La comunera de Rodero Rosa González afirmó que funcionarios de Cultura, Vialidad, y Defensoría del Pueblo fueron a la comunidad pero no se reunieron con ellos. El lugar llamado Angosto de Corte Grande fue destruido sin consulta, ni consentimiento en junio cuando el Estado abrió camino. De importancia espiritual, también es un sitio arqueológico con arte rupestre de hace más de mil años.
Natalia Morales Diputada provincial PTS-FIT, Jujuy | @NatuchaMorales
Jueves 29 de julio de 2021 13:47
La denuncia fue realizada días después de que una máquina de Vialidad de la Provincia de Jujuy destruyera parte del lugar Angosto de Corte Grande los días 15, 16 y 17 de junio. La misma fue presentada por Rosa González, presidenta de la comunidad, donde mencionan la “destrucción de un lugar sagrado de la Comunidad, consistente en pictografías y petroglifos...de flora, fauna y rocas lajas a lo largo de 10 kilómetros en la Quebrada de Chilcayo, Río Grande” y la “apertura inconsulta de una huella de camino sobre las vías de ferrocarril”. También que “los hechos se llevaron adelante en nuestro territorio comunitario sin consulta, ni consentimiento de nuestra Asamblea Comunitaria”.
Luego de la repercusión mediática por la denuncia y videos que dan muestra del accionar y destrucción del sitio, funcionarios de la provincia de Jujuy se hicieron presentes en Rodero pero evitaron reunirse con quienes realizaron la denuncia, la comunidad y sus representantes.
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En el Acta 373/21 realizada el 6 de Julio en Rodero entre funcionarios y personas afines al gobierno provincial se afirma que “no hubo daño alguno en el sitio y que la traza de Vialidad ya existía hace más de 20 años, y que el trabajo que se realizó fue de mantenimiento”. También hace mención a que “los presentes dejan constancia de que tampoco se advierte señal alguna de destrucción y retiro de lajas y flora autóctona…” y que se “desconoce en este tramo la existencia de petroglifos....”
Si bien se hace mención a que se acuerda que la “Dirección de Patrimonio realizará las tareas e informe técnico correspondiente que permita constatar la existencia o inexistencia de daño del Patrimonio Arqueológico durante las tareas recientemente efectuadas”, la misma es totalmente tendenciosa contra los integrantes y representantes de la comunidad indígena de Rodero.
El acta está firmada por funcionarios del Gobierno de Jujuy presentes: el presidente de Vialidad Ing. Hugo Montaño, el Defensor del Pueblo, Javier De Bedia, la Directora Provincial de Patrimonio, Valentina Millón, el Coordinador de Gestión de Quebrada y Puna, Sebastian Passin, la Jueza de Paz, Fabiola Salas, además de la concejal y ex candidatas por Humahuaca, Noelia Quispe, Luisa Quiroga y el Comisionado Rural por Rodero, Juan Donato Calapeña, todos del Frente Cambia Jujuy.
Destrucción a la vista
Hace unas semanas fui invitada a la comunidad indígena de Rodero, en la quebrada de Humahuaca, y junto con integrantes de la misma, entre ellas su comunera Rosa González caminamos hasta el lugar que llaman “Angosto de Rodero”. En el mismo se pudo observar claramente la destrucción del sitio por una máquina de Vialidad de la Provincia de Jujuy que avanzó los días 16 y 17 de junio ensanchando y extendiendo un camino, que según las mujeres no tiene ningún uso para la comunidad, ni es necesario.
En el sitio predominan lajas, sobre las cuales se observan pinturas rupestres: unas llamas, un hombre, entre otras formas que se divisan. Según Rosa, muchos de los mismos se pueden haber perdido porque al extender el camino, se derrumbaron algunas partes, que quedan a la vista. También comenta que el lugar siempre se lo trató con mucho respeto y por eso no se transitaba el mismo, por eso al llegar pidieron permiso y agradecieron a la pacha mama.
La zona donde se encuentra el sitio sagrado es de pastoreo, donde existen caminos o huellas que llevan a uno u otro puesto, y se divisan algunas casas, aunque las centrales de la comunidad quedan para el otro lado del cerro y se llega por otro camino vehicular, como mencionaron las mujeres.
La denuncia de la comunidad en las redes sociales y algunos medios de comunicación permitió tener visibilidad sobre el daño realizado por el Estado provincial. Formalmente fue radicada en la Comisaría 15 y Concejo Deliberante de Humahuaca, Fiscalía de Estado, Vialidad de la Provincia y la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Jujuy, cuyos representantes o referentes, por la repercusión que hubo del hecho, se trasladaron días posteriores a la comunidad indigena. Sin embargo, no se reunieron con sus autoridades, ni con la comunidad, más bien con una concejal de Cambia Jujuy, entre otros referentes incluso de comunidades, ratificando que lo realizado no tiene ningún impacto social, cultural, ni arqueológico, como hemos dado cuenta.
El Estado avasalla derechos
Producto de la lucha histórica de los pueblos originarios, el Estado Argentino a través de la Ley 24.071 ha ratificado hace escasos 20 años el Convenio 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Convenio establece que los Pueblos Indígenas sean objeto de consulta en relación con todos los temas y problemáticas que los afectan. También promueve la participación activa, de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan. El artículo 6 hace hincapié que “la consulta a los Pueblos Indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas”.
Teniendo en cuenta la denuncia realizada por la comunidad indígena, queda más que evidente, que el accionar de parte de la institución no ha llevado adelante, para realizar las tareas en territorio indígena, los mecanismos establecidos por la legislación, entre ellas, de consentimiento, previo, libre e informado.
Además el Convenio establece en el Artículo 2 que los Estados “promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”;
En al Artículo 5 expresa que “deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”; y en el Artículo 7 manifiesta que “los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Patrimonio de la Humanidad
El territorio sagrado afectado, se encuentra también protegido por la UNESCO, ya que la comunidad de Rodero se encuentra dentro del territorio declarado en el año 2003 como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, Ley 25.480, afectando sitios arqueológicos de relevancia e importancia de valor incalculable.
Recientemente arqueólogxs especialistas que integran el Instituto de Datación y Arqueometría se reunieron con integrantes de la comunidad indígena de Rodero donde además de realizar un intercambio sobre la protección del patrimonio realizaron un registro de los grabados que aún se conservan para la elaboración de un Informe técnico que permita reiterar las denuncias a las autoridades en la materia.
Clarisa Otero, arqueóloga, investigadora del CONICET-InDyA quien estuvo en el lugar manifestó que el sitio arqueológico fue dañado y que en el mismo existen grabados sobre piedra de arte rupestre, cuyo patrimonio data de entre 1000 a 2000 años.
Desde las bancas del FIT-U venimos acompañando esta grave denuncia realizada por la comunidad indígena de Rodero. Afirmamos que no es el único hecho en la provincia, y que de manera constante el Estado, empresarios, multinacionales y terratenientes vulneran derechos de los pueblos originarios, como sucede en la puna, quebrada, en valles o el ramal, ante el avance de la megaminería, el agronegocio y el negocio inmobiliario que como venimos dando cuenta es política de Estado.
