión, de la mano con el abandono de la discusión estratégica. La rebelión popular de 2019 y más aún, el proceso constitucional y los intentos de restauración del poder, reactualizan este debate.
A grandes rasgos, el doble carácter del estado capitalista chileno ha implicado dos aspectos que parecieran negarse, pero son muy complementarios en toda la historia nacional. Por una parte, una enorme centralización con regímenes muy autoritarios, donde el elemento fuerza física, violencia o coerción (lo que podríamos llamar Dominación) fueron determinantes para conformar y proteger el orden social. Esto es lo que se llamó del Estado como el “vigilante nocturno” con predominio de la violencia para proteger propiedad y orden. Aunque habían otros mecanismos, algunos consensuales, predominaba la fuerza bruta.
Pero el Estado, sin abandonar ese factor violencia, fue sufriendo modificaciones sobre todo a raíz de las crisis estatales de los años veinte del siglo XX. Fue en los marcos del centenario de la república, las luchas de clases y los peligros revolucionarios de la clase obrera, así como los golpes de la crisis económicas, que las clases dominantes buscaron sostener su dominio en base a nuevas relaciones con el movimiento obrero y de masas, para buscar impedir que amenazaran al propio Estado.
Por eso no existió en la historia sólo el aspecto portaliano del Estado, aunque siempre fue muy fuerte el factor coercitivo. Del “peso de la noche”, se pasa a reconocer al pueblo, a construir nuevos caudillos capaces de seducir al proletariado y contenerlo, a institucionalizarlo/regimentarlo para dar nueva legitimidad al proyecto histórico estatal burgués. La burguesía, a través de diversos agentes como el nacimiento de burocracias sindicales y civiles, va a la conquista del consenso de sectores de masas, busca organizar ese consenso-aceptación, y controlar las organizaciones que había creado la clase trabajadora.
Intentaban que el proletariado y las masas populares fueran integrados al Estado, para así impedir que fueran un factor para el desarrollo de situaciones revolucionarias contra el estado capitalista. Esto es lo que el revolucionario italiano Antonio Gramsci llama Estado integral o se ha conocido como Estado ampliado. Esta tarea implica ganar, para su uso propio a las organizaciones de la sociedad civil, mediante sus agentes, y que no sean instrumentos que desborden al propio Estado. Se trata de articular y organizar mecanismos más complejos para articular la hegemonía. Ya no se trata solo de dominación con fuerza, sino de organizar el consenso mediante la colaboración de las organizaciones de masas de la clase obrera y los sectores populares. La corrupción y la compra de dirigentes es solo uno de estos métodos.
Ese “Estado integral” va a tratar de intervenir desde el terreno de la sociedad política sobre las organizaciones de masas como los sindicatos y partidos buscando evitar cualquier movilización independiente que pueda llevar a la revolución proletaria.
Es decir, el Estado no era pura fuerza física y violencia, sino también organizaba el consenso. Y la sociedad civil, no era puro consenso, sino que actuaba como “policía política” como eran las burocracias en los sindicatos. En los años veinte estos cambios fueron operando mutuamente y se reflejaron en todo el siglo XX.
¿Está cambiando el estado capitalista chileno hoy tras lo que fue la rebelión del 2019 y los rasgos de crisis estatal que observamos? ¿Hay un proyecto de hacer un “Estado social” y cuáles son sus características? ¿Cómo nos preparamos las y los revolucionarios para enfrentar estos cambios y luchar por una perspectiva independiente de las y los trabajadores?
A ello intentaremos adentrarnos tomando la historia nacional y las estrategias de la izquierda ante estos cambios. En esta primera entrega nos adentramos en el conocido “Estado portaliano”.
Primer aspecto: el estado portaliano y el predominio de la fuerza
El constructo del Estado nacional chileno se desarrolló, tras la independencia de la Corona española, entre inestabilidades, crisis, guerras civiles y restauraciones -lo que fue llamado período de la anarquía por la historiografía tradicional-.
La guerra civil, que tuvo su punto culminante en la batalla de Lircay (1830) y en el establecimiento de la Constitución de 1833 del triministro Diego Portales, selló el triunfo del sector de la oligarquía y de la aristocrática burguesía comercial, poniendo en sus manos la construcción del nuevo aparato estatal. Tras siete ensayos constitucionales y sucesivos gobiernos, decantó una guerra civil que enfrentó por un lado a los liberales, federalistas y pipiolos, y por el otro a los pelucones, o´higginistas y estanqueros. Los primeros, tras un modelo federal que le daba autonomía a las regiones frente a Santiago, representaban una alianza social liderada por la burguesía de provincias como Copiapó y Concepción, junto a sectores artesanos y de la pequeña burguesía. Los segundo eran los terratenientes, la naciente burguesía comercial de donde venía Portales, y que buscaba un estado autoritario, unipersonal y unitario. La iglesia Católica se incorporaría a estos últimos.
Esta última alianza fue la que triunfó y comandó la emergente construcción del estado nacional chileno. Sobre esa base se rubricó la Constitución Política de la República de Chile de 1833, Constitución que duraría casi un siglo, sustituida por la Constitución de 1925.
Para Diego Portales, padre de la República como se le ha conocido “… el orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a obscuras y sin poder contener a los díscolos masque con medidas dictadas por la razón o que la experiencia ha enseñado ser útiles” [1] . Si el orden social se mantiene por la sumisión de los de abajo, hacía falta un aparato para sellar esa paz social.
El nuevo demiurgo de la historia nacional configuró un poder unitario y centralizado, bajo un régimen autoritario de sometimiento y exclusión de las masas populares. “La República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un Gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el Gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos.” [2]
El Estado portaliano, centralización exclusiva de la vieja oligarquía terrateniente y del capital comercial, aquello que Gabriel Salazar denominó la burguesía castellano-vasca de Santiago, es hasta el día de hoy “modelo de Estado” para un gran sector burgués, sostenido en base a un enorme grado de fuerza-coerción.
Pero ese modelo de Estado fue cambiando. De forma temprana el orden era amenazado por crisis, desde el temprano asesinato de Portales en 1837, pasando por las guerras civiles y crisis revolucionarias de 1851 y 1859, cuando irrumpieron los igualitarios y las provincias influidos por las revoluciones de 1848 en Europa. Todos esos procesos fueron aplastados por el estado centralizado. Pero a la vez demostraban la falsedad de la historiografía tradicional -conservadora y liberal- de puro orden, que a la vez negaba el enorme uso de la represión.
La lucha de comunidades, pueblos y naciones originarias contra el invasor español primero y luego contra las clases dominantes chilenas y extranjeras y su Estado nacional, es la historia de Chile y de pueblos y naciones que al día de hoy lo habitan. Es una historia de enormes combates y de resistencia. Y también es la historia de la lucha de clases del pueblo chileno, como aquel de las rebeliones de las provincias y las insurrecciones de la Sociedad de Igualdad de Santiago Arcos y Francisco Bilbao, con base social en el artesanado y pequeños comerciantes, bajo los ideales combinados de democracia radical y de socialismo utópico influidos por las revoluciones europeas de 1848.
Sin ser Chile un país feudal, se trataba de una formación social específica que combinaba un cierto desarrollo del capitalismo en base al capital comercial e industrias nacientes del periodo colonial, con el peso de una estructura agraria dominante, atrasada y desigual. Este desarrollo estaba orientado hacia el comercio exterior, donde tenían gran peso los capitales europeos y configuró un rasgo de sometimiento semicolonial temprano al capital extranjero.
El proceso de desarrollo y acumulación capitalista que tomó impulso desde 1850 hacia inicios del siglo XX y que vino a ver la construcción de ferrocarriles y vías, puertos y casas comerciales –y la emergencia de un poderoso y concentrado proletariado chileno-, fue en base al predominio del capital extranjero, e impulsó el proceso de expansión militar del estado nacional ampliando sus fronteras. Las reformas de liberalización comercial para impulsar la industria capitalista no tocaban el dominio de los grandes campos en manos de la aristocracia terrateniente; y dieron nuevo impulso al modelo orientado hacia el comercio exterior que se había consolidado con Portales.
La transición de gobiernos conservadores (1833 – 1861) a liberales (1861-1891) fue una lucha al interior de las clases dominantes y de sus fracciones, y estuvo condicionado a la transformación oligárquico-burguesa / burguesa-oligárquica de sus clases dominantes (el título nobiliario era visa de entrada en las alturas societales y del Estado; así como la posesión de empresas capitalistas, comerciales y bancarias significó la adaptación del Chile latifundista a la fusión con el capital). Su unidad frente al peligro desde abajo garantizaba el dominio en el marco de esta disputa.
La inversión de grandes potencias europeas, Inglaterra en primer lugar, con John Thomas North (el “rey del salitre”), pero también capitales alemanes y franceses, fueron el motor de esa alianza social-estatal. La guerra civil de 1891, divididas las fuerzas armadas entre ejército y marina, mostró el costo de la entrega de los grandes medios productivos y comerciales a manos del capital extranjero.
La fronda aristocrática, de lucha fraccional y división en las alturas entre los distintos sectores de la clase dominante, que describió el ensayista burgués Alberto Edwards como un elemento clave de la crisis de la república en su centenario, se dio en base a la unidad de la defensa estatal. En Chile no hubo “tercer estado” ni revolución permanente “francesa” (plebeya y jacobina) pues no existió una burguesía revolucionaria que, fundiendo sus intereses propios con la gran masa del pueblo, construya un estado antagónico al estado oligárquico terrateniente y libere la tierra a las grandes masas campesinas. La construcción estatal se desarrolló sobre la base de la continuidad de un modelo ligado al comercio exportador, de minerales –como el cobre y salitre- o productos agrícolas –como el trigo y luego el ganado-, y luego de un salto capitalista desde mediados del siglo XIX que modificó sus bases consolidando al estado.
Dicho período de acumulación capitalista de mediados del siglo XIX, cuyo motor fue el capital extranjero aliado de la oligarquía y burguesía comercial, fue uno de los momentos de mayor cambio, mutación, expansión y consolidación del Estado nacional chileno. Mientras se extendían las “libertades” de comercio el Estado nacional motorizó dos sangrientas guerras de saqueo y conquista. Hacia el norte fue la ocupación de las provincias de Bolivia y Perú. Hacia el sur la ocupación, junto al estado argentino, del Wallmapu, territorio de la nación mapuche, y la colonización de la Patagonia, con el genocidio Selk´Nam. [3]
La Guerra del Salitre, llamada Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, fue alentada por el imperialismo inglés, la oligarquía latifundista y la débil burguesía nacional, y mandó a los huachos del bajo pueblo a conquistar Antofagasta, Iquique y Arica, arrebatadas a Bolivia y Perú. Este territorio tenía grandes riquezas, poseía los únicos yacimientos de salitre natural existentes en el mundo, e importantes minerales de plata, cobre, azufre, bórax y depósitos de guano. La incorporación de la industria salitrera generó una poderosa expansión económica, constituyéndose el salitre como la base de la estructura económica del país.
Por esas mismas fechas, hacia 1880, se profundiza la campaña contra el pueblo-nación mapuche, una guerra de colonización, anexión y saqueo. Para el desarrollo capitalista chileno y la construcción del estado fueron necesarios el saqueo de grandes recursos, la guerra externa y la destrucción de las comunidades originarias y de pueblos y naciones pre-hispánicas, para abrir el campo al desarrollo del trabajo explotado por el capital libremente. La mal llamada “pacificación” de la Araucanía traería al norte el trigo del despojo mapuche , y en la zona más austral, el comercio de lana de oveja a Inglaterra, realizado por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego originaron el brutal genocidio de los Selk`nam aparados por el Estado. Según el historiador marxista Luis Vitale "La mayor parte del trigo provenía de la Araucanía, colonizada por los Bunster y Cía., después del aplastamiento mapuche en la segunda mitad del siglo pasado. Las sociedades particulares compraron a bajísimos precios las tierras que expropió por la violencia el Estado a los Mapuche, y consolidaron el latifundio sureño. El “nuevo granero” de Chile, constituido por las provincias de Bío- Bío, Malleco y Cautín, producía 2.100.000 quintales metros de trigo en 1923, lo que se hizo devastando milenarios bosques de araucarias, “bosques vírgenes” y otras especies con el fin de habitar nuevas tierras agrícolas, y que serían los gérmenes de una crisis ecológica y el ecocidio". I [4]
La configuración estatal acompañó el desarrollo capitalista y las nuevas acumulaciones originarias a sangre y fuego, promovido con mucha fuerza por el capital extranjero, que iba a ser determinando en la configuración del saqueo nacional y la economía orientada hacia el exterior, así como de un estado que garantizada ese orden. En ese marco, la guerra civil de 1891 no expresó una lucha de una burguesía nacional “progresiva” contra el viejo poder feudal terrateniente, como expresó el historiador Hernán Ramírez Necochea, sino que fue un quiebre al interior de las fracciones dominantes, de donde echar mano de la renta nacional y de la hegemonía del sector más ligado al dominio del capital extranjero.
Los cambios económico-sociales del desarrollo capitalista hacia el siglo XX fueron transformando el conjunto de la vieja estructura social, sus regiones y provincias, sus fuerzas productoras, sus clases y sectores sociales, su estado y su cultura. Si en el campo las grandes mayorías eran los campesinos, peones y labradores; en la ciudades y pueblos, frente a la ruina y decadencia del artesanado, emergía un poderoso proletariado concentrado en enormes minas de salitre y cobre, en construcción, en ferrocarriles, puertos y bancos. Siendo la minoría de la población (apenas cerca de un 15% de la población total, considerando que en el campo vivían las grandes mayorías oprimidas de campesinos pobres y labradores) sin embargo estaba concentrado en los motores de la riqueza nacional al norte del país, donde los ingleses dominaban, también al sur del país (sin desarrollar aquí el comercio del campo que fue clave como el rol del trigo exportado).
El emergente proletariado rápidamente empezó a constituir organizaciones y luchas. En 1890 se desarrolló el primer Congreso Obrero Nacional y en 1891 tuvo lugar la primera huelga general que se combinó con una revuelta que dejó numerosos muertos. Entre 1903 y 1905 se produjeron grandes movilizaciones de trabajadores con huelgas generales; la primera en Valparaíso, y la segunda en Santiago, que culminaron con varios trabajadores muertos también.
El Estado nacional chileno, una vez consolidado y reforzado su carácter de herramienta de dominación en poder de las clases dominantes, preparado frente al enemigo “externo” en combates auspiciados por el capital extranjero, y usado por la burguesía y la vieja oligarquía que cerraban filas, actuaba así como el verdadero guardián en defensa de la propiedad privada y de garantizar el orden social.
En 1906 los trabajadores del ferrocarril Antofagasta – Bolivia (FCAB) iniciaron una huelga por aumento salarial y por cambios en la jornada de trabajo para tener horario de colación. Esta huelga combativa fue impulsada por la Combinación Mancomunal de Obreros y la respuesta fue una matanza de los obreros en la Plaza Colón de Antofagasta. Militares junto a las guardias civiles de los ricos reunidos en el Club de la Unión fueron los responsables. La más dramática de todas las masacres fue aquella ocurrida el 21 de diciembre de 1907 en la ciudad nortina de Iquique, donde ametrallaron a más de 3.000 trabajadores que estaban junto a sus familias y niños. Eran obreros chilenos, bolivianos, peruanos y argentinos, que trabajaban en las minas del salitre en las llamadas “oficinas” en el desierto, y que se habían ido a la huelga por malas condiciones de trabajo y a causa del incumplimiento del alza de los salarios tras la devaluación de la moneda y alza del costo de la vida, que hacían casi imposible vivir a las y los trabajadores con 16 peniques. Los cientos de obreros bajaron de la pampa a la ciudad y se quedaron en la Escuela Santa María de Iquique, donde fueron masacrados junto a sus familias.
El siglo se inauguró con las revueltas, huelgas, movilizaciones y masacres obreras. La construcción del estado nacional fue compleja, y está basada en la violencia, en guerras, conquistas y saqueo. Max Weber, comentando una frase de León Trotsky en Brest-Litovsk –que “Todo Estado está fundado en la violencia”- señaló que “objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el ̇único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico.” [5] De allí su concepto que el Estado es quien tiene el monopolio de la ley y la violencia (física). Agregaríamos: como herramienta de dominación de clase. Esto ha quedado demostrado en la historia chilena.
Todo este aspecto del Estado burgués chileno, el portalianismo, ha sido y sigue siendo muy clave actualmente. Más aun su factor centralizador, y coercitivo. La parte pura del estado burgués portaliano, era la fuerza física, inclusive en los gobiernos liberales. Aunque éstos buscaron ir asimilando las nuevas capas medias urbanas con ciertas concesiones y libertades, no modificaba lo sustancial del estado “guardián” de la propiedad privada y del orden, el estado como vigilante nocturno como lo acuñó Lasalle.
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