No hubo negligencia, ni falta de voluntad como están diciendo algunos medios, hubo voluntad de ocultar, de desaparecer: cuerpo, datos, libros de registro. Durante tres años la causa estuvo caratulada cómo averiguación de paradero. La familia presentó un hábeas corpus a los cinco días de desaparecido y se lo rechazaron.

Alejandrina Barry @Barry__Ale - Dirigente del CeProDH e hija de desaparecidos
Martes 21 de octubre de 2014
Los que integrábamos la Coordinadora de La Matanza sabíamos qué estábamos denunciando y a qué nos exponíamos. Nada más ni nada menos que a la maldita Bonaerense y al poder político que la banca, tanto nacional como provincial, además de la justicia.
Realizamos actos frente a la Municipalidad de La Matanza, para denunciar el rol del municipio y del intendente Fernando Espinoza de silenciar el caso de Luciano, siendo él mismo quien inauguró el destacamento de Lomas de Mirador, donde desapareció Luciano, acorde con su política de militarización de los barrios pobres, dando vía libre a la policía para continuar con su práctica de gatillo fácil. Movilizaciones a la Comisaria 8ª, donde los peritajes confirmaron que Luciano estuvo ahí la última vez que se lo vio con vida. Y, como dijo su hermana Vanesa, “hay quienes pueden informar que fue un accidente o hay quienes pueden decir la verdad”, que está comprobado que la Policía de La Matanza lo detuvo ilegalmente ese día. En esta comisaría, además, funcionó durante la dictadura un centro clandestino de detención. La respuesta del intendente al pedido de la familia de que cerraran el destacamento que detuvo a Luciano fue respondida negativamente en sucesivas oportunidades. Cuando se logró que se cierren, abrieron a pocas cuadras uno más grande y donde se siguió con los mismos métodos. Y uno de los peores escándalos de esta causa es cuando una de las fiscales instruye a la Bonaerense para que investigue. Por la lucha se logró que se apartaran de la causa.
Como dijo Vanesa en la conferencia de prensa, “tocamos todas las puertas”, incluso se entrevistaron con el gobernador Scioli y este les respondió nombrando a Granados y militarizando aún más los barrios humildes. La familia le pidió hablar con la Presidenta y después de muchos meses le respondió que no correspondía porque no se trataba de un caso de desaparición de persona. La familia recibió muchas respuestas de los Gobiernos nacional y provincial, maltrato y humillación, burlas.
En la conferencia de prensa donde Vanesa, acompañada por los abogados de la APDH y el CELS, anunciaba que había aparecido Luciano enterrado como un NN en Chacarita, decía lo siguiente: "Hay datos de que entre la una y las tres Luciano estuvo detenido en el destacamento, fue levantado por un patrullero y pasó por un descampado cercano. Hay un montón de cosas que hablan de la complicidad y hay que unirlo con el lugar donde fue encontrado por última vez a las 3.30". Vanesa, además, anunció que ahora que encontraron a Luciano quieren saber la verdad de quiénes son los responsables.
Encubrimiento e impunidad en estos seis años
El caso de Luciano cuestiona abiertamente que la solución al problema de la llamada inseguridad sea saturar los barrios de policías y distintas fuerzas represivas. Porque son ellas las que manejan el gran delito, el nacotráfico, las redes de trata y de prostitución y el reclutamiento de jóvenes de las barriadas para utilizarlos como mano de obra descartable. Porque son ellas las que asesinaron a más de tres mil jóvenes con su llamado gatillo fácil, mil quinientos solamente durante el Gobierno kirchnerista.
Como desde el primero momento, no vamos a aceptar ninguna manipulación que intente encubrir la verdad. A Luciano lo mataron la Policía y el poder político cómplice.
Exigimos el juicio y castigo a los culpables, empezando por los policías del destacamento de Lomas del Mirador. No vamos a retroceder en la lucha hasta que el último responsable material y político de su desaparición y muerte sea juzgados. Esto solo lo lograremos mediante la movilización de miles de jóvenes, trabajadores, junto a los organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y de izquierda.

Alejandrina Barry
Diputada de la ciudad por el PTS-FITU