Todos los detenidos durante el desalojo fueron liberados pero aún resta resolver el pedido de prisión preventiva cursado por el fiscal.
Alrededor de la tomar del predio de 12 hectáreas en Villa Lugano se abrieron cuatro expedientes y líneas de investigación. Una por la organización de la toma y otra por un intento de desalojo previo; otra por tenencia de arma de guerra y se remitió a la Justicia Federal. Y una cuarta causa es por el incumplimiento del gobierno porteño de la ley de urbanización y saneamiento del lugar. De conjunto muestran que el objetivo no es ni la salvaguarda de la vida de los habitantes del predio de Lugano ni la lucha contra el narcotráfico, sino la criminalización de la pobreza.
Miércoles 27 de agosto de 2014
Luego del desalojo realizado con topadoras, arransado con las viviendas y pertenencias de los habitantes del lugar, y ordenado por la jueza Gabriela López Iñiguez, titular del juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, en el terreno no quedan más que enormes pilas de chapas, ladrillos y madera. En declaraciones destacadas por Infojus Noticias, López Iñíguez manifestó que el predio fue desalojado “sin incidentes, sin resistencia y sin heridos”. La jueza reconoció que “horas más tarde”, cuando se iniciaron las tareas de liberación del predio con actividad de maquinaria, “surgieron focos de resistencia ante el acercamiento de personas que no se encontraban en la toma al momento de concretarse el allanamiento”. Olvida resaltar el modo inhumano, vejatorio y represivo en que se desarrolló el desalojo. Sobre esto, el sacerdote Punturo confirmó a Infojus Noticias que los responsables del operativo “pegaron mucho”, sobre todo a “chicas jóvenes”. Contó que cuando intentó defender a un joven al que le estaban pegando, un policía de la Metropolitana lo atacó con su escudo. “Me caí al piso y cuando me levanté me pegó y me tumbó otra vez”. Escenas similares se dieron durante toda la mañana del sábado como ya hemos denunciado.
El propio Defensor del Pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, envió un comunicado donde manifestó su preocupación por la “situación de vulnerabilidad en la que quedaron las personas desalojadas” y aclaró que “éstas familias quedaron en situación de calle por una falta de previsión del Gobierno de la Ciudad” que no les brindó una solución habitacional definitiva. “Los paradores no son una solución”, afirmó a Infojus.
El fiscal Carlos Rolero, a cargo de la investigación sobre cómo se desarrolló la toma del predio, según datos aportados a Infojus Noticias, señaló que ahora corresponde a las autoridades de Desarrollo Social dar una solución habitacional a las familias que fueron desalojadas el sábado.
Causas para criminalizar la pobreza
El fiscal Carlos Rolero inició una causa por usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad. Es el cuarto expediente abierto en la Justicia porteña por hechos asociados a la toma, todas con distintos imputados y en distintas instancias procesales. En esta causa el fiscal pidió la detención de cinco hombres y una mujer, ante la falta de antecedentes recuperaron su libertad de manera inmediata. Se trata de Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento. Solo un hombre, Rubén Cerasolo, permaneció detenido tras la indagatoria, y acaba de ser liberado. Resta aun que en el juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, cuya titular es Gabriela López Iñíguez, quien tiene a su cargo el expediente penal por usurpación resuelva sobre el pedido de prisión preventiva de los habitantes del predio.
Ramiro Geber, abogado de los detenidos, señaló que "es una cuestión absolutamente política: basándose en el conflicto social que fundamentó el desalojo se está criminalizando la pobreza cuando hay otros despojos que nadie cuestiona, como los que hace la misma Ciudad al conceder 34 hectáreas del Parque Roca a una empresa privada, negando la posibilidad de usar ese espacio público para la construcción de viviendas”.
El juezVega además de disponer la libertad de las personas detenidas, se declaró incompetente para seguir la investigación. Este problema ya se había suscitado antes: la jueza López Iñiguez considera que si se producen nuevas detenciones, tras las distintas actuaciones en el predio, se debe abrir un nuevo expediente.
El primero de estos expedientes se inició en febrero y tramita ahora ante el juzgado de López Iñíguez por la organización de la toma; en esta causa hay ocho los imputados.
La segunda causa se inició en el mes de junio, cuando la Gendarmería intervino en un nuevo intento de desalojar a los vecinos que sostenían la toma y se investiga los delitos de usurpación y tenencia a de arma de fuego de uso civil. Y una tercera línea de investigación, por tenencia de arma de guerra, se remitió a la Justicia federal.
En otro expediente, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori trabaja sobre el incumplimiento de la ley de urbanización y saneamiento del predio. En nada ha avanzado esta causa puesto que los habitantes que se vieron obligados a tomar este predio siguen en la calle, a la intemperie, bajo la lluvia, con sus hijos y las pocas pertencias que pudieron recuperar luego de ser desalojados
