Sobre Emilio Lozoya pesa la acusación de haber recibido cinco millones de dólares a cambio de adjudicar contratos de Pemex a la empresa brasileña Odebrecht. La libró gracias a los diputados que legislan al servicio de los empresarios y las trasnacionales.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 25 de abril de 2017
La Subcomisión de Examen Previo, conformada por miembros de las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados, determinó que las faltas por las que se acusa a Lozoya ya prescribieron. Los integrantes de esta comisión son diputados del PRI, del PAN y del PRD.
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Fue Rocío Nahle, del Morena, quien promovió el juicio político. Lo mismo hizo en abril de 2016. En esa ocasión, Morena realizó el pedido de juicio político en contra del mismo Lozoya por jubilaciones forzadas y negocios privados con Pemex para beneficiar a los amigos de Peña Nieto y Salinas en perjuicio de la empresa.
Juicio político ¿una salida ante la corrupción?
Un juicio político quedaría en manos de los mismos partidos que se aliaron para el Pacto por México, la antesala de la votación de las reformas estructurales. Y que luego votaron la reforma energética –que se trata de la entrega de Pemex y los hidrocarburos al capital privado–, así como la reforma laboral, la educativa y la de telecomunicaciones.
La entrega de Pemex –que ha traído como consecuencia accidentes terribles como el de Pajaritos hace ahora un año y decenas de miles de despidos– la realizaron los funcionarios de los partidos tradicionales a cambio de generosas dádivas…como la de Odebrecht. Dádivas que se suman a millonarios salarios por legislar al servicio de empresarios como Slim, las trasnacionales y el imperialismo estadounidense.
Por todo eso, la de Morena es una medida impotente para combatir la corrupción. Propone también votar por “personas honestas” para los cargos públicos que donen parte de su salario para gasto social. Pero luego incluye en sus listas electorales a personajes provenientes de la “mafia del poder”, como el caso de la señora Cadena.
Además, si se mantiene el peso del pago de la deuda externa sobre la nación, ¿cómo se garantizará el pleno acceso a salud, a educación y a vivienda del conjunto de las y los trabajadores y los sectores populares? Si no hay una ruptura con el imperialismo estadounidense, ¿se puede cambiar la estrecha relación entre la clase política y las trasnacionales? De todo esto los dirigentes de Morena no dicen nada.
¿Con salarios millonarios para los funcionarios de gobierno se puede terminar con la corrupción? La asociación entre el capital privado y los gobiernos de esta democracia para ricos es indisoluble. Este régimen –salpicado de escándalos que se multiplican como los de Yarrington, Duarte y el propio Peña Nieto– es absolutamente irreformable, al contrario de las ilusiones que pretende sembrar Morena.
Como propuso la maestra Sulem Estrada, de la Plataforma Anticapitalista, en las elecciones a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México: que los funcionarios ganen lo mismo que un maestro o un trabajador. Esto es parte de una propuesta para enfrentar en forma radical la corrupción, que debe orientarse hacia atacar el conjunto del estado capitalista. Es el camino para un cuestionamiento de raíz a las instituciones de la democracia para ricos y a la explotación y la opresión de este sistema de hambre y muerte.
