Fue hallado sin vida el 17 de octubre pasado, tras cinco años y ocho meses de búsqueda. La familia se enteró de que el adolescente, que había desaparecido en 2009, estuvo todo ese tiempo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Martes 18 de noviembre de 2014
Luciano Arruga era hostigado persistentemente por los policías por negarse a robar para ellos. Su desaparición, el 31 de enero de 2009, fue denunciado por la familia, lo que poco tiempo después generó un movimiento de jóvenes, organizaciones sociales, de organismos por los derechos humanos y partidos de izquierda, que pusieron en pie una coordinadora para reclamar la aparición con vida de Arruga, al tiempo que denunciaban la violencia policial.
Pero los primeros jueces y fiscales que tuvieron la causa en sus manos entorpecieron la investigación. Entre otras cosas caratularon la causa como "averiguación de paradero", mientras que las fiscales delegaron la investigación a la Bonaerense: a la misma Policía sospechada de la desaparición del adolescente. La lucha de la familia, amigos y el movimiento logró que se cambie la caratula como desaparición forzada de persona, que paso al fuero Federal. Se incorporaron en esta causa las denuncias de la familia: entre ellas, que meses antes de su desaparición fue detenido y torturado por la Policía Bonaerense en el destacamento de Lomas del Mirador. Los peritajes con perros confirmaron que Arruga había estado en esa dependencia la última noche que se lo vio con vida. La declaración de un testigo, detenido esa noche, confirmó que vio muy golpeado al adolescente. Los peritajes continuaron por un descampado de la zona, donde los perros reconocieron el ADN de Luciano, en el mismo lugar donde se identificó que un móvil policial del destacamento estuvo detenido fuera de su radio de patrullaje la noche del 31 de enero de 2009.
La causa por accidente de tránsito que la familia rechaza
El pasado 17 de octubre, cuando se hace público la aparición sin vida de Luciano, se dio a conocer que había un expediente judicial abierto por la muerte por accidente de tránsito de un NN, sucedida a las 3.21 de la madrugada del 1 de febrero de 2009, quien fue atropellado en el cruce de Avenida General Paz –mano Capital- a la altura de Emilio Castro, cerca del destacamento policial investigado. La persona accidentada fue trasladada por el SAME hasta el Hospital Santojanni, quien fue intervenido quirúrgicamente. No sobrevivió al pos operatorio. Fue enterrado en el cementerio de la chacharita, dos meses después de haber permanecido en la morgue judicial.
En la conferencia de prensa, que tuvo lugar en el CELS el pasado 17 de octubre, la hermana de Luciano Arruga, Vanesa Orieta, sostuvo que de ninguna manera la causa se cerraría como accidente de tránsito, y que continuarán luchando hasta que se conozca toda la verdad y se arme el rompecabezas que parece ser esta causa.
Donde supuestamente fue atropellado Luciano había una garita policial, muy cerca del destacamento que fue detenido-desaparecido. Las primeras versiones que diera la persona que atropello al joven dijo que éste “venía corriendo y estaba indeciso a cruzar”. Esto daría fundamento a otra investigación que como afirma Vanesa Orieta, su hermano no era un tonto y que en una situación normal jamás se le ocurriera subir el terraplén para cruzar una vía rápida, habiendo un cruce para peatones. La madre de Luciano reiteró que la policía tuvo mucho que ver con la muerte de su hijo, y sostuvo que ahora "lo tratan como estúpido para cubrirse", en referencia a la versión de que el joven cruzó mal una calle y fue atropellado. Mónica Alegre, la madre de Luciano Arruga, fue entrevistada por la revista La Garganta Poderosa donde expresó que "antes lo trataban como el ’negro villero’ y ahora como ’estúpido’, porque alguna etiqueta tienen que poner para cubrirse de toda la mierda que hicieron". Y agregó que si realmente cruzó por la vía rápida "debía estar huyendo en la desesperación total".
Entre el rompecabezas que menciona Orieta hay otros hechos para rearmar. En la madrugada del 31 de enero la familia buscó incesantemente a Luciano, incluso estuvo en el Hospital Santojanni, pero le dijeron que no había ingresado ningún joven con esas descripciones. Nadie cotejó las huellas digitales de Luciano con el NN, y tampoco tuvieron en cuenta los tatuajes en su cuerpo que lo podía identificar. Las huellas del adolescente estaban en un expediente del destacamento de Lomas del Mirador, donde había estado detenido. Estas huellas fueron digitalizadas y cotejadas con las huellas de la base de datos del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Habría que preguntarse por qué el personal del hospital no cotejo los datos de la persona fallecida como NN con el joven buscado por su familia. ¿Fue por desidia, negligencia o encubrimiento? En esta causa el gobierno de la Ciudad y los tribunales porteños también son responsables.
Falta determinar si los resultados de ADN confirman que el cuerpo hallado corresponde al de Arruga. Pero los estudios de la autopsia que comenzaron, buscan determinar cuál fue la causa de la muerte.
Los responsables políticos
El caso de Luciano Arruga tiene como responsable material a la Policía Bonaerense y el encubrimiento político de la Justicia, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y Daniel Scioli gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin este respaldo político la maldita policía, involucrada en el gran delito, y la muerte de jóvenes por el gatillo fácil o por golpizas en comisarías, sería disuelta inmediatamente. Pero la impunidad que gozan estas bandas armadas con uniformes oficiales, está dada por la función social que está llamada a cumplir: criminalizar a la juventud y los pobres y organizar el negocio del delito. Por todo esto es que los ocho policías Bonaerense que estuvieron aquella noche del 31 de enero en el destacamento de Lomas del Mirador continúan impunes.
Si el caso Luciano Arruga generó un gran coordinadora por su aparición con vida y contra la violencia policial es porque desde el año 1983 hasta hoy se registraron aproximadamente 4300 casos de jóvenes muertos por el gatillo fácil. Más de 200 están desaparecidos. Muchos de estos jóvenes fueron detenidos ilegalmente por la policía, que después de ser torturadas y asesinadas aparecen "atropelladas" en una ruta o bajo las vías del tren, y si no ahogados en el río como el reciente caso de Franco Casco
Pelear contra la impunidad de estas bandas armadas con uniformes y sus responsables políticos, tiene que continuar siendo una bandera de los jóvenes, la izquierda, los trabajadores y los organismos de derechos humanos independiente del Estado. Porque denunciar la impunidad de estas bandas asesinas es, además, denunciar la responsabilidad políticas de las mafias gobernantes.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
