El conflicto entre la comunidad estudiantil del CIDE y el Conacyt ha escalado desde hace meses lo que desembocó en la toma de las instalaciones de la institución y su posterior entrega el pasado 15 de enero.
Viernes 21 de enero de 2022
Luego de 48 días los estudiantes que tomaron las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México, entregaron las instalaciones a los edificios el 15 de enero del presente año.
La acción de parte de los alumnos fue en respuesta a la falta de diálogo con la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Buylla.
Los jóvenes señalaron que “El día de hoy cumplimos 48 días de haber recuperado nuestras instalaciones. En el camino hemos encontrado el apoyo y la solidaridad de toda la comunidad, otras universidades, líderes de opinión y la población en general”, asimismo afirmaron que “la crisis institucional está lejos de resolverse”. Expusieron que por el aumento de contagios de Covid-19 en el territorio nacional decidieron desalojar las instalaciones para poder resguardarse, pero, también mencionaron que “transitarán a otras formas de resistencia”.
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Educación y lucha en la educación superior
El conflicto empezó por la destitución de Alejandro Madrazo, el coordinador de la zona centro del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) y posteriormente la de Catherine Andrews, secretaria académica de la institución, por negarse a cancelar las evaluaciones semestrales a docentes. Movimientos que fueron operados por José Antonio Romero Tellaeche, a quien desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se le ha impuesto como nuevo director a pesar del repudio y la inconformidad que causa su presencia en ese puesto. Lo anterior ha ocasionado la búsqueda de la destitución del director interino Romero Tellaeche, alegando que su nombramiento fue una imposición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La crisis del CIDE soló es el reflejo de una crisis más profunda que está sufriendo la educación superior y de posgrado en México. Un primer punto a mencionar es el verticalismo y al autoritarismo con que se nombran a las autoridades universitarias: según las leyes orgánicas y reglamentos de la mayoría de las escuelas, al más puro estilo medieval, establecen que una “junta de gobierno” o un “consejo universitario” nombrados de facto y por elecciones dudosamente democráticas, elijan a las autoridades, lo que genera en automático la exclusión de la mayoría de maestros, trabajadores y del estudiantado de la toma de decisiones de sus instituciones.
Otro punto a resaltar es la precarización laboral en las universidades, pues en estrecha relación con el tema anterior, al ser un pequeño y cerrado grupo el que toma las decisiones en las escuelas, causa nepotismo y “amiguismo”, es decir, que los puestos de trabajo, incluidos los mejor remunerados, sólo son asignados a personas fieles a las autoridades. A la vez, los jefes y sus allegados se auto-asignan salarios estratosféricos que contrastan con los míseros salarios y la inestabilidad laboral que sufren la mayoría de profesores – por asignatura, temporales, honorarios, etc.— que sostienen la educación superior y de posgrado.
Mientras no se corrijan, al menos, estas dos situaciones, el conflicto en el CIDE y en cualquier otra universidad pública no se solucionará de fondo. Así, en las universidades se requieren gobiernos tripartitos que permitan empoderar a la comunidad, desterrando a las burocracias académicas para siempre de las instituciones de educación superior y media superior, así como acceso irrestricto a las instituciones públicas en estos niveles educativos. Algo similar tendría que hacerse con el Conacyt, cambiando su orientación productiva y ponerlo bajo el control de sus trabajadores (administrativos y académicos), para decidir una repartición justa y equitativa de los recursos.
