El PAN y los empresarios braman que se trata de una expropiación que espantará inversiones. El PRI coquetea con el gobierno. Hay que movilizarse por la renacionalización de toda la industria energética, sin indemnización y bajo control de sus trabajadores.
Jueves 7 de octubre de 2021
Imagen: Pixabay / Pexels
El gobierno de AMLO presentó una iniciativa de reforma eléctrica para “rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. Declararon que el objetivo es “garantizar a la población precios justos por el servicio de energía eléctrica”. La reforma propuesta al Congreso establece también que la explotación de litio estará a cargo del Estado.
“Ya no estaremos sujetos, como hasta hoy, a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas los que despachen la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional”, declaró Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, durante la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio.
Respecto al litio -un mineral fundamental para la electricidad utilizado en la producción de electrónicos como los teléfonos móviles y en baterías para autos eléctricos- hasta el momento hay 8 concesiones otorgadas, que se mantendrán sólo si las empresas concesionarias demuestran que están explotándolas, y no se asignarán nuevas concesiones.
La iniciativa presentada por el poder ejecutivo incluye la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la constitución, y nueve transitorios.
En caso de lograr la aprobación de la reforma, la CFE dejará de ser una empresa productiva del estado -la figura que habilitaba la asociación con empresas privadas- y pasará a ser un organismo del Estado. A su vez, las anteriores subsidiarias serán eliminadas y permanecerá un órgano único a cargo de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica, un recurso estratégico para la producción.
Según declaraciones oficiales, la CFE producirá y distribuirá por lo menos el 56 % de la energía que se genera en México, mientras el sector privado podrá tener un 46 %.
La reforma contempla también la desaparición de contratos de autoabastecimiento, lo cual implica que las grandes cadenas comerciales y tiendas de autoservicio estarán obligadas a comprar energía a la CFE.
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La indignación de la derecha, los empresarios y los grandes medios
La iniciativa de AMLO despertó el encono de los grandes medios de comunicación, voceros de la derecha. Están coléricos porque afirman que esta iniciativa “desmontará, si recibe el apoyo del Congreso, gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, que abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años”, como se consigna en El País.
Enrique Quintana, director de El Financiero escribió “a diferencia de lo que hizo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica, nadie propone pagar un centavo a los empresarios privados, sino solo arruinarlos”. Falta que diga “pobres empresarios”, cuando trasnacionales y grandes magnates se han beneficiado de la entrega de recursos, beneficios fiscales y derechos laborales en caída libre gracias a las reformas energética y laboral de Peña Nieto, Calderón y todos sus predecesores.
Toda la prensa alineada con el empresariado y los partidos patronales tradicionales agita el fantasma de litigios internacionales y nacionales, invocando la violación de derechos del capital que opera en el sector energético.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) salió a agitar que si se aprueba la reforma eléctrica de AMLO “habrá desabasto y apagones, subirán las tarifas de luz y se empobrecerá a los mexicanos”.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México afirma que podrían perderse inversiones y proyectos, esto sin que se logre cubrir la demanda de energía eléctrica que hay en el país.
Recuperar la soberanía energética
Para lograr la aprobación de esta reforma, que AMLO lanza en nombre de la soberanía energética, se necesitan 331 votos en la Cámara de Diputados, de los cuales Morena y sus socios tienen 278. En el Senado, para lograr la mayoría calificada, le hacen falta 86 votos, y el partido de gobierno y sus aliados suman entre 76 y 73.
Por eso el presidente hizo un llamado al PRI: “Solo hay que decirles a los del PRI: ¿Ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica? (...) ¿Que ya los priistas no piensan así?”.
Sin embargo, hay que decir también que fue el mismo tricolor el que encabezó el impulso de la reforma energética que garantizó la apertura al sector privado y la entrega de recursos, y que al igual que el PAN y que el PRD, se venden al mejor postor para incrementar sus fortunas personales. Nada favorable para los trabajadores y el pueblo se puede esperar de los partidos del Pacto por Mexico.
En ese marco, AMLO busca también tranquilizar al empresariado y a los propios priistas, con declaraciones como “No se afecta a ninguna empresa, no se expropia”.
Para recuperar la electricidad y revertir la reforma energética de Peña Nieto y el imperialismo estadunidense, no se puede esperar a los tiempos y las componendas del congreso.
Hay que ir por todo: por la renacionalización de todo el sector energético, para que esté en manos del estado y no sólo la mayoría del mismo. Que sea sin pago ni indemnización, y bajo control de sus trabajadores. Y para esto es fundamental la más amplia movilización obrera, popular e independiente encabezada por las y los trabajadores de la energía, como los de CFE y los de Pemex, junto con los de contratistas y trasnacionales que operan en México, organizados democráticamente desde las bases.
Tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas para recobrar los recursos estratégicos como la electricidad, el petróleo y el litio de manos de las trasnacionales imperialistas, para que se exploten bajo control de la clase trabajadora, que será la única interesada en producir energía al servicio de las mayorías, para satisfacer las necesidades sociales, minimizando las afectaciones al medio ambiente.