Brasil Crisis Política. Lula, el "Partido Judicial" y los impasses de la crisis política

- 1. Las manifestaciones de este domingo fueron menores a lo que se esperaba y de lo que fue informado por la Policía Militar y por la prensa, pero fueron capaces de cambiar la relación de fuerzas. Asestaron un duro golpe a Dilma, promovieron al "Partido Judicial" como árbitro de la crisis y expresaron que ésta alcanza al conjunto de la "política tradicional", es decir, no solo al gobierno sino también a los principales referentes de la oposición. La asunción de Lula como "superministro" para intentar salvar o dar sobrevida al gobierno, lejos de significar una atenuación de la crisis puede agravarla.

- 2. Ante la crisis económica internacional y sus repercusiones nacionales, con un país al borde de la depresión, todos los sectores dominantes tienen acuerdo en que los ataques implementados hasta ahora bajo el gobierno de Dilma son insuficientes para recomponer las tasas de ganancia y de inversión empresariales. La entrega de las reservas de petróleo de la zona martítima del Pre-sal negociada entre Dilma, el senador José Serra (PSDB) y el presidente del Senado Renan Calheiros (PMDB); privatización de Petrobras, recortes presupuestarios en las áreas sociales, aumento de tarifas públicas, devaluación salarial por la inflación, más de 1,5 millón de puestos de trabajo eliminados, reforma previsional. Todo esto que el actual gobierno está haciendo es insuficiente. Necesitan recortar más gastos sociales, privatizar más, terminar con las vacaciones remuneradas y el aguinaldo y entregar más recursos nacionales al capital financiero internacional (imperialismo).

- 3. La crisis económica y el desgaste de los partidos dominantes dificulta la implementación de más ataques y soluciones acordadas entre los actores tradicionales de la política. En este marco, el "Partido Judicial" emerge instrumentalizando la corrupción para "lavar" la imagen del sistema político y atribuir mayor legitimidad a los ataques a las condiciones de vida de las masas y a los recursos nacionales; así como arbitrar un desenlace de las disputas entre los distintos sectores dominantes que sea funcional a ese objetivo, sea con el gobierno actual o con un nuevo gobierno.

- 4. De un lado, el gobierno de Dilma intenta implementar la mayor cantidad de ataques que la relación de fuerzas le permita. Como el PT llegó al poder como un gobierno de colaboración de clases, y como Lula se hizo un presidente popular en base a un ciclo de crecimiento económico excepcional que permitió esa colaboración de clases, Dilma solo podría romper ese equilibrio por derecha. Esto es, enfrentándose cada vez más a las bases sociales que la llevaron al poder. Se agotó la "división de tareas" que estuvo vigente a lo largo de 2015, en la que Lula y el PT de los sindicatos y movimientos sociales criticaban las medidas reaccionarias de Dilma para impedir la explosión de luchas de resistencia y defender a su gobierno frente a los ataques de la derecha desde afuera, preservándose para las elecciones de 2016 y 2018. Esa división de tareas solo sería posible de mantener si la crisis económica no se agravase y si la combinación entre la acción del "Partido Judicial" y la acción del "Partido Mediático" no fuesen capaces de colocar a Dilma en jaque por derecha. Por más que los petistas justifiquen su asimilación de métodos corruptos, propios del capitalismo, contraponiendo el uso que hacen de esos métodos al uso de la derecha, el giro ajustador de Dilma debilita el culto al "mal menor", que no impide la desmoralización de las bases sociales del PT por el lodo de corrupción que necesitan tolerar.

- 5. De otro lado, el "Partido Judicial", el "Partido Mediático" y la oposición de derecha encabezada por el PSDB y los movimientos derechistas que surgieron en las redes sociales vienen actuando en común para crear una opinión pública favorable a la destitución de Dilma. Para algunos integrantes de este bloque, dicha campaña tiene como objetivo de hecho tirar abajo a Dilma y colocar en su lugar un gobierno más a la derecha. Para otros, esa solución, aunque no está descartada, podría ser "cambiada" por un gobierno de Dilma aun más de derecha de lo que es actualmente, debido a los riesgos que comporta. En este caso el objetivo sería desangrar el capital politico del PT como implementador de los ataques, inviabilizando a Lula como candidato en 2018. Las manifestaciones del domingo mostraron una fisura interna en esa gran "coalición" de derecha. Alckmin y Aécio fueron rechazados por manifestantes en la Avenida Paulista; las encuestas de Datafolha indicaron una reducción de 37% a 21% en la popularidad del PSDB entre los presentes en las manifestaciones por el impeachment entre marzo de 2015 y 2016; y el segundo principal referente del Movimiento Brasil Libre dijo que Aécio es un "pésimo opositor", que Alckmin es un "incompetente" y que si Michel Temer asumiese "seguiría la presión". Estos indicadores muestran que incluso las bases sociales de la derecha no creen que la corrupción sea un privilegio del PT, indicando las contradicciones para una salida que alcance solamente a ese partido y lo sustituya por una coalición entre los referentes más conocidos de la oposición.

- 6. Los petistas se ven frente a una difícil disyuntiva. Al asumir como "superministro", Lula puede incluso darle sobrevida al gobierno, que se ve por lo menos en lo inmediato recompuesto por el capital político del expresidente. Sin embargo, esta es una alternativa que tiene muchos riesgos y contradicciones. En primer lugar, puede llevar el país a una mayor polarización. Por más que la oposición de derecha pueda ver con buenos ojos que Lula queme su capital político más rápido como una especie de "primer ministro", las bases sociales de las manifestaciones del domingo se indignarán y seguirán siendo un actor tendiente a poner en jaque al gobierno por derecha. El "Partido Judicial" no podrá parar bajo el riesgo de desmoralizar a esa base social. El "Partido Mediático" gritará más fuerte junto a las redes sociales de derecha. En segundo Lugar, no está dado que Lula logrará implementar una nueva política económica algo menos ajustadora y con un poco más de estímulo sobre la economía, aún que para atraer la confianza del mercado financiero se proponga hacer alguna reforma neoliberal, con quita de derechos previsionales y laborales. Por mucho que su capital político sea mejor en relación al de Dilma, ¿será suficiente para mantener la mayor parte del PMDB en el gobierno? Conseguirá evitar el chantaje del capital financiero con fugas de capitales y de empresarios nativos y extranjeros negándose a invertir? Por otro lado, si Lula no "asumiese el poder", Dilma, imposibilitada de gobernar, podría verse de hecho obligada a renunciar. Lula preservaría su capital político para el futuro y el PT buscaría recomponerse como una oposición que fue víctima de un cerco de la derecha, pero al costo de dejar naufragar al gobierno de Dilma. Estos son los cálculos que hace Lula, lo contrario a lo que alardea toda la prensa de que el expresidente tendría un enorme miedo de ser preso por Sérgio Moro y estaría considerando asumir el ministerio para tener fuero privilegiado. Lula evalúa la posibilidad de ser preso como un "Mandela" con la frialdad de quien sabe que en el caso de que no puedan probar su involucramiento directo en La corrupción, terminarán transformándolo en un héroe que fue víctima de las injusticias de la derecha.

- 7. Los tucanos no están frente a disyuntivas más fáciles que los petistas. Si empujan el impeachment por crimen de irresponsabilidad administrativa en función del no cumplimiento de las metas fiscales votadas por el Congreso, a pesar de que tienen la ventaja de ganarse a Michel Temer y su ala dentro del PMDB como aliado, tiene como desventaja que destituirían a Dilma por un motivo que justificaría tirar a la mayoría de los gobiernos federales y estaduales del país en los últimos tiempos, poniendo en cuestión la legitimidad del proceso. Si elijen empujar la impugnación de la lista Dilma-Temer por el Tribunal Superior Electoral comprobando el financiamiento de la campaña presidencial de 2014, necesitan aun encontrar las pruebas y arrojan a Temer a los brazos de Dilma. En el caso de un gobierno Temer-PSDB, el "Partido Judicial" se podría desmoralizar de interrumpirse su accionar; y el PT de los sindicatos y de los movimientos sociales sería un incómodo opositor a la implementación de los ajustes para catapultar la candidatura de Lula u otro petista "limpio" en 2018. En el caso de una anulación de las elecciones de 2014 y una convocatoria a elecciones generales en 90 días, los tucanos corren el riesgo de perder contra demagogos populistas de todo tipo. A fin de cuentas, tienen sus propios escándalos de corrupción que cuidar, como el de las coimas de Aécio Neves en la estatal de distribución eléctrica Furnas, o en el robo de viandas escolares del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin. La alianza con el PMDB no les ayuda en ese sentido, ya que poca gente cree que Renan Calheiros, José Sarney y Michel Temer son modelos de honestidad. Sin hablar de las disputas no menos fratricidas entre Alckmin, Aécio y Serra por la candidatura presidencial del PSDB.

- 8. El "Partido Judicial" tampoco tiene alternativas fáciles. Si sigue actuando en forma parcial, atacando sobre todo al PT y protegiendo a la oposición, puede deslegitimarse ante la opinión pública. Por otro lado, si ataca a los dos lados para legitimarse e ir más hasta el final en la "limpieza" del sistema político el panorama puede empeorar. Hacer volar por los aires a los partidos y referentes públicos hoy dominantes para crear un nuevo sistema, como cuando en Italia se hizo la Operación Mani Pulite en los años 90, La crisis política y econômica se va a profundizar. En la operación Mani Pulite, el Partido Comunista Italiano (PCI), que siempre había sido un partido de oposición, no estaba en el centro de las denuncias judiciales, encabezó las investigaciones en el parlamento y como parte de ese proceso se transformó en un nuevo partido reformado que pasó a cumplir un papel clave en los gobiernos neoliberales posteriores. El poder del PCI junto con el movimiento obrero (a través de sus organizaciones sindicales) fue clave para que la "explosión" del sistema político anterior y la creación de un nuevo régimen generara consenso nacional. Esto permitió una nueva gobernabilidad. En el caso de Brasil, la contraposición entre el "Partido Judicial" y el PT en el centro de la operación Lava Jato impide que surja un gran "consenso nacional" por fuera de los partidos dominantes. Consecuentemente, dificulta la estabilidad de cualquier gobierno que surja de esa crisis. Las acusaciones a Aécio Neves en la misma denuncia premiada en la que Delcídio Amaral acusa a Dilma y Lula, ¿serían un indicio de que el "Partido Judicial" estaría dispuesto a atacar a ambos lados? ¿Indicaría eso un intento de ese partido de frenar las alas más "jacobinas" de la oposición para forzar un gran acuerdo, o significa que estaría dispuesto a ir más lejos en la creación de un nuevo sistema político con nuevos referentes?

- 9. Esa dificultad de los distintos actores es lo que abre un escenario de negociaciones de posibles pactos para colocar paños fríos en la crisis. Tal vez, lo que Lula esperaba para asumir el ministerio era una señal de sectores del "Partido Judicial" y de "aliados" que están saltado del barco (¿y por qué no de sectores de la oposición?) de que darían una "tregua" para que él intente gobernar. Como vimos más arriba, un pacto que, si existe, dará sobrevida al gobierno del PT pero que tendrá muchos riesgos y contradicciones para ambos lados. Si Lula cuenta con la suerte de vientos favorables en la economía, lo que no parece probable, podría resultar un mal negocio para la oposición. Si Lula enfrenta una situación más depresiva, resultará en un mal negocio para sí mismo, aun que habrá intentado "salvar el honor" de su partido. Otro pacto posible es el que se discute en el Senado de un cambio en la constitución para instituir un régimen semiparlamentario que le saque poderes a Dilma y los transfiera al Congreso. Salida que tampoco está exenta de riesgos y contradicciones, ya que 100 de los 513 diputados están involucrados en la operación Lava Jato y estaríamos hablando de que esta misma casta política implemente los ajustes con el PT de los sindicatos y movimientos sociales en la oposición.

- 10. La conclusión es que se configura en el país un escenario de impasse estratégico en el que ninguna de las fuerzas políticas es capaz de constituir un gobierno mínimamente estable. La ausencia de intervención del movimiento de masas como un actor independiente en la crisis plantea la posibilidad concreta de que surjan gobiernos más a la derecha. Sin embargo, esos gobiernos tendrán dificultad para estabilizarse para implementar los ajustes que necesita la burguesía. Estarán atravesados por crisis políticas y económicas de todo tipo. A pesar de esta dinámica a derecha de la situación, no parece que las clases dominantes podrán evitar la explosión de procesos de lucha de clases (como hoy se ve en Rio de Janeiro) e incluso a la intervención independiente de sectores de masas por fuera de la política de contención de la lucha de clases del PT (como vimos en los secundarios de San Pablo a fines del año pasado, en junio de 2013 y en distintas huelgas como las de los recolectores de residuos, choferes y trabajadores de la construcción civil en los últimos años.

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