Las falacias sobre los impuestos y el reinado de la informalidad laboral. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que ese emite los jueves de 22 a 24 h por Radio Con Vos, 89.9.
Fernando Rosso @RossoFer
Jueves 28 de abril de 2022 23:12
- Por estos días tuvo lugar un debate sobre los impuestos y la presión tributaria, a propósito del “tractorazo” que impulsaron las patronales del campo ante un eventual gravamen sobre la renta extraordinaria o “inesperada”. Se sacó a relucir un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que hablaba de los presuntos 165 “impuestos” que se pagan en el país y se mezclaban tasas de todo tipo en una amalgama que pretendía sembrar la idea de que los sectores “que producen” pagan muchos tributos.
- Sin embargo, si se observan los números reales del sistema tributario argentino: tenemos que el IVA (un impuesto al consumo popular) explica el 37% del total de recaudación por impuestos; Ganancias (dónde también está la cuarta categoría de asalariados) representa el 27%; el Impuesto a los débitos y créditos, el 8,5%; Combustibles (siempre trasladado a precios), el 4% y los recursos aduaneros (donde están los derechos de exportación e importación), que son el 15%.
- Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizado en 2019 reveló que el caso argentino era uno de los más regresivos, dado que los impuestos a los que más tienen o más ganan en 2019 sólo explicaban el 38,8% de la recaudación total, por debajo de Uruguay, Chile, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Francia y Dinamarca. La conclusión a la que llegaban era que “los sectores populares son los que reciben mayor presión fiscal”.
- Pero, además de esto existe toda otra cara del “campo” y de cargas sociales o “impuestos” que no se pagan y que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras empleadas en el campo. Tomo estos datos de un muy buen artículo de la revista Crisis.
- En 2010, el censo de población contabilizó casi 700.000 trabajadores y trabajadoras empleadas en el campo. Hay esperar los resultados del censo en curso para actualizar el dato. Las cifras del Ministerio de Trabajo de la Nación sólo exponen los empleos agrarios que fueron formalizados. Y hace diez años que ese registro canta alrededor de 340.000 trabajadores y trabajadoras rurales. Si esto es así, el cotejo entre los 700.000 empleados rurales contados por el censo y las 340.000 “altas” laborales del Ministerio, indicaría que existe una brecha de 360.000 trabajadores y trabajadoras agrarias sin registrar. Poco más de la mitad de quienes se emplean en el campo.
- Otras estimaciones van más allá: sostienen que el censo de población se quedó corto y que en realidad existen al menos un millón de trabajadores y trabajadoras empleadas en el sector. Si esto fuera así, en el campo el empleo informal llegaría a 650.000 trabajadores (65%) y pasaría directamente a duplicar al empleo registrado (35%).
- Dice el artículo que además de ser “una silenciosa mayoría demográfica, las y los trabajadores rurales en relación de dependencia componen la principal ‘fuerza productiva’ del campo. Concentrada como está la producción de alimentos y commodities en manos de grandes empresas, estos empleados y empleadas son la verdadera contracara y los principales productores directos del propio agronegocio. De modo que su rol es estratégico: a caballo, en tractor o con sus propias manos, mueven la rueda de un sector económico que alimenta en pesos los estómagos de nuestra sociedad y en dólares las ganancias de la cúpula agroexportadora del capital.”
- Pese a esto, se llevan tan sólo el 13% en la distribución de valor, es el sector de la economía con menor participación de las y los trabajadores: el subsuelo de la patria agroexportadora.
- Y esto último conduce directamente a las remuneraciones de este sector. En 2021 habían caído tanto que una mínima combinación de distintos programas de asistencia representó ingresos mayores que los percibidos una temporada de zafra. Naturalmente, casi nadie se presentó a cosechar. Los empresarios ¿qué dijeron?: “No querían trabajar” y que era necesario “eliminar los planes sociales”. El Estado intervino, pero veamos de qué modo: permitió que las y los empleados temporarios que se registraran pudieran mantener sus ingresos de asistencia social. Algunos lo vieron como una cuestión progresiva. Pero, en los hechos mantuvo los salarios privados igual de bajos. Y en vez de que el empresariado agroexportador cargase con el costo de pagar salarios a la altura de la canasta básica, sería el Estado el que garantizaría la supervivencia de este colectivo de trabajadores sumando programas sociales a sus magras remuneraciones. En los hechos es un subsidio a los empleadores que exportan en dólares y que agitan todo el día contra la famosa “asfixia impositiva” del Estado. Bueno, esto fue presentado en el discurso oficial como un ejemplo del famoso “empalme” entre planes sociales y “trabajo genuino”.
- Sin meternos en el largo debate histórico sobre cómo fue la apropiación de la tierra (vía despojo), todas las cifras en términos de impuesto, salarios y reparto del valor, demuestran claramente quienes sufren las presión y quienes son los verdaderos mantenidos del campo.
Fernando Rosso
Periodista. Editor y columnista político en La Izquierda Diario. Colabora en revistas y publicaciones nacionales con artículos sobre la realidad política y social. Conduce el programa radial “El Círculo Rojo” que se emite todos los jueves de 22 a 24 hs. por Radio Con Vos 89.9.
