La medida cautelar dictada este miércoles por el juez de la Suprema Corte brasileña, Marco Aurélio, ordena liberar a todos los presos que no tengan sentencia firme.
Miércoles 19 de diciembre de 2018 14:19
Un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil dictó este miércoles una medida cautelar que ordena la liberación de todos los presos condenados en segunda instancia hasta que las sentencias sean confirmadas por tribunales superiores, lo que pudiera llevar a la excarcelación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión del juez Marco Aurélio Mello se apoya en un artículo de la Constitución, según el cual una pena de prisión sólo se puede comenzar a ejecutar una vez que se cumpla lo que en Brasil se conoce como "tránsito en juzgado", que supone el fin de todo el proceso de apelaciones.
En el caso de Lula, en prisión desde el pasado abril tras haber sido condenado por corrupción a doce años en segunda instancia, aún restan dos apelaciones a tribunales superiores, por lo que la medida anunciada por el juez Mello pudiera beneficiarle, igual que a otros políticos presos por asuntos de corrupción.
¿Qué puede pasar?
El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo este miércoles que va a pedir su liberación a la a la Justicia Federal en Paraná. El caso de Lula se encuentra en el Tribunal federal de Curitiba que es quién debe decidir si lo libera o no. Hasta las 15 horas el Tribunal regional informó que no había recibido comunicación sobre la decisión del STF. Es decir que la jueza de Curitiba, Carolina Lebbos, no definirá nada sobre la libertad de Lula hasta que sea notificada, aunque la defensa del expresidente interponga el pedido.
Si el comunicado no llega al tribunal de Curitiba hasta las 19h de este miércoles, la decisión seguirá en manos del juez de turno, ya que este jueves 20 comienza en Brasil la feria judicial.
Aún así la cúpula del PT evalúa la posibilidad de que el presidente del STF, Dias Toffoli, suspenda los efectos de la medida cautelar de Aurélio. Es posible que el Ministerio Público Federal recurra la medida de Marco Aurélio y Toffoli lo utilice para suspender sus efectos, manteniendo a Lula en prisión, y dejando la definición para el año que viene, que es cuando originalmente se iba a tratar el caso.
La posición mayoritaria del pleno del STF seguiría siendo la de que una persona puede ser apresada a partir de una condena en segundo grado, como es el caso de Lula. De hecho los jueces del Supremo le negaron a Lula un habeas corpus antes se su encarcelamiento, por 6 votos contra 5, lo que le quitó al expresidente no solo la la libertad sino la posibilidad de presentarse a las elecciones, lo que terminó allanando el camino para el triunfo del ultraderechista Bolsonaro.
Ahora, sin embargo, Marco Aurélio entiende que la posición mayoritaria sería a favor de esta medida cautelar (y de la libertad de Lula), ya que uno de los jueces, Gilmar Mendes habría cambiado su voto a favor de que la libertad de los presos condenados en segunda instancia, y que la jueza Rosa Weber, estaba a favor pero había votado contra el habeas corpus a Lula por cuestiones corporativas de Poder Judicial.
La ilegalidad y arbitrariedad de la corporación judicial
La ejecución anticipada de la pena es uno de los pilares de la operación Lava Jato, que hace uso de ella para extraer delaciones de empresarios y políticos corruptos, pero que luego son premiados con su libertad, para avanzar sobre un objetivo político y económico mayor. Se trata de un mecanismo que no combate en nada la corrupción, sino que sustituye un esquema de corrupción por otro.
La careta del "combate a la corrupción" del juez Sergio Moro (responsable de Lava Jato), cayó por completo cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro. Fue el premio que le dio el ultraderechista por la actuación parcial y arbitraria del poder judicial contra la candidatura de Lula. De hecho Moro, que había dicho que la financiación ilegal de las campañas políticas era peor que la corrupción, parece haber desistido de esas "convicciones" para integrarse a un ministerio compuesto por Onyx Lorenzoni, que ya asumió haber recibido más de 100 mil reales no declarados de parte del frigorífico JBS, y está siendo acusado por otras coimas, sin hablar del propio Bolsonaro, que recibió 200 mil reales de JBS cuando era candidato a diputado por el PP.
Aunque parece poco probable, el hecho de que se hable de la posible libertad para Lula, considerando los argumentos de inconstituciuonalidad expresados por Marco Aurélio, no hacen más que dejar al desnudo la arbitrariedad con la que actuó el Poder Judicial, en contra del líder del PT y a favor la candidatura de Bolsonaro, en común acuerdo con el estáblishment, la cúpula de las Fuerzas Armadas, los medios y los mercados.
