Durante todo este período el páis ha estado bajo un grave estado de sequía provocada en su mayoría por la explotación agropecuaria y minería.
Sábado 17 de julio de 2021
Desde el año 2011, hace ya una década, que se ha estado discutiendo y tramitando la reforma al Código de Aguas que fue iniciativa por diputados y diputadas de la ahora ex concertación y Chile Vamos. Recién en el año 2016 que fue aprobada por la cámara baja por lo que, luego de mucho tiempo, se espera que sea aprobada por la cámara del Senada en esta semana, luego de que lo aprobara la comisión de constitución.
La reforma establece el acceso al agua como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, priorizando su uso para consumo de las personas, actividades económicas de subsistencia, la protección de las fuentes de agua, los derechos y usos ancestrales, y sus usos en áreas protegidas. En última prioridad quedan las actividades económicas con fines de lucro, siempre y cuando no pongan en riesgo las funciones previas. Además, estableció la obligación de informar a la Dirección General de Aguas (DGA) “todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento”, cuyo incumplimiento será sancionado “con una multa a beneficio fiscal de segundo a tercer grado inclusive”.
Durante la década que se a estado tramitando esta reforma el país ha estado en estado de sequía. De hecho, este año a sido de los más secos en el último tiempo, lo cual a afectado a diversos residentes de sectores rurales como Petorca, donde incluso han habido casos de persecución a defensores y defensoras del agua.
Es importante considerar que las grandes empresas, como la minería que se encuentra bajo el poder transnacional, consuma más del 90 % del uso de agua sin tener alguna sanción significativa, dejando consecuencias medio ambientales que perjudican a la flora y fauna, además de traer consecuencias negativad para la salud de pobladores y trabajadores del sector.
