El cuerpo de seguridad internacional dejará, luego de 13 años, múltiples violaciones a mujeres y niños perpetuadas por los soldados, según informes del organismo internacional y entrevistas por la agencia The Associated Press.
Jueves 13 de abril de 2017
Tras 13 años de ocupación, la ONU considera que Haití está listo para retirar del país caribeño a sus “cascos azules”, conocida como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah).
Dicha acción recibió el respaldo generalizado de los miembros del Consejo de Seguridad en 2004, después de la intervención militar conjunta de Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile para derrocar al Presidente Jean-Bertrand Aristide.
La Minustah fue integrada desde entonces por alrededor de 7 mil efectivos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Jordania, Nepal, Pakistán, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay.
“Retirada” paulatina
La ONU utilizará los próximos meses -hasta octubre- para reducir progresivamente su presencia hasta completar una supuesta retirada del personal militar desplegado en Haití. Sin embargo, la medida considera sustituir esa presencia militar con una nueva operación mucho más reducida de casi 300 policías.
La nueva misión, se centrará en apoyar a la policía haitiana, "promover el Estado de derecho y vigilar el respeto de los derechos humanos" con el apoyo del nuevo presidente haitiano, Jovenel Moïse y del resto de países miembros.
En una entrevista con Sandra Honoré, representante especial del Secretario General y Jefe de la Minustah, defendió que las fuerzas de seguridad haitianas han demostrado una “creciente profesionalización”.
La propia Honoré, ha reconocido que esta operación no significa que la ONU vaya a desaparecer de Haití, pues continuará con la nueva misión y seguirá trabajando en el país a través de sus numerosas agencias y fondos presentes sobre el terreno. Dicho mensaje ha sido respaldado por los miembros del Consejo de Seguridad, que ven el fin de la Minustah como una noticia positiva. Pero, ¿qué hay detrás de la medida?
Una medida para encubrir la violación de derechos humanos
The Associated Press realizó una investigación sobre las misiones de la ONU en los últimos 12 años, donde se encontraron más 2 mil denuncias contra cascos azules y otro personal del organismo por abuso y explotación sexual. La crisis de derechos humanos ha permanecido y se ha profundizado desde entonces en el país.
Mediante entrevistas se ha dado a conocer que son pocos países los que han atendido las solicitudes para investigar la situación, y en los pocos casos donde militares fueron encontraron culpables, se ha decidido el camino de la impunidad ya que los nombres se mantienen bajo una celosa reserva. En el caso de los 134 efectivos militares de Sri Lanka que estuvieron involucrados en una red de trata de menores que operó durante los años 2004 a 2007, la resolución la Naciones Unidas fue enviar a 114 cascos azules a su país. Ninguno enfrentó la cárcel.
El círculo perverso para mantener en la impunidad la violación sistemática de mujeres, adolescentes, niñas y niños en Haití se consolida con el respaldo de los países miembros y de manera jurídica, ya que la ONU alega estar limitada para actuar por no tener jurisdicción sobre los cascos azules, y “la sanción de los responsables corresponde a los gobiernos que aportan efectivos militares a la Minustah".
La maniobra de la ONU de votar la “retirada” de los cascos azules es una medida para evitar una escalada mayor sobre la crisis de derechos humanos que ellos mismos provocaron y que ahora ayudan a encubrir. A esta situación se suma el hecho de que algunos funcionarios estadounidenses han empezado a exigir reformas dentro de la ONU, mismas que se encuentran dentro del plan de gobierno de Donald Trump, como la propuesta de reducción de 31 % al presupuesto estadounidense relacionado con la diplomacia y la asistencia exterior para dicho organismo.
Frente a esta política de la ONU que actúa de la mano con los gobiernos latinoamericanos, cómplices de la ocupación militar, de la violación de derechos humanos y de los crímenes contra el pueblo haitiano, se debe fortalecer la denuncia y la solidaridad internacional bajo el llamado de que las organizaciones sociales, de mujeres, sindicales y populares de los países involucrados tomen en sus manos el reclamo por el retiro efectivo, total e inmediato de las tropas de Haití.
