El gobierno declaró luto nacional de tres días por las muertes registradas a causa del terremoto que ya suman 88, con 71 en Oaxaca, 12 en Chiapas y 4 en Tabasco.
Sandra Romero México | @tklibera
Domingo 10 de septiembre de 2017
Los trabajadores y sectores populares sufren con mayor fuerza las consecuencias de los fenómenos naturales, la corrupción gubernamental y el desprecio por las condiciones de vida de millones de personas. Esto no tiene nada de natural, por ello es una ironía la declaración de luto nacional ante las muertes del terremoto, cuando los mexicanos estamos en duelo desde el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El presidente estuvo en Oaxaca un día antes del terremoto, en un Centro Cultural y de Convenciones nuevo y blindado por un millar de efectivos que reprimieron brutalmente al magisterio y a la población que acudió en su repudio. Que Peña ponga un pie en uno de los estados más activos contra la reforma educativa, fue una provocación y una imposición de su relación de fuerzas en un acto con Alejandro Murat y la clase empresarial.
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A su partida por aire, dejó decenas de heridos y uno de los cohetones lanzados al cielo, golpeó parte de la cabina del helicóptero en que viajaban reporteros que cubren la gira presidencial; horas más tarde el gobierno enviaba sendas condenas en busca de la criminalización del magisterio.
La emergencia por el terremoto en Chiapas y Oaxaca obligó al gobierno a cambiar su discurso y ahora declarar este luto nacional, al mismo tiempo que el gobernador Alejandro Murat anunció que se suspenderán las celebraciones por la independencia a causa del desastre.
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Este luto es parte de la doble moral oficial, pues en el gabinete presidencial es constante la indolencia por las ejecuciones y muertes violentas de distinta índole.
El 1 de diciembre de 2012, en la toma de protesta de Peña, miles de personas rodearon el Palacio Legislativo, cercado por policías, militares y el estado mayor presidencial, mientras miles más intentaban sin éxito rebasar los bloqueos de granaderos que impedían el paso en varios puntos de la ciudad. Hubo al menos 30 heridos, el más grave fue el activista y director teatral Francisco Kuykendall, impactado en el cráneo por un proyectil de la policía federal, que quedaría impune, mientras él moriría en un hospital dos años después.
Hacia la recta final del gobierno priista la violencia se extiende y hay estados donde incluso se pueden contar las pérdidas por número de habitantes dadas las altas cifras.
Las muertes entre la población son responsabilidad de la policía, del Ejército, los grupos del narcotráfico y la delincuencia organizada, que en la mayoría de los casos involucran autoridades.
La tragedia causada y tolerada por el gobierno ha causado 100.000 ejecuciones de diciembre de 2012 al primer trimestre de 2017, al menos 30 mil desaparecidos y un millón de desplazados. En tanto, Peña Nieto hace lo mismo que Felipe Calderón, disfrazar las cifras y sus causas, difundir todo como parte de un enfrentamiento o combate al "crimen organizado". Así pretende diluir los asesinatos y ejecuciones políticas contra comunicadores, luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que organizaciones sociales y periodistas se han encargado de investigar y contabilizar.
Los mexicanos no necesitamos un luto nacional, sino que acabe la barbarie propiciada por los últimos gobiernos priistas y panistas en su paso durante la imposición de las reformas estructurales.
