Actualidad Nacional. Lozoya, libre: el testigo colaborador de AMLO y la 4T

El operador de los negociados que beneficiaron a Odebrecht, quien compró empresas chatarras con el erario publico, llevará un brazalete electrónico y no pisara la cárcel.

De esta forma, uno de los símbolos vivientes del desfalco perpetrado en los últimos dos sexenios, el que orquestó los sobornos y los “moches” para los políticos al servicio de las transnacionales, recibió de parte de la Fiscalía el increíble beneficio de enfrentar el proceso en libertad.

Lozoya, la “víctima”

La primera audiencia en caso Agronitrogenados marcó el inicio del show. Esta empresa, perteneciente al grupo Altos Hornos de México, fue adquirida por Pemex a un valor estratosférico. Lo que recibió la paraestatal fue una verdadera chatarra.

El ex director de Pemex afirmó que esta estafa mayúscula al propio estado, fue realizada bajo presión e intimidación, y amenazó con denunciar a “los autores de estos hechos”. Lozoya pretende lavarse las manos de su responsabilidad en una de las corruptelas del siglo. Su defensa argumentó que “fue utilizado ... por un aparato organizado de poder”. Esto, dejando de lado que, por supuesto, no sólo era parte destacada de este entramado sino que recibió grandes tajadas por su desempeño.

Es evidente que el conjunto de los poderes políticos del país (desde la presidencia hasta el Congreso) estuvieron coludidos en la gran entrega de la reforma energética. Lo indignante es que el principal operador se presente ahora como la víctima y que reciba claros beneficios por parte del actual gobierno, en retribución por su colaboración.

Durante la audiencia, Lozoya aceptó los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y ejercicio indebido del servicio público. A cambio de esto, la Fiscalía General de la República (FGR) no pidió la prisión preventiva, y aquel solo tendrá que ir cada quince días a firmar en el reclusorio. Se hizo evidente una vez más el acuerdo entre el ex director de Pemex y el gobierno, a cambio de que aquel señale a otros implicados en los casos de corrupción durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Lozoya no tuvo descaro en defenderse en torno a las propiedades que habría adquirido con los sobornos recibidos por parte del dueño de Altos Hornos, el empresario Alonso Ancira. Afirmó que el único bien inmueble que tiene (una propiedad de mil 165 metros cuadrados en Lomas de Bezares) fue presentado en sus declaraciones patrimoniales. Esta casa tiene un valor de “solo” 38 millones 175 mil pesos, superior al millón y medio de dólares. De esta calado es el beneficio que obtienen los “servidores públicos” al servicio de la patronal

Este miércoles, se realizó una segunda audiencia, en esta ocasión por el caso Odebrecht, en la cual Lozoya también fue señalado por delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y donde éste declaró haber ofrecido un cargo en la administración pública al ex director de Odebrecht México. Se puede esperar que continúe el tratamiento privilegiado al ex director de la principal paraestatal del país, quien estuvo prófugo durante casi un año.

AMLO y la lucha anticorrupción

López Obrador no dejó lugar a dudas: el ex director recibirá “ciertas consideraciones”. La justificación es que “va a dar a conocer nombres de los involucrados en los delitos que se le imputan”.

La lucha anticorrupción lanzada por el gobierno en torno al caso Lozoya, muestra sus límites, incluso en una cuestión tan elemental como ésta: uno de los jefes de la “gran estafa” es “testigo colaborador” y podría no pisar la cárcel, en función del acuerdo con el gobierno.

Esta por verse como utilizará AMLO las posibles nuevas denuncias que formule Lozoya. ¿También irá contra Peña Nieto y Calderón? O -en aras de no generar mayor polarización- ¿se limitará a dejar la amenaza latente, para disciplinar a la oposición? El llamado “combate a la corrupción” está marcado por las necesidades del gobierno, como se ve en el caso Lozoya y como puede esperarse también en una hipotética investigación de los ex presidentes.

Pero mientras este es el trato privilegiado que reciben los mafiosos de guante blanco, a quienes se persigue y se mete a la cartel es a los luchadores sociales y activistas medioambientales. O, como también se vio recientemente, con la detención arbitraria y mediante pruebas fabricadas, de la abogada laboralista Susana Prieto, representante del Sindicato 20/32 en la frontera.

La entrega no se cuestiona

A pesar de que el caso Lozoya saca a la luz (una vez más!) la corrupción de la llamada “clase política” y los grandes negocios en beneficio de los empresarios, lo que no se cuestiona desde el gobierno del Morena es la reforma energética.

Lo dijo el mismo Lopez Obrador: “(esto) No afecta los contratos, las rondas, de la reforma energética y mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación del marco legal energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a CFE”.

Pero la reforma y los contratos subsiguientes fueron justamente el resultado del accionar de los gobiernos y de las legislaturas anteriores, involucrados en la corrupción que se denuncia.Como lo fue también la ruina en que dejaron a Pemex, que hoy está fuertemente endeudada a cargo del erario público.

El resultado de todo eso fue un salto en la entrega de los recursos naturales y estratégicos del país a las grandes trasnacionales imperialistas y grandes empresas como Odebrecht, lo cual ha continuado -más allá de la retórica gubernamental- durante la presente administración. Las redes de corrupción orquestadas por Emilio Lozoya fueron la herramienta para garantizar esta entrega, demostrando al servicio de quien está la llamada “clase política”.

Sin embargo, la cruzada anticorrupción de AMLO, no solo deja libre a personajes nefastos como el ex director de Pemex, sino que aclara que no tocará -a pesar de todas las evidencias- los intereses de las trasnacionales beneficiadas.

Es evidente que se requiere una política distinta, que ataque las verdaderas causas de la corrupción -la colusión entre las grandes empresas y los políticos a su servicio- y que eche atrás la reforma energética y la entrega de los recursos naturales del país.

Como planteábamos en este diario ante la crisis de Pemex “¿Hay otra salida? Sí: primero, no pagar la deuda de la petrolera y segundo, expropiar a quienes saquearon las arcas nacionales, como Peña Nieto, Lozoya, Fox, Calderón y sus amigos, para obtener fondos para la operación de Pemex.”

Esto, junto a renacionalizar, sin pago, los sectores de Pemex entregados a las trasnacionales, bajo control de sus trabajadores organizados democráticamente y desde la base, que son quienes pueden operar la empresa y administrar sus utilidades en beneficio de la mayoría de la población.