Desaparición y muerte. Luciano Arruga: a doce años, un crimen estatal que sigue impune

La noche del 31 de enero de 2009 Luciano Arruga fue secuestrado, desaparecido y asesinado. Tenía 16 años y era pobre. Pese a que la mano ejecutora llevaba uniforme Bonaerense, el caso es un muestrario de un sofisticado entramado policial-político-judicial. Entramado que no solo hizo desaparecer, mató y enterró anónimamente en el cementerio de La Chacarita al joven, sino que aplica esos mismos métodos desde hace décadas sobre la población joven, trabajadora y pobre.

Hace dos semanas, en el marco de los preparativos para la jornada de lucha por Luciano convocada para este domingo a las 15 desde el exdestacamento de Lomas del Mirador (ver más abajo), la periodista Rosaura Barletta hizo a través de Twitter una precisa síntesis del caso, sus causas y consecuencias. Ella integra el grupo de familiares y amigos de Arruga.

Mano dura siempre lista

En ese hilo de tuits Barletta relata que la cosa empezó en 2007, cuando se produjeron “dos casos de alcance mediático nacional de marzo de ese año: (Gustavo) Lanzavecchia y (Hernán) Landolina. Florista de Susana Giménez y entrenador de Guillermo Cóppola”. Ambos casos ocurrieron en Lomas del Mirador y desataron la movilización de un grupo de “vecinos” de esa localidad de La Matanza.

Como sucede desde hace décadas, cuando se producen violentísimos hechos que se hipermediatizan bajo el rótulo de “inseguridad” aparecen voceros de la derecha encabezando marchas y denuncias públicas. Su slogan es básico: “no se puede salir a la calle, para que no nos maten tendría que haber mucha más policía, pero los políticos no hacen nada”.

Juan Carlos Blumberg podría ser el ejemplo más recordado de esos paladines de la mano dura. Hombres (y algunas mujeres) que agitan rabia xenófoba y clasista pero, al mismo tiempo, desconocen (o prefieren desconocer) que justamente la Policía es una actriz protagónica del gran delito y el crimen organizado, a lo largo y ancho del país.

En 2007 la batuta la agarró Gabriel Lombardo, referente de la agrupación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi), quien además de haber montado una mansión-fortaleza frente a la Villa 12 de Octubre (donde vive la familia de Luciano) nunca negó sus estrechos vínculos con la Policía Bonaerense y con políticos como Francisco De Narváez. Vínculos que le permitieron conseguir mucho en su “lucha” contra la “inseguridad”.

En un artículo de La Nación de septiembre de 2008, titulado “La Matanza: donde reina el miedo”, Lombardo dijo que “un chico de ocho años que se crió en la villa no es una criatura, hay que bajar la edad de imputabilidad penal, los malandras están en las villas”. Suficiente ilustración.

Con los casos Lanzavecchia y Landolina a la cabeza, Lombardo marchó a la sede de la Comisaría 8° junto a decenas de personas exigiendo “justicia” por esos casos y más “seguridad” para los “vecinos honestos de Lomas del Mirador”. Tiempo después la familia del personal trainer Landolina decidió separarse públicamente de Lombardo, por no adscribir a la mano dura pregonada por Valomi.

La periodista Barletta recuerda que “hay tres villas en la zona, dos dentro del barrio, la 12 de Octubre, donde vivía Luciano y vive su familia, y la Santos Vega; y hay una que no está dentro de Lomas del Mirador, pero está muy cerca, Las Antenas”. La campaña de Valomi, entonces, “se centró en instalar un destacamento ubicado estratégicamente para mantener a los negros adentro de los pasillos y no paseándose por las avenidas”, grafica.

El Frente para la Victoria no dudó en aprovechar el reclamo de Valomi para la campaña electoral. En tiempo récord Espinoza consiguió la casa de la calle Comisionado José Indart 106. Con unas pocas remodelaciones se podría montar el destacamento. El gobernador Solá y su ministro de Seguridad León Arslanián aprobaron la idea y destinaron recursos, efectivos y tecnología. Se inauguró en septiembre de 2007, a sirenazo limpio y con decenas de “vecinos” aplaudiendo a la Bonaerense.

A fines de ese año Daniel Scioli dejó de ser el vicepresidente de la nación y reemplazó a Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Fernando Espinoza llevaba ya dos años al frente del Municipio de La Matanza (su primer período de gestión fue de 2005 a 2015, desde 2019 transita el segundo).

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Luciano, víctima del empoderamiento policial

“Espinoza cortó la cinta para inaugurar el destacamento y aprovechó muy gustoso que una campaña basada en el terror y la desinformación lo beneficiara dándole buen nombre por abrir un centro de tortura en una casa. No tardó el destacamento en empezar a organizar el delito”, recuerda la periodista.

El primer contacto de los efectivos del destacamento de Lomas del Mirador con Luciano Arruga fue para proponerle un “negocio”. Él debía salir a robar (los oficiales especulaban que siendo tan pobre no le faltarían motivos) y, a cambio de repartir el botín, nunca tendría problemas. Pero el joven se negó. Y eso pareció condenarlo.

Tras desairar el ofrecimiento policial, el hostigamiento no se hizo esperar. Se daba vuelta la cosa, de posible “socio” pasó a ser blanco de aprietes y torturas. “Le apoyaron un arma en el pecho en el medio de la calle, lo amenazaron con violarlo, matarlo, lo cagaron a palos, lo hostigaron hasta que no pudo ni salir de su casa”, recuerda Barletta.

La primera detención se produjo el 22 de septiembre de 2008. Luciano aún tenía 15 años. En las doce horas que lo tuvieron encerrado en la cocina del destacamento lo torturaron de muchas maneras. Además de golpearlo, sin sacarle nunca las esposas, lo obligaron a comer un sándwich escupido por algunos de los policías. Su madre Mónica y su hermana Vanesa fueron a reclamar por su libertad y desde la recepción se llegó a escuchar el grito que venía de la cocina: “¡Vane, sacame de acá que me están matando!”.

Sólo uno de los torturadores terminaría siendo juzgado y condenado, siete años después. El 15 de mayo de 2015 el ex teniente primero de la Bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a diez años de prisión por aquellas torturas físicas y psicológicas en perjuicio de Arruga. Sus cómplices del destacamento nunca fueron siquiera procesados. Son los mismos que cuatro meses después de aquellas torturas terminaron con la vida del joven.

Desaparición, NN, muerte

Desde la medianoche del 31 de enero de 2009 la familia de Luciano perdió todo contacto con él. Rosaura Barletta recuerda que “esa madrugada la familia recorrió hospitales y comisarías, se hizo la denuncia y a comienzos de febrero ya se había presentado el primer Habeas Corpus, que fue rechazado”. Inconfundiblemente, la Bonaerense estaba detrás.

El Estado no daba ninguna respuesta. El intendente Espinoza se puso del lado de la Policía, mientras creaba al mismo tiempo la Policía Municipal. Para no hablar de Daniel Scioli y su ministro de Seguridad (y fiscal federal) Carlos Stornelli, que bancaron a los uniformados y maltrataron a Vanesa y su madre. El Gobernador directamente se negó a recibirlas (recién lograrían una audiencia en 2014).

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El Estado no respondía. O sí, pero no como esperaban la familia y los amigos de Luciano. Con amparo político-judicial, la Policía se dedicó a amenazar a los testigos que la comprometían y obligar a otros “testigos” a declarar a su favor. “A uno hasta lo reventaron a balazos, no sé a cuántos testigos lograron quebrar, pero fueron varios”, recuerda la periodista Barletta.

Una noche, mientras la familia dormía, tiraron brasas por la ventana de una de las habitaciones. El 7 de junio de 2015 el auto de Vanesa apareció incendiado en la calle. Cuando en cada marcha o entrevista se nombraba a tal o cual funcionario del Frente para la Victoria, no se hacían esperar los aprietes. Barletta cuenta que llegaron a llamarles y decirles “ey, dijeron algo feo sobre el gobierno en una entrevista”. Y encima durante un año y medio familiares y amigos fueron víctimas de escuchas secretas ordenadas por el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas.

Mientras la Policía contaba con todo el tiempo y los recursos para destruir cuanta prueba existiera, el Poder Judicial llegó a negarles dos pedidos de habeas corpus a la familia, algo que por definición el Estado no debería hacer. Cinco años después de desaparecido, la Cámara Federal de Casación Penal aceptó finalmente el pedido e instó al Gobierno, a jueces y fiscales a buscar al joven.

Todo siguió siendo incertidumbre hasta que se ordenó cotejar las huellas dactilares de Luciano con las de personas detenidas e internadas la noche del 31 de enero de 2009. Tras meses de espera, se supo que Arruga había estado internado en el Hospital Santojanni (Mónica y Vanesa habían estado allí, pero les dijeron que nadie con sus características había estado en el hospital).

Luciano fue llevado a ese hospital porteño por una ambulancia del SAME, tras ser atropellado aquella madrugada en plena Avenida General Paz a la altura del cruce con la Avenida Mosconi. Un lugar en el que, para llegar a pie, hay que avanzar trepando el terraplén. Al ser citado a declarar, el hombre que lo atropelló dijo que Luciano estaba “escapando de algo”. Y otro que iba en moto y paró al ver la trágica escena vio un patrullero de la Bonaerense, con las luces bajas, estacionado en la colectora.

A Luciano lo enterraron el 11 de mayo de 2009 como NN en una tumba del cementerio de La Chacarita. Allí estuvo hasta que la familia logró su identificación, a mediados de octubre de 2014. Antes de ser enterrado había estado en la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el 3 de febrero de 2009 el médico José Patitó (hoy fallecido) hizo un informe de autopsia en el que afirmaba que el cuerpo era de un hombre de entre 25 y 30 años, de tez blanca y mentón normal. Nada que ver con Arruga. También constató traumatismos en cabeza, brazos, torso y tobillos, por lo que no dudó en afirmar que se había tratado de un “accidente”.

Casi seis años después de esa autopsia de Patitó, a pedido de la querella tomó intervención en la causa la médica forense Virginia Créimer, quien aportaría algunos datos relevantes. Por un lado, tras participar de una reautopsia, la perita descubrió que el cuerpo de Luciano tenía costillas rotas pero que eran fracturas previas a su muerte. Podrían ser, por ejemplo, de septiembre de 2008, cuando Torales y compañía lo amasijaron en el destacamento.

La doctora Créimer también analizó las imágenes registradas en el momento del hecho por la concesionaria que administra el control y los peajes de la General Paz. Fotos que durante años habían dormido en una carpeta de la empresa y que al ser solicitadas por la querella fueron reveladoras.

Créimer vio el cuerpo de Luciano tirado en el asfalto. Y vio que ese cuerpo estaba vestido con una polerita, un pañuelo al cuello, unas medibachas mal puestas, una vedetina rosa encima de ellas y un jean de mujer enrollado hasta las rodillas. Sin zapatillas. “Fue la Bonaerense”, dijo sin dudarlo.

La perita argumentaría en su informe que semejante tortura y hostigamiento contra el joven de 16 años, hasta obtener su muerte, tuvo un alto componente de dominación patriarcal, con la humillación y la violencia sexual como parte del rito perverso de sometimiento.

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Doce años de impunidad

El 17 de octubre de octubre de 2014, horas después de que el cuerpo fuera hallado en La Chacarita, la Gobernación bonaerense emitió un comunicado en el que hacía llegar su “solidaridad a los familiares de Luciano Arruga y el deseo de que el hallazgo del cuerpo de Luciano ayude a mitigar el dolor de la muerte, luego de los dolorosos episodios sucedidos en la Capital Federal”. Más cinismo de Scioli, Mariotto y el resto de los funcionarios, imposible.

Tanto en los años previos al hallazgo del cuerpo como después (hasta hoy) el régimen político-judicial abogó por la impunidad. La intervención inicial del juez Gustavo Banco y de las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas fue por demás cómplice, tanto que hoy tramita una causa en su contra por no investigar y encubrir.

La primera fiscal delegó la “investigación” en la propia Policía Bonaerense. Además le negó información a la familia y no denunció (como era su deber) las torturas sufridas por el joven cuatro meses antes de desaparecer. Terminó siendo apartada de la causa.

En el caso de Cejas, siempre buscó poner el foco de las sospechas en la propia familia de la víctima. Por eso, con aval del juez Banco, espió ilegalmente las comunicaciones telefónicas de la hermana, la madre, la abuela y la pareja de la abuela de Luciano.

Con la actuación de ese trío judicial se garantizó la eliminación de rastros y pruebas. También se avaló la presión a testigos y los ataques a la familia. En definitiva, se consumó el pacto de impunidad del que participa el Estado de conjunto.

Hoy la familia de Luciano reclama que avance en serio la causa judicial contra el juez y las dos fiscales de la Provincia de Buenos Aires, que aún está en etapa de acusación.

Pero el principal reclamo de la familia Arruga es que concluya lo más rápido posible la etapa de instrucción en la causa federal donde se investiga la desaparición forzada seguida de muerte. Entre otras medidas de prueba, es central saber fehacientemente quiénes prestaron servicio en el Hospital Santojanni al momento en que el SAME ingresó el cuerpo de Luciano.

En diciembre de 2011, por la persistente lucha de familiares, amigas y amigos de Luciano Arruga, el intendente Espinoza se vio obligado a cerrar el destacamento de Lomas del Mirador y permitir la construcción allí de un espacio cultural por Memoria, Verdad y Justicia. Hasta en eso quiso sacar tajada Espinoza, queriendo montar allí una secretaría del Municipio y un vacunatorio de perros. Pero la resistencia de la familia y de los jóvenes nucleados a su alrededor lo impidieron.

Desde allí, desde el Espacio Luciano Arruga, ubicado en José Indart 106 de Lomas del Mirador, este domingo a las 15 Radio Zona Libre realizará una transmisión en vivo en homenaje a Luciano, denunciando la impunidad y exigiendo justicia. Por razones sanitarias no se convoca a participar en el lugar, sino a seguir el mensaje radial de la familia y los amigos.

¡Luciano Arruga Presente! ¡Juicio y castigo a los culpables! ¡El Estado es responsable!