El gobierno brasileño no pierde ni un segundo. En las últimas semanas avanzó el ajuste fiscal que favorece a los bancos y leyes a medida del agronegocio. Medidas que perjudican al pueblo trabajador, al medioambiente y a los pueblos originarios.
Miércoles 31 de mayo de 2023 12:05
Entre martes y miércoles de la semana pasada, la Cámara de Diputados de Brasil aprovó una ley de ajuste fiscal que le pone un techo al gasto social del Estado, a la vez que flexibiliza algunos mecanismos de manejo presupuestario. Esta ley es una actualización de uno de los principales ataques impuestos por el presidente golpista Michel Temer.
El corazón de este marco fiscal es el congelamiento del gasto social, que en su versión anterior solo podía ser actualizado por la inflación, mientras que en la nueva versión impulsada por el gobierno de Lula-Alckmin podrá tener algún aumento en caso de que haya crecimiento económico, pero proporcionalmente menor que ese crecimiento (un 70 %) y con un límite.
El objetivo de este marco legal es liberar fondos para el pago de la deuda pública, cuyos intereses carcome el erario del Estado brasileño, lo que explica el buen recibimiento en la principal asociación bancaria del país, la Federación Brasileña de Bancos (Febraban).
Esta ley fue articulada por el propio ministro de Economía de Lula, Fernando Haddad, con el presidente de la cámara baja Arthur Lira, un derechista que ejerce ese importante cargo desde la época de Jair Bolsonaro. El PT se disciplinó detrás de este marco fiscal neoliberal, y la CUT, dirigida por el PT y cuyo líder hoy integra el gobierno en el ministerio de Trabajo, no solo no lo peleó sino que lo presentó como una victoria del gobierno.
El PSOL, principal partido de la izquierda brasileña y que hoy es parte del gobierno, votó en contra de esta ley, pero no consideró que semejante ataque amerite romper con el gobierno, una actitud distinta de la que le dio origen por allá por los comienzos del primer mandato de Lula, cuando algunos diputados del PT se negaron a votar un ataque a las jubilaciones de los trabajadores estatales y fueron expulsados, formando el PSOL.
El mismo miércoles 24 de abril, la mayoría de los partidos que hoy son parte de la coalición en el gobierno apoyaron una ley que flexibiliza las herramientas que actualmente permiten el control del desmonte del bioma de la Mata Atlántica, hoy en peligro.
La ley es impulsada por un diputado bolsonarista, Sérgio Souza (MDB), líder de la bancada del agronegocio, el Frente Parlamentario Agropecuario. En sus propias palabras, "Él [Bolsonaro] ha defendido a nuestro sector, ayudando en momentos decisivos, como en la peor sequía de los últimos 90 años. El resultado es que estamos cosechando una zafra récord de 308.000 millones de toneladas de granos. (...) Por eso el agro tiene lado. El lado del bien. Distinto del lado del MST [Movimiento Sin Tierra], que nunca plantó nada. Y crea dificultades para el sector agrícola, con ataques en la cuestión ambiental".
Hay que resaltar que 34 diputados del PT, partido del presidente Lula, votaron a favor de esta ley que dará paso a la destrucción de la Mata Atlántica en favor del agronegocio. El PSOL tampoco considera que esto sea motivo para romper con el gobierno, incluso cuando los que festejan se regodean atacando al Movimiento Sin Tierra, hoy brutalmente atacado por el congreso brasileño, que impulsa una comisión parlamentaria de investigación en su contra.
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Para cerrar una semana de total ofensiva de los poderes económicos contra el pueblo trabajador y e medioambiente con la inestimable ayuda -cuando no con el impulso- de Lula y sus aliados en el gobierno, Diputados decidió pisar el acelerador y votó el carácter urgente de la ley que obstaculiza los reclamos de los pueblos originarios sobre sus tierras.
La ley pone un "marco temporal" a esos reclamos y prevé el fin de las demarcaciones, la anulación de las tierras indígenas y la regularización de la explotación predatoria y de la minería que se han cargado vidas indígenas, como en el caso del pueblo Yanomami que recientemente tuvo mucha repercusión en la prensa.
Gracias a la urgencia, la ley fue votada y aprobada este martes, con los votos del partido del vicepresidente Geraldo Alckmin (PSB) y otros partidos de la coalición de gobierno. El PT rompió la disciplina partidaria y dió libertad de acción a sus diputados. El PSOL, que aporta al gobierno ni más ni menos que la ministra de Pueblos Indígenas, sigue sin considerar una ruptura con el gobierno.
Estos ataques históricos a los pueblos originarios y al medio ambiente demuestran que la amplia coalición que armó Lula y el PT para su gobierno con aliados del agronegocio y otras bancadas reaccionarias solo sirve para fortalecer a la derecha.
Muestra además el rol pérfido del Congreso Nacional y otras instituciones como la policía racista, que reprime a los pueblos indígenas, a los negros, a las mujeres, o el Supremo Tribunal Federal, que junto a Lula viene dando lugar a privatizaciones y todo tipo de reformas antipopulares.
La clase trabajadora y el pueblo pobre de Brasil tienen planteado forjar la más amplia unidad, entre trabajadores del campo y de la ciudad, indígenas y todos los sectores explotados y oprimidos, de manera independiente del gobierno. Para dar pelea contra los ataques que buscan incrementar las ganancias de los empresarios y banqueros a costa del pueblo, como el techo de gastos, la reforma laboral precarizadora. Pelear por la expropiación de las mineras, por una reforma agraria radical que ataque directamente al latifundio que permita repartir la tierra entre los que la necesitan, expandir las áreas de protección ambiental y territorios indígenas.
